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Valencia

Este es el patrimonio de Ximo Puig: bienes y deudas

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Patrimonio Ximo Puig
GRAFCVA4612. VALENCIA, 17/07/2023.- El nuevo president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), saluda al expresident, Ximo Puig (i), a su llegada al Palau de la Generalitat tras el pleno de toma de posesión del cargo en Les Corts Valencianes, donde ha esbozado sus líneas de actuación para la legislatura de gobierno con Vox. EFE/Biel Aliño

Valencia, 21 jul (OFFICIAL PRESS – EFE).- El expresident de la Generalitat y presidente del grupo socialista de Les Corts Ximo Puig declara que posee bienes por un importe total de 373.077 euros (muebles e inmuebles) y deudas por 39.400 euros, en concreto un crédito bancario.

Ximo Puig declara bienes por un total de 373.077 euros y deudas por 39.400 euros

Según la declaración de actividades y bienes que ha remitido a Les Corts Valencianes por el inicio de la nueva legislatura, Puig señala en el apartado de bienes urbanos que posee el 16,67 % de un inmueble urbano en Castellón, con un valor catastral de 148.176 euros.

Por lo que respecta a los bienes de naturaleza no inmobiliaria, Puig declara que tiene una cuenta corriente con un saldo de 15.000 euros, acciones de PECSA por valor de 167.525 euros, acciones de la Librería Babel de Castelló por 6.000 euros, y un plan de pensiones BBVA Protecció 2025 por 36.375 euros.

En el apartado de pasivos, el expresident de la Generalitat especifica que tiene un crédito bancario con Caixabank por un importe de 39.400 euros.

El que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, declaraba en 2015 un patrimonio que con el paso de los años ha aumentado en más de 140.000 euros. En 2015, Puig comunicaba un patrimonio de 237.358,80 euros y dos préstamos por importe de 17.679 euros,

 

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Valencia

Esta es la nueva nómina del president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca

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Juanfran Pérez Llorca

La nueva nómina del president Llorca supera la de Puig tras la última actualización salarial

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estrenado su etapa al frente del Consell con una actualización al alza de su nómina, apenas dos meses después de llegar al Palau. La mejora salarial se deriva de la subida del 2,5% aprobada para todo el personal público, que también se aplica a los altos cargos de la Administración autonómica.

La actualización quedó reflejada el pasado viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tras la aprobación del decreto-ley de final de año con el que el Consell adaptó el incremento retributivo pactado por el Gobierno central para los empleados públicos.

Una subida automática ligada al decreto estatal

El aumento de la retribución del jefe del Consell no responde a una decisión específica del nuevo Ejecutivo, sino a la aplicación automática del marco salarial estatal, que afecta tanto a funcionarios como a responsables políticos. En el caso del president, el salario base queda fijado en 82.572 euros anuales, tras incorporarse el incremento aprobado.

Esta mejora se suma a la ya aplicada anteriormente durante el mandato de Carlos Mazón, que autorizó una actualización similar tres días antes de presentar su dimisión, aún como máximo responsable del Consell.

Diferencia respecto al último sueldo de Ximo Puig

Con la nueva tabla retributiva, la nómina de Pérez Llorca queda por encima de la que percibía Ximo Puig al frente de la Generalitat durante la anterior legislatura, marcando una diferencia acumulada tras dos años y medio de actualizaciones salariales vinculadas a los acuerdos estatales.

Desde el entorno del Consell se subraya que estas subidas están homologadas al conjunto del sector público y que no se trata de incrementos discrecionales, sino del cumplimiento de los acuerdos salariales firmados a nivel nacional.

Los altos cargos también se benefician de la actualización

La publicación de las nuevas tablas salariales no solo afecta al president, sino también al conjunto de consellers, secretarios autonómicos y altos cargos, que verán reflejado en sus nóminas el mismo incremento porcentual.

El Consell defiende que la medida busca mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos y garantizar la coherencia retributiva entre administraciones, en un contexto marcado por la inflación acumulada de los últimos años.

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