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Pablo Iglesias e Irene Montero preguntarán a las bases si deben dimitir

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Horas después de que saltase la polémica por la compra de un chalé de más de 600.000 euros por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, ambos políticos han dado una rueda de prensa conjunta para informar de que van a consultar a las bases si deben continuar o no en la secretaría general y la portavocía respectivamente. La respuesta será sí o no e implicará también dejar el acta como diputado/diputada. «Si nos dicen que hemos de dimitir, dimitiremos».

Pablo Iglesias e Irene Montero preguntarán a las bases de su partido si creen que deben seguir en sus cargos o si por el contrario deben dimitir, después de conocerse que compraron una casa con una hipoteca de 540.00 euros.

En una rueda de prensa los  dos políticos han defendido la «coherencia» del ideario de Podemos con la adquisición del debate, pero ante el debate público generado han apostado por trasladar la pregunta a la militancia.

«¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y de la Portavocía parlamentaria de Podemos?», preguntarán a las bases del partido, que deberán de responder si siguen o si deben dimitir.

«Les toca a ellos decidir si somos dignos de seguir», ha dicho Pablo Iglesias, que ha añadido: «Si nos dicen que hemos de dimitir, dimitiremos». Antes de la rueda de prensa, Podemos había enviado a sus inscritos un correo electrónico en el que denuncia una campaña de «acoso y destrucción reputacional» a raíz de las informaciones sobre la compra del chalet.

«No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que hemos hecho a Irene Montero y a Pablo iglesias y el siguiente puedes ser tú», señala en forma irónica el mensaje titulado «No te metas en política, primer aviso».

La decisión de Iglesias y Montero, que en otoño serán padres de mellizos, se produce después de que se hiciera pública la compra de una casa unifamiliar en la sierra norte de Madrid y la hipoteca de 540.000 euros que habían solicitado al 50% para pagarla. La difusión de esta noticia, acompañada de los fotos internas y externas de la vivienda, dio paso a un gran debate, plagado de críticas, en los medios y en la calle sobre si era coherente con sus planteamientos políticos la decisión adoptada.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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