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Oltra: «El Consell adoptará medidas en función de evolución y dictamen del TSJ»

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EFE

València, 11 ago (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado este miércoles que las restricciones ante la pandemia que acordará el Gobierno valenciano a finales de esta semana irán en función de los informes técnicos sobre la evolución de la covid y de lo que dictamine el Tribunal Superior de Justicia valenciano respecto al toque de queda y limitación de reunión.

Oltra ha manifestado que en la Interdepartamental que se reunirá este sábado se verán cuáles son los datos de los técnicos sobre la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana y a partir de ahí se adoptarán las medidas.

La propuesta de restricciones también incluirá lo que dictamine el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en lo que afecta a los derechos fundamentales, cuya limitación debe autorizar la justicia.

La vicepresidenta ha señalado que están bajando los contagios en la Comunitat pero aún existe presión en el sistema sanitario, con el doble de hospitalizaciones y de camas UCI ocupadas por pacientes con covid que hace un mes y medio, y a ello se añaden las vacaciones del personal sanitario, que «también tienen derecho a tener», ha comentado.

Además, la presión hospitalaria también ha aumentado por la presencia de turistas de otras comunidades y, por tanto, hay más población que atender.

Sobre si las medidas que se tomen incluirán el periodo de Fallas, ha concretado que las restricciones que se adopten estarán vigentes hasta el 6 de septiembre, si bien dependiendo de la evolución de la pandemia, se podrían cambiar antes e ir a medidas «más protectoras o más relajadas».

Respecto al ocio nocturno, ha afirmado que el descenso de los contagios se debe a muchos factores, entre ellos la socialización, y son los espacios de más socializacion los «más vulnerables» a que haya contagios.

«No se trata de estigmatizar a nadie -ha dicho-, los virus necesitan un huésped para poder seguir replicándose y ya conocemos el virus: uno solo en una habitación no se contagia, pero con mucha gente junta en una habitación puede haber contagios».

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el presidente de la Unión Gremial, Juan Montilla, para estudiar la colaboración de los comercios de la Comunitat Valenciana con los Puntos Violeta contra la violencia machista.

Las restricciones vigentes en la Comunitat Valenciana comprenden el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana en 77 municipios y la limitación a un máximo de 10 personas las que se pueden reunir en domicilios y en espacios de uso privado y de uso público, tanto en interiores como al aire libre.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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