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Pablo Iglesias e Irene Montero preguntarán a las bases si deben dimitir

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Horas después de que saltase la polémica por la compra de un chalé de más de 600.000 euros por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, ambos políticos han dado una rueda de prensa conjunta para informar de que van a consultar a las bases si deben continuar o no en la secretaría general y la portavocía respectivamente. La respuesta será sí o no e implicará también dejar el acta como diputado/diputada. «Si nos dicen que hemos de dimitir, dimitiremos».

Pablo Iglesias e Irene Montero preguntarán a las bases de su partido si creen que deben seguir en sus cargos o si por el contrario deben dimitir, después de conocerse que compraron una casa con una hipoteca de 540.00 euros.

En una rueda de prensa los  dos políticos han defendido la «coherencia» del ideario de Podemos con la adquisición del debate, pero ante el debate público generado han apostado por trasladar la pregunta a la militancia.

«¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y de la Portavocía parlamentaria de Podemos?», preguntarán a las bases del partido, que deberán de responder si siguen o si deben dimitir.

«Les toca a ellos decidir si somos dignos de seguir», ha dicho Pablo Iglesias, que ha añadido: «Si nos dicen que hemos de dimitir, dimitiremos». Antes de la rueda de prensa, Podemos había enviado a sus inscritos un correo electrónico en el que denuncia una campaña de «acoso y destrucción reputacional» a raíz de las informaciones sobre la compra del chalet.

«No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que hemos hecho a Irene Montero y a Pablo iglesias y el siguiente puedes ser tú», señala en forma irónica el mensaje titulado «No te metas en política, primer aviso».

La decisión de Iglesias y Montero, que en otoño serán padres de mellizos, se produce después de que se hiciera pública la compra de una casa unifamiliar en la sierra norte de Madrid y la hipoteca de 540.000 euros que habían solicitado al 50% para pagarla. La difusión de esta noticia, acompañada de los fotos internas y externas de la vivienda, dio paso a un gran debate, plagado de críticas, en los medios y en la calle sobre si era coherente con sus planteamientos políticos la decisión adoptada.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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