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Policías y guardias civiles reclaman a Sanidad ser los próximos en vacunarse y mascarillas FFP2 «con carácter de urgencia»

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Madrid, 4 feb (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han instado a los ministerios de Interior y de Sanidad a que los agentes sean el siguiente colectivo a vacunar contra el coronavirus, una vez España reciba nuevas dosis y se complete la inmunización de los grupos preferentes.

En un comunicado ambas organizaciones reclaman a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que actualice la Estrategia de Vacunación para proteger a los efectivos de la seguridad pública «por los evidentes riesgos» de contagiarse del virus en sus intervenciones.

El llamamiento de estas organizaciones se extiende a las comunidades autónomas que están representadas en el grupo de trabajo técnico de vacunación.

En la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, Darias comunicó este miércoles a las comunidades autónomas la llegada de nuevas remesas de vacunas con al menos 6,7 millones de dosis de Pfizer, Moderna y de AstraZeneca hasta marzo.

Desde el SUP y AUGC defienden que los residentes y trabajadores de residencias de ancianos, el personal sanitario y los mayores de 80 años hayan sido los colectivos «prioritarios y preferentes» en ser inmunizados, pero solicitan que la estrategia de vacunación incluya ahora a los policías y guardias civiles.

«Estamos seguros de que la ministra que llega a Sanidad de otro departamento en el que el valor de los funcionarios es clave en la gestión de los servicios públicos tendrá la responsabilidad y la sensibilidad necesarias para dar este paso», confían el sindicato policial y la asociación.

Además de esta reclamación, demandan la entrega «con carácter de urgencia» de mascarillas FFP2.

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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