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Oltra lamenta la inversión de 3,6 millones al transporte de València: «Igual nos da para cambiar una rueda y poco más»

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VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) – La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha lamentado la financiación estatal neta de 3,6 millones de euros con la que finalmente contará el transporte metropolitano de València, una cantidad «más insuficiente todavía» que los diez millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

«Cuando lo vayan a ejecutar, igual nos da para cambiar una rueda de un tren y poco mas», ha manifestado en la rueda de prensa tras el pleno semanal del Gobierno valenciano, preguntada por la aportación neta del Gobierno a la Autoridad de Transporte Metropolitana de València (ATMV).

La responsable autonómica del ramo, Mª José Salvador, presidió la primera reunión del organismo este pasado jueves y destacó que el transporte de València no contará con una financiación estatal suplementaria de diez millones, sino una cantidad adicional neta de 3.678.214,47 euros respecto a lo que ya recibían algunos ayuntamientos mediante las haciendas locales.

Oltra, aunque ha precisado que no tiene constancia de que la partida no haya quedado igual que tras la votación de la Ley de Presupuestos en el Congreso, ha subrayado que la «única explicación» que encuentra es que se haya bajado su aportación durante su trámite en el Senado.

En cualquier caso, ha insistido en que «si diez millones ya era insuficiente, 3,5 es más insuficiente todavía», ya que ha recordado que el Consell estima que la inversión que necesita València y su entorno son 38 millones de euros, para que no siga «discriminada» frente a otras ciudades.

«Todo lo que baja de eso lo coges, porque encima no vas a decir que no, pero te dan ganas de decir ‘apuntalo en la pared’, porque parece un poco humillante», ha aseverado, para remachar: «A ver si a la próxima… y así llevamos un siglo».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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