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Pablo Iglesias e Irene Montero preguntarán a las bases si deben dimitir

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Horas después de que saltase la polémica por la compra de un chalé de más de 600.000 euros por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, ambos políticos han dado una rueda de prensa conjunta para informar de que van a consultar a las bases si deben continuar o no en la secretaría general y la portavocía respectivamente. La respuesta será sí o no e implicará también dejar el acta como diputado/diputada. «Si nos dicen que hemos de dimitir, dimitiremos».

Pablo Iglesias e Irene Montero preguntarán a las bases de su partido si creen que deben seguir en sus cargos o si por el contrario deben dimitir, después de conocerse que compraron una casa con una hipoteca de 540.00 euros.

En una rueda de prensa los  dos políticos han defendido la «coherencia» del ideario de Podemos con la adquisición del debate, pero ante el debate público generado han apostado por trasladar la pregunta a la militancia.

«¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y de la Portavocía parlamentaria de Podemos?», preguntarán a las bases del partido, que deberán de responder si siguen o si deben dimitir.

«Les toca a ellos decidir si somos dignos de seguir», ha dicho Pablo Iglesias, que ha añadido: «Si nos dicen que hemos de dimitir, dimitiremos». Antes de la rueda de prensa, Podemos había enviado a sus inscritos un correo electrónico en el que denuncia una campaña de «acoso y destrucción reputacional» a raíz de las informaciones sobre la compra del chalet.

«No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que hemos hecho a Irene Montero y a Pablo iglesias y el siguiente puedes ser tú», señala en forma irónica el mensaje titulado «No te metas en política, primer aviso».

La decisión de Iglesias y Montero, que en otoño serán padres de mellizos, se produce después de que se hiciera pública la compra de una casa unifamiliar en la sierra norte de Madrid y la hipoteca de 540.000 euros que habían solicitado al 50% para pagarla. La difusión de esta noticia, acompañada de los fotos internas y externas de la vivienda, dio paso a un gran debate, plagado de críticas, en los medios y en la calle sobre si era coherente con sus planteamientos políticos la decisión adoptada.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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