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VÍDEO| Okupa presume en redes sociales tras tomar un chalé de lujo en la costa de Menorca

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Okupa Menorca chalé lujo

Una familia de okupas toma posesión de un chalé de lujo con vistas al mar en la costa de Menorca y lo presume en redes sociales.

La mujer okupa, que se ha instalado en el chalé junto a su familia, presenta el vídeo que ha grabado con estas palabras: «Hoy os voy a enseñar el chalé que he okupado, nuevo y a estrenar». El chalé se encuentra en la exclusiva urbanización de Coves Noves, en el norte de Menorca.

En su house tour, la mujer okupa ha decidido compartir con sus amistades todos los detalles de su nueva morada, mientras que el propietario del chalé ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

La okupa muestra orgullosa las diversas estancias del chalé, que «acaba de estrenar» y que cuenta con tres cuartos de baño, cuatro dormitorios y una moderna cocina, entre otras dependencias. También destaca los grandes ventanales con vistas al mar y los suelos de parqué.

VÍDEO| Okupa presume en redes sociales tras tomar un chalé de lujo en la costa de Menorca

 

En España, la ocupación de viviendas es un problema complejo que involucra varias leyes y procedimientos legales. La respuesta de la ley depende en gran medida de si la vivienda ocupada es la residencia habitual del propietario o una segunda vivienda. Aquí hay un resumen de cómo actúa la ley en estos casos:

1. Residencia Habitual:

  • Desalojo Rápido: Si la vivienda ocupada es la residencia habitual del propietario o de alguien que la usa regularmente (incluso si está vacía durante unas vacaciones, por ejemplo), la policía puede desalojar a los okupas de manera inmediata sin necesidad de una orden judicial.
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Artículo 202): La ocupación de la vivienda habitual del propietario puede considerarse un allanamiento de morada, un delito penal que puede conllevar penas de prisión.

2. Segundas Viviendas o Propiedades Desocupadas:

  • Procedimiento Judicial: Para las segundas viviendas o propiedades desocupadas, el desalojo suele requerir un proceso judicial. El propietario debe presentar una denuncia, y el juez debe ordenar el desalojo.
  • Ley de Enjuiciamiento Civil (Juicio Verbal de Desahucio por Precario): Este procedimiento judicial permite a los propietarios solicitar el desalojo de okupas, aunque el proceso puede ser largo, a menudo tomando varios meses.
  • Reforma de 2018: Se introdujo un procedimiento acelerado para desalojar a los okupas, permitiendo a los propietarios y entidades públicas solicitar un desalojo rápido en casos de ocupación ilegal.

3. Medidas Penales y Administrativas:

  • Multas y Penas de Prisión: Además de la posible pena de prisión por allanamiento de morada, los okupas pueden enfrentarse a multas. En algunos casos, si se demuestra que hay daños a la propiedad o comportamientos ilícitos adicionales, las penas pueden ser más severas.
  • Responsabilidad del Propietario: A veces, los propietarios también pueden enfrentar sanciones si no aseguran adecuadamente sus propiedades, aunque esto es menos común.

4. Protección de los Derechos de los Ocupantes:

  • Diferencias entre Ocupas y Personas Vulnerables: La ley hace distinciones entre okupas que ocupan ilegalmente propiedades por lucro o por necesidad y personas en situación de vulnerabilidad. Las segundas pueden recibir una consideración diferente en los tribunales, especialmente si hay menores o personas dependientes involucradas.
  • Intervención de Servicios Sociales: En algunos casos, los servicios sociales pueden intervenir para proporcionar asistencia a las personas vulnerables ocupantes, buscando soluciones habitacionales alternativas.

5. Procedimientos Preventivos:

  • Seguridad Privada: Algunos propietarios optan por contratar seguridad privada para vigilar sus propiedades y evitar ocupaciones.
  • Medidas Cautelares: Los tribunales pueden imponer medidas cautelares para proteger las propiedades en riesgo de ser ocupadas.

