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Valencia

PITUFEO| Procesados 49 concejales y asesores del PP por blanquear dinero

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PITUFEO| Procesados 49 concejales y asesores del PP de por blanquear dinero

València, 19 oct (EFE).- El juez del caso Taula ha procesado a 49 investigados, en su mayoría concejales y asesores del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, por blanquear dinero para la campaña del PP de Valencia en las elecciones de 2015.

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha dictado auto de procedimiento abreviado contra 49 de los investigados en el marco de la pieza A del conocido como caso Taula, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los encausados son en su mayor parte concejales y asesores del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València que presuntamente recibieron dinero negro por parte de algunos responsables del partido –1.000 euros cada uno de ellos- y lo blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de las elecciones locales de 2015.

El magistrado también aprecia indicios de delito en la actuación del PP como persona jurídica en el delito de blanqueo, aunque esa actividad fuera «opaca, aparentemente» a la estructura nacional del partido y la llevaran a cabo «pocas personas en el círculo más estrecho de confianza de la entonces alcaldesa» Rita Barberá, tal y como recoge la resolución, que puede ser recurrida.

El instructor ha decretado por otro lado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra dos antiguos ediles (María José Alcón y Emilio del Toro), al haber fallecido durante la instrucción, y el sobreseimiento provisional y parcial de las mismas en relación a otros cinco investigados y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa respecto de Beatriz Simón por delito de malversación.

Asimismo, ha determinado la reapertura de la investigación seguida por estos hechos contra otro investigado que era diputado autonómico (Miquel Domínguez) y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El auto también expone los indicios de delito de malversación apreciados tras la instrucción en la actuación de uno de los investigados, Alfonso Grau, en la campaña municipal de 2007, así como de éste y otra concejal, María del Carmen García Fuster, por cohecho pasivo impropio y blanqueo, respectivamente, en relación a la campaña de 2011.

El magistrado da de plazo 20 días a la Fiscalía y las acusaciones populares personadas en esta pieza del caso Taula a fin de que soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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