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Oltra, tras el plante a un diputado de Compromís por no hablar castellano: «Siempre se puede aprender»

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VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) – La vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha reconocido que hay que «tener en cuenta» el plante de empresarios españoles a un diputado de Compromís por negarse a hablar en castellano en un congreso, en el caso de que hubiera «una gestión de las diversidades que no se acabó de entender». «Lo relevante es exportar buenas prácticas», ha zanjado.

Este miércoles, empresarios de varias comunidades autónomas se marcharon de una mesa de debate en el Congreso de Áreas Empresariales de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval) al negarse el diputado de Compromís Josep Nadal a hablar en castellano durante su intervención.

Oltra ha hecho hincapié, a preguntas de los periodistas, en que «lo relevante de esa reunión era precisamente de lo que se estaba hablando: la atracción de inversiones». Ha remarcado que desconoce «exactamente qué pasó» y que ha leído los titulares en la prensa sin profundizar en el tema.

«En cualquier caso, lo relevante es que podamos exportar buenas prácticas y que venga gente de toda España», ha defendido, destacando el «buen trabajo» de la Conselleria de Economía Sostenible –de Rafa Climent, también de Compromís– en materia de inversiones.

Con este ejemplo, Oltra ha sostenido que «siempre se puede aprender» desde una conselleria como la suya (Igualdad y Políticas Inclusivas) donde «la diversidad y el respeto a la diversidad es importante». «Siempre se puede mejorar», ha aseverado.

Ha insistido, en esta línea, que «lo fundamental es que venga gente de toda España a ver cómo la Generalitat está facilitando a los empresarios que puedan instalarse con la mayor comodidad, menos burocracia y en menos tiempo», con la Comunitat Valenciana como «referente» y una respuesta «ágil» de la administración.

Por contra, Oltra ha lamentado que las empresas queden «atrapadas en la maraña administrativa que muchas veces hace alejar inversiones que generan riqueza, empleo y bienestar para todos». «Ese es el tema fundamental», ha remachado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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