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Sánchez admite cobros en efectivo de menos de 1.000 € pero niega financiación ilegal

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Pedro Sánchez-EUROPA PRESS

En una sesión muy tensa de la comisión de investigación del Senado sobre el Caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que en su etapa como secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pudo recibir en “alguna ocasión” pagos en efectivo para “liquidar gastos”, pero insistió en que nunca superaron los 1.000 euros por operación y siempre se realizaron contra justificante o factura.

El mandatario subrayó que dichos pagos fueron “anecdóticos” y rechazó de forma rotunda la existencia de financiación ilegal en su partido. “En el PSOE no existen sobresueldos”, afirmó con contundencia, y defendió que las fuentes de financiación del partido son “legales” y trazables.


Detalles de la admisión y matices

Sánchez explicó que esos pagos en metálico se realizaron cuando ejercía como secretario general del PSOE, bajo el procedimiento habitual del partido: solicitud de gasto, factura o justificante, y rembolso.

“Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura”, declaró el presidente.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no precisó la cuantía total de los pagos que ha recibido. “Sobre cifras no le puedo responder en concreto porque fueron anecdóticos”, dijo ante la senadora de UPN, María del Mar Caballero.

A preguntas del senador de Vox, Ángel Pelayo, respecto al límite máximo legal para pagos en efectivo (1.000 euros), Sánchez respondió que esos pagos “en ningún caso” lo superaron.


Negación de financiación ilegal y críticas a la comisión

Sánchez utilizó buena parte de su intervención para rechazar las insinuaciones de la oposición y para cuestionar las motivaciones de la comisión investigadora. Calificó la sesión de “comisión de difamación” y llegó a afirmar que “esto es un circo”, lo que provocó reproches del presidente de la comisión del Senado, Eloy Suárez, y de otros grupos parlamentarios.

Además, defendió la “trazabilidad” de las cuentas del PSOE, señalando que tanto él como su partido han actuado con transparencia frente a los hechos que investigan los tribunales, mencionando que su Gobierno, junto al de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los “más limpios y honestos de la historia de la democracia”.


Interrogatorios, evasivas y asuntos pendientes

La sesión, que comenzó a las 9:00 h en la Sala Clara Campoamor del Senado, se prolongó más de cinco horas con interrogatorios por parte de numerosos grupos parlamentarios (excepto el PNV).

Durante el interrogatorio, Sánchez respondió en múltiples ocasiones con expresiones como “no me consta” o “no tengo constancia” cuando se le preguntó sobre detalles específicos relacionados con la trama, como los pagos realizados por el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García o el rescate de la aerolínea Air Europa.

En concreto:

  • Negó que su mujer, Begoña Gómez, tuviera vinculación alguna con el rescate de Air Europa, afirmando que los informes de la unidad de la Guardia Civil descartaban su implicación.

  • Sobre el cese de Ábalos en 2021, aseguró que no fue motivado por los escándalos investigados, sino por una necesidad de renovación del Gobierno tras la pandemia y la desescalada.

  • Finalmente, cuando el senador del PP, Alejo Miranda, le retó a un careo con Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, Sánchez rehusó contestar directamente.


Implicaciones políticas y próximas etapas

Esta comparecencia de Sánchez marca un momento clave en el desarrollo del Caso Koldo. Sus declaraciones tienen varias implicaciones:

  • Reactiva el debate público sobre la financiación de partidos y el uso de efectivo en las formaciones políticas.

  • Pone foco en la credibilidad del presidente del Gobierno, que ha admitido cobros en metálico pese a los límites legales, aunque lo ha hecho dentro de la legalidad según su versión.

  • Agrava el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición (PP, Vox, UPN) que busca que esta sesión derive en responsabilidades políticas o judiciales.

