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Valencia

Podemos tramita un ERE que afectará a sedes de 9 comunidades

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Podemos ERE
Pablo Echenique (c), secretario de Programa de Podemos y portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. Archivo/EFE/ Daniel González
Madrid, 7 ago (OFFICIAL PRESS-EFE).- Podemos ha iniciado la tramitación de un ERE (expediente de regulación de empleo) que supondrá la extinción de los contratos y el cierre de las sedes en nueve territorios (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Cantabria, Madrid y Comunitat Valenciana) como consecuencia de los resultados de las elecciones de mayo y julio.

Podemos comunica el ERE a sus empleados

En un escrito que la formación morada ha remitido a sus empleados, el ERE se justifica en razones económica, técnicas y organizativas y se enmarca en una «reorganización profunda» que tiene que acometer el partido para adaptarse al descenso de recursos motivados por los resultados obtenidos tanto en las elecciones generales del 23 de julio como en las autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Podemos explica que, según sus cálculos, las previsiones de ingresos se reducirán un 70 por ciento en lo que se refiere a la organización estatal y un 90 por ciento en los nueve territorios afectados.

Añade que la reducción de ingresos obliga a adaptar los gastos, incluidos los laborales, que en el caso de los territorios afectados implica la extinción de los contratos (45 en las nueve comunidades afectadas) y el cierre de los centros de trabajo, y en el ámbito nacional la reducción de la plantilla.

Con este expediente de regulación de empleo y el cierre de algunas sedes, Podemos pretende asegurar su acción política «y garantizar la continuidad del avance de las políticas transformadoras», tras el descenso de diputados que se ha producido en las últimas elecciones y de la representación institucional en las comunidades.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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