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PP y C’s instan al tripartito a cambiar el nombre de ‘À.’ porque es el eslogan del independentismo catalán

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Poco después de conocerse el nombre de la nueva RTVV que se llamará ‘À.’ y se pronunciará como ‘À Punt’ ha saltado la polémica. Y es que tanto el Partido Popular (PP) como Ciudadanos (C’s) han criticado con dureza la elección del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

Desde el PP, Jorge Bellver ha mostrado su disconformidad con la marca elegida dado que según ha señalado es similar a la campaña que Ómnium Cultural utilizaba para hacer campaña a favor del independentismo catalán.

De la misma manera, Toni Subiela de C’s ha instado al tripartido a «reconducir» la elección de la nueva marca y nombre de RTVV, haciendo especial énfasis en la necesidad de evitar polémicas desde antes de que empiece a rodar el ente público, y ha recordado también la coincidencia del nombre escogido de ‘À Punt’ con el lema que usa Ómnium Cultural para defender la independencia de Cataluña, unido a que la nueva directora, Empar Marco también ha tenido vinculación con Cataluña por su etapa en TV3.

Sin embargo, desde PSPV y Podemos defienden que dicha elección proviene de un concurso público convocado de manera legal y de forma totalmente independiente.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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