  • Refuerza la presión para que se faciliten documentos, se aclaren pagos en metálico vinculados al PSOE y se depuren responsabilidades en el interior del partido.

La comisión sigue abierta y todavía quedan por comparecer más testigos y cargos vinculados al caso. El Ejecutivo y el PSOE habrán de hacer frente a nuevas interpelaciones, mientras la oposición insiste en que esta sesión ha sido sólo el primer paso para revelar lo que consideran una “financiación irregular” del partido.

 

Una cita histórica en el Senado

La sesión comenzará a las 9:00 horas y se espera que se prolongue durante más de seis horas. Sánchez deberá responder ante los senadores sobre los contratos, licencias y operaciones del Gobierno presuntamente relacionadas con la intermediación de Koldo García, exasesor de Ábalos y una de las figuras centrales del caso.

La comparecencia, solicitada por el Partido Popular, llega en un momento político especialmente tenso para el Ejecutivo, marcado por el desgaste de su pacto con Junts, las sospechas de financiación ilegal en el PSOE y la presión creciente de la oposición.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado un interrogatorio directo y sin concesiones. “¿Piensa decir la verdad o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?”, ironizó el dirigente gallego en la víspera de la cita.

Sánchez rompe el silencio dos años después

El presidente no comparecía en el Senado desde marzo de 2024, y lo hace ahora obligado por la normativa parlamentaria, que establece que debe asistir al menos una vez al mes al pleno de la Cámara Alta desde el inicio del curso político.

Para esta sesión, Sánchez contará con el respaldo de su equipo más cercano: el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; y el director de Asuntos Institucionales, Iván García Yustos.

La comparecencia tendrá lugar en la misma sala en la que ya declararon José Luis Ábalos y Koldo García, piezas clave del caso que investiga la presunta adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia.

Una comisión marcada por el caso Koldo y la sombra de la corrupción

La de Sánchez será la segunda comparecencia de un presidente del Gobierno en una comisión de investigación en democracia —la primera fue la de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 por los atentados del 11M—, aunque en este caso con un matiz inédito: es la primera vez que un presidente acude para rendir cuentas por un caso de corrupción que afecta a su propio partido.

La investigación judicial apunta a la posible existencia de una “caja B” en el PSOE y a movimientos económicos vinculados a antiguos dirigentes. El exgerente del partido, Mariano Moreno Pavón, ha implicado en sus declaraciones a varios cargos, mientras que Santos Cerdán, exsecretario de Organización, continúa en prisión preventiva en Soto del Real.

Moncloa busca rebajar la tensión antes del interrogatorio

En la víspera de su comparecencia, Moncloa ha intentado reducir el ruido político. Durante la Sesión de Control celebrada este martes en el Congreso, marcada por su brevedad debido al funeral de Estado por las víctimas de la DANA, Sánchez evitó entrar al choque con la oposición.

El presidente centró su discurso en un tono institucional, recordando a las víctimas y elogiando la unidad mostrada durante el homenaje en València. Fuentes del Gobierno explican que el objetivo es mantener la calma y proyectar una imagen de responsabilidad antes de un interrogatorio que se prevé bronco.

Un examen político y moral

La cita de este miércoles no solo pondrá a prueba la capacidad dialéctica de Pedro Sánchez, sino también su credibilidad política y su liderazgo dentro del PSOE. En un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones y de erosión interna en el partido, el presidente buscará exhibir firmeza, transparencia y control frente a los ataques de la oposición.

Mientras tanto, desde el Partido Popular se insiste en que esta comparecencia debe servir para “arrojar luz” sobre la gestión de los fondos públicos durante la pandemia y sobre la supuesta red de comisiones ilegales.

Sea cual sea el resultado, lo cierto es que la sesión de este miércoles quedará registrada como un momento inédito en la historia reciente de la democracia española: el día en que un presidente del Gobierno compareció ante el Senado para responder por un caso de corrupción que golpea directamente a su propio partido.

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