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Personal de Atención Primaria y dentistas, próximos sanitarios en vacunarse

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cáncer oral

Madrid, 22 ene (EFE).- Los siguientes sanitarios en recibir la vacuna contra la covid-19 tras los de «primera línea» serán los profesionales de Atención Primaria y personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende sin mascarilla durante más de 15 minutos.

Así se establece en la actualización 2 de la Estrategia de vacunación aprobada este jueves por la Comisión de Salud Pública y conocida este viernes, y que recuerda que en la primera etapa de la vacunación, que aún no ha concluido, están los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de mayores y de atención a grandes dependientes así como el personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

También está incluido otro personal sanitario y sociosanitario así como personas consideradas grandes dependientes que no estén institucionalizadas.

El próximo grupo a vacunar en la siguiente etapa es el de las personas mayores de 80 años, que comenzará «a vacunarse en el menor plazo de tiempo posible y en función de la disponibilidad de dosis de vacunas».

Según datos del INE de enero de 2020, en España hay 2.851.054 personas de 80 años y más (1.056.207 hombres y 1.794.846 mujeres), lo que representa el 6 % de la población.

No obstante, algunas de las personas de este grupo de edad pueden haber sido vacunadas en los grupos considerados con anterioridad, por lo que el número a vacunar será menor.

Desde el principio de la pandemia, ha recordado el documento de Salud Pública, la afectación de casos graves y fallecidos ha sido muy superior en los grupos de edad a partir de los 70 años y la letalidad ha sido de alrededor del 8 % en los de más de 70 años y del 20 % en los de más de 80.

En los últimos meses la letalidad en los de más de 80 años es algo inferior, sobre un 15 %, pero sigue habiendo una diferencia importante con el resto de grupos de edad.

Por otro lado, el personal sanitario y sociosanitario que no se incluye en la etapa 1 podrá vacunarse en la etapa 2 de manera prioritaria, dentro de las categorías «personal esencial de primera línea» u «otro personal esencial».

Asimismo, dada la situación actual de disponibilidad de dosis y la evidencia sobre la duración de la inmunidad tras la infección y la baja frecuencia de casos de reinfección, se ha determinado que «se podrá posponer la vacunación del personal sanitario de primera línea y del otro personal sanitario y sociosanitario hasta que transcurran seis meses de la fecha de diagnóstico.

Esta recomendación se realizará preferentemente en las personas de estos grupos menores de 55 años y sin condiciones de riesgo.

Se mantendrá la pauta de dos dosis de la vacuna en las poblaciones que se están vacunando, administrando la segunda cuanto antes a partir de los 21 días en el caso de Comirnaty, de BioNTech y Pfizer, y cuanto antes en el caso de la vacuna de Moderna a partir de los 28 días.

La pauta completa de vacunación se realizará con la misma marca de vacuna.

La justificación ética de la priorización realizada se basa en los principios de necesidad, equidad y reciprocidad, que aconsejan la priorización dentro de cada uno de los grupos para vacunar a las personas que más se exponen al riesgo de enfermar (sanitarios y sociosanitarios más expuestos) y aquellas que más se hospitalizan y fallecen.

El documento de esta actualización resalta asimismo el criterio de «solidaridad» para que todos los esfuerzos se centren en todas aquellas personas que puedan ver más afectada su salud o estén más expuestas al virus.

El documento recalca que «la complicación fundamental» en la implantación de la Estrategia de Vacunación es «la limitación en el número de dosis» y «los cambios» en la planificación del suministro de las dosis inicialmente comunicadas; «esto está dificultando el funcionamiento correcto del programa», ha añadido.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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