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Oltra lamenta la inversión de 3,6 millones al transporte de València: «Igual nos da para cambiar una rueda y poco más»

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VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) – La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha lamentado la financiación estatal neta de 3,6 millones de euros con la que finalmente contará el transporte metropolitano de València, una cantidad «más insuficiente todavía» que los diez millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

«Cuando lo vayan a ejecutar, igual nos da para cambiar una rueda de un tren y poco mas», ha manifestado en la rueda de prensa tras el pleno semanal del Gobierno valenciano, preguntada por la aportación neta del Gobierno a la Autoridad de Transporte Metropolitana de València (ATMV).

La responsable autonómica del ramo, Mª José Salvador, presidió la primera reunión del organismo este pasado jueves y destacó que el transporte de València no contará con una financiación estatal suplementaria de diez millones, sino una cantidad adicional neta de 3.678.214,47 euros respecto a lo que ya recibían algunos ayuntamientos mediante las haciendas locales.

Oltra, aunque ha precisado que no tiene constancia de que la partida no haya quedado igual que tras la votación de la Ley de Presupuestos en el Congreso, ha subrayado que la «única explicación» que encuentra es que se haya bajado su aportación durante su trámite en el Senado.

En cualquier caso, ha insistido en que «si diez millones ya era insuficiente, 3,5 es más insuficiente todavía», ya que ha recordado que el Consell estima que la inversión que necesita València y su entorno son 38 millones de euros, para que no siga «discriminada» frente a otras ciudades.

«Todo lo que baja de eso lo coges, porque encima no vas a decir que no, pero te dan ganas de decir ‘apuntalo en la pared’, porque parece un poco humillante», ha aseverado, para remachar: «A ver si a la próxima… y así llevamos un siglo».

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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