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Octubre deja en la Comunitat más de un tercio de los contagios totales

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Octubre se ha convertido en el peor mes en cuanto al número de contagios en la Comunitat Valenciana desde el inicio de la pandemia. La conselleria de Sanitat ha registrado 22.335 nuevos casos, lo que supone más de un tercio del total, que se sitúa en 63.073. El mes pasado la Comunitat batió sus récords en el número de contagios y en el de brotes en un día. También se ha multiplicado la tasa de incidencia acumulada y el porcentaje de casos activos.

Los contagios se han disparado en la última quincena del mes. Si en los primeros quince días de octubre se notificaron casi 7.000 nuevos casos, la cifra se ha multiplicado por más de dos en el segunda quincena: 15.403. La última semana de octubre ha sido especialmente dura. El día 24 se registró el número más alto de contagios desde el inicio de la pandemia, 1.690, y la media superó los 1.000 casos diarios.

La provincia de Valencia ha sido la más afectada por este incremento, lógico si se tiene en cuenta su peso poblacional. Ha registrado más de la mitad de los casos totales en la Comunitat (11.653), con especial incidencia en la ciudad de València.

Afortunadamente, la cifra de fallecimientos no ha seguido la misma progresión que la de contagios diarios. En octubre han muerto 181 personas, 47 más que en septiembre. El peor día fue el 27, con 19 decesos.

Destaca también la cantidad de nuevos brotes notificados por conselleria, 865, y que dos tercios de ellos corresponden a la segunda quincena del mes. Sólo en un día, el pasado viernes 30, se registraron 88, nuevamente récord desde el inicio de la pandemia. Más de un 70% de esos brotes tienen un origen social, un 20% se producen en el trabajo y sólo un 8’1 % proceden del ámbito educativo.

Todas estas cifras se han reflejado en la incidencia acumulada, los casos por cada cien mil habitantes de los últimos 14 días. La Comunitat comenzó el mes con 103 casos y ahora está en 231,47. A pesar de doblar su tasa de incidencia, esta aún es la más baja de todas la comunidades exceptuando los dos archipiélagos.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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