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Las 24 poblaciones valencianas que no tienen niños de 0 a 4 años
Publicado
hace 6 añosen

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) –
El 19,85% de la población de la Comunitat Valenciana tiene menos de 20 años y el 19,07% tiene más de 65 años, porcentajes similares a los del conjunto del país. Sin embargo, en 24 localidades no hay censados niños de 0 a 4 años y hay una localidad, Tollos (Alicante), en la que ese ‘vacío generacional’ se amplía, al no haber censado ningún vecino de menos de 20 años. En ella casi el 65% de los habitantes ha superado los 65.
Así se desprende del informe ‘La población en España: evolución en el siglo XXI, situación actual y perspectivas de futuro’ elaborado por la Consultora Estratégica de Comunicación Stratego, que analiza la evolución de la población en cada uno de los municipios españoles entre 2000 y 2018 (últimos datos disponibles) y las edades de los habitantes de esos municipios en base a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
Este estudio indica que en el caso de la Comunitat Valenciana la población ha aumentado un 20,46% entre los años 2000 y 2018, cinco puntos por encima de la media nacional, con casi 843.000 habitantes más que a principios de siglo. Aunque crecen todas las provincias, lo hace especialmente Alicante (+37,24%), muy por encima de Castellón (+21,61%) y Valencia (+15,75%).
Poblaciones valencianas que no tienen niños
A pesar de estos datos globales, 201 municipios valencianos (el 37% del total) han visto cómo su padrón descendía, aunque solo en 37 casos esa pérdida de población supera el 25%, mientras que en otras 71 localidades el incremento del número de habitantes está por encima del 50%.
Las mayores pérdidas de población se han registrado en Villamalur (-55,32%), Herbés (-52,43%) y Vallanca (-46,38%). En el año 2000 el municipio más pequeño era Palanques, con 21 vecinos, mientras que en 2018 es Castell de Cabres, con 19. El número de núcleos por debajo del centenar de habitantes ha pasado en los primeros 18 años de este siglo de 22 a 24.
Por el contrario, los padrones han aumentado de manera espectacular en lugares como Llaurí (+924,58%), Guardamar de la Safor (+622,06%) y Daya Vieja (260,53%).
DATOS NACIONALES
En cuanto al conjunto del país, el estudio señala que uno de cada tres municipios españoles ha perdido más del 25% de su población desde el comienzo del siglo XXI, a pesar de que España ha aumentado su población un 15,37% desde el año 2000.
Además, actualmente existen 311 localidades en las que no vive ningún joven de menos de 20 años y otras 402 donde más de la mitad de los vecinos supera los 65. Desde el año 2000, a pesar del crecimiento de la población española, el 62,86% de los municipios españoles han perdido habitantes, un total 5.111.
En comunidades como Asturias, la pérdida de población afecta a casi el 90% de las localidades. También en Castilla y León, donde el 87,19% de sus municipios tiene menos vecinos ahora que en el año 2000, o Extremadura, donde la despoblación afecta al 84,27% de sus ayuntamientos.
Desde el comienzo del siglo XXI, 2.288 municipios españoles ha perdido más del 25% de su población, la mayoría en Castilla y León (1.245 municipios), Castilla-La Mancha (363), Aragón (217), País Vasco (110) y Extremadura (88).
Por contra, hay 715 localidades donde durante el mismo tiempo su padrón de habitantes ha crecido un 50%, y se concentran en Cataluña (177) y Comunidad de Madrid (111).
Según el informe elaborado por Stratego, durante el siglo XXI se han multiplicado los pueblos con menos de 100 habitantes, pasando de 913 en el año 2000 a los 1.333 que se contaban en 2018, lo que supone un incremento del 46%.
Sin embargo, hay excepciones, como País Vasco, que ha pasado de cuatro ayuntamientos con menos de 100 vecinos a no tener ninguno por debajo de esa población. En Aragón, por contra, la cifra casi se ha duplicado, de 138 a 209.
Los datos del INE revelan que el año pasado había 14 localidades con menos de 10 vecinos en España, y se concentran en tres comunidades autónomas: siete se encuentran en Castilla y León, cinco en Castilla-La Mancha y las dos restantes en La Rioja.
Los dos municipios con menos personas empadronadas en 2018 fueron Illán de Vacas, en la provincia de Toledo, y Villaroya, en La Rioja, ambos con apenas cinco habitantes. Uno más tenía Estepa de San Juan, en la provincia de Soria.
En España hay 1.108 municipios en los que no vive un solo niño de entre 0 y 4 años, y de ellos 826 tienen menos de 100 habitantes. En 311 localidades el caso es aún más grave, como advierte el informe de Stratego: ningún vecino tiene menos de 20 años.
La mayor parte de estos pueblos se reparten en Castilla y León (tiene 168 localidades sin ningún joven de 0 a 19 años), Castilla-La Mancha (69) y Aragón (47). También hay casos en La Rioja (19), Navarra (4), Cataluña (2), Madrid (1) y Comunitat Valenciana (1).
En total, la población con menos de 20 años representa el 19,67% del padrón nacional, aunque la cifra oscila dependiendo de las comunidades, entre el 14,65% de Asturias y el 23,02% de Murcia.
Por otra parte, en España existen 402 pueblos donde la población con más de 65 años ya está por encima del 50%. De estos pueblos, 261 están en Castilla y León, 72 en Castilla-La Mancha, 37 en Aragón, 11 en La Rioja, 10 en Galicia, 5 en Navarra, 4 en Extremadura, 1 en Comunidad Valenciana y 1 en Cataluña. Entre estos hay algunos casos realmente extremos: en Arandilla del Arroyo (Castilla-La Mancha) nueve de sus diez vecinos superan los 65 años; en Cobos de Fuentidueña (Castilla y León) son 29 de sus 35 habitantes, y en Abaurregaina (Navarra) 14 de los 17.
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Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.
La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».
Airbnb defiende la legalidad de su plataforma
Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».
Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.
Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales
La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.
Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.
Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios
En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.
Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.
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En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.
“Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.
Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.
Colaboraciones recientes con gobiernos regionales
Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».
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1. Falta de número de licencia
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El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.
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