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Puig afirma que es ‘absolutamente falso’ que la Generalitat pagara su entrevista en ‘The Guardian’

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Ximo Puig

VALÈNCIA, 26 Sep.- El jefe del Consell y líder del PSPV, Ximo Puig, ha negado este jueves que la Generalitat pagara su entrevista en el diario británico ‘The Guardian’ de 2016 y ha destacado que los 43.000 euros fueron destinados a publicidad institucional durante la World Travel Market de Londres, mientras lo ha desligado de las «campañas de autobombo del pasado».

«Es absolutamente falso, punto y final», ha subrayado en la sesión de control en Les Corts, ante la pregunta de Vox de si ve «necesario, vista la situación de la Comunitat Valenciana, el gasto de 43.000 euros para una publicación en un periódico inglés».

Puig ha afirmado que la oposición «puede repetir mil veces una falsedad» y ha hecho hincapié en que «la Generalitat no pagó ninguna entrevista, ni a ese ni a ningún otro medio». Ha precisado que «el contrato que se hizo fue con una empresa con tal de posicionar la Comunitat en el mercado británico», con lo que, según él, no tiene «nada que ver con una entrevista que se hizo».

En concreto, ha sostenido que «lo que se pagó fue un libro con información de la Comunitat, y después un encarte sobre la economía valenciana», con el objetivo de «posicionarla en ese mercado». También con esta intención, ha avanzado que el próximo 3 de diciembre irá al Reino Unido junto a Turisme CV y las cámaras de comercio para un acto de promoción en colaboración con turoperadores británicos.

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
Ante la otra pregunta de Vox, de «cómo justifica el gasto de 20 millones en publicidad institucional en cuatro años», Puig ha asegurado que suponen «cinco millones al año, muchísimo menos de lo que gastaba el PP». Ha cuestionado si «piensan que no se debe invertir en publicidad institucional» y si no ven «importante que los ciudadanos accedan a las ayudas».

Por contra, ha defendido que la Comunitat es «de las que menos invierte en publicidad institucional», que ha recordado «tiene como objetivo comunicar los servicios que presta la administración». «No hay campañas de autobombo como en el pasado, lo que estamos haciendo es lo que tiene que ver con el interés general», ha recalcado, y ha apuntado que la Ley de Publicidad Institucional de 2018 «blinda este uso».

«Una mentira contada mil veces no es una verdad», ha insistido, agregando que «lo intentó Goebbels pero finalmente no triunfó». Ha tachado de «cierto itinerario estrambótico» la pregunta de Vox y ha ironizado que «para ser gente de orden han mostrado bastante desorden», por sus errores formales en la presentación del escrito de pregunta al ‘president’ al parlamento.

«¿Están en contra de las campañas para prevenir incendios, vacunación contra la gripe, ayudas a la vivienda, ‘El Nadal es valencià? ¿Están en contra de las campañas contra la violencia de género? A lo mejor eso sí», ha aseverado, defendiendo los «criterios objetivos» que sigue el Consell en estas acciones.

Ha mostrado así su «solidaridad» con la portavoz de Vox en Elche (Alicante), que denunció una agresión de su exmarido y pidió que no se considerara violencia de género. «Ha sido víctima de una agresión machista, piense lo que piense su grupo», ha recalcado Puig, garantizando que trabajará desde «la máxima apertura para que este combate sea de todas y todos».

«Eso es lo que hay, se puede intentar herir», ha zanjado, algo que ha ligado con la «buena noticia de los tribunales» por la exhumación de Franco: «Por fin no honraremos en un lugar publico al dictador».

Por parte de Vox, su portavoz, Ana Vega, ha asegurado que Puig es «de la escuela de Carmen Calvo –vicepresidenta del Gobierno en funciones del PSOE–, aquella que decía ‘estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie». Ha afirmado que «debería darle vergüenza» tanto la entrevista como «el gasto de 12.500 euros» por celebrar su toma de posesión en domingo, el pasado mes de junio.

EL PP CRITICA SU «INTERÉS DIRECTO» EN EMPRESAS
También de la oposición, la síndica del PP, Isabel Bonig, ha coincidido en las críticas por la entrevista y las ha relacionado con «el medio millón en subvenciones a las empresas de su hermano o el cobro de intereses del IVF (Instituto Valenciano de Finanzas)», así como su «interés directo en estas empresas para su mayor gloria y para machacar a la oposición».

En la misma línea, la portavoz adjunta del grupo ‘popular’, Eva Ortiz, ha asegurado que «ya vamos por casi medio millón de euros concedidos a sus hermanos». «Las investiga Antifraude, la Comisión de Competencia y también dos juzgados de instrucción», ha denunciado, y le ha exigido si «puede decir que sus hermanos no han presentado facturas falsas, duplicadas, y nóminas en dos administraciones diferentes para cobrar subvenciones».

CANTÓ: «EL BERLUSCONI DE MORELLA»
De Cs, el síndic, Toni Cantó, ha tachado a Puig de «comisionista» y le ha reprochado tanto su «capacidad de influencia en el cuarto poder» por sus acciones en la empresa Pecsa –la editora del diario ‘Mediterráneo’ de Castellón, de la que el Grupo Zeta tiene la mayoría de participaciones– como su «sobresueldo de más de 500 euros al mes». «Los valencianos no merecen a un presidente que está empezando a comportarse como el Berlusconi de Morella», ha remachado.

También ha vuelto a denunciar que «la única quita del banco público valenciano fue a una empresa de la que es accionista», el Grupo Zeta, mientras el director del IVF, Manuel Illueca, «se lava las manos diciendo que no tenía ni idea». Ha instado a la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, si «no va a hacer nada al respecto».

En publicidad, ha enseñado un gráfico comparando el gasto del anterior gobierno del PP frente al Botànic: 4,5 y 20 millones, respectivamente, según Cantó. Ha preguntado a los vicepresidentes Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau si «se acabaron las quejas y reivindicaciones» y ha denunciado que «Inspección de Trabajo investiga a 18 becarios explotados en el Palau de la Generalitat».

En su réplica, Puig ha lamentado que el líder de Cs y el respeto sean «dos cuestiones absolutamente incompatibles» y ha sostenido que está «acostumbrado a otro tipo de actividad profesional y la práctica habitualmente». Ha negado que el Botànic gaste más en publicidad que el PP, que desembolsaba «más en un año que ahora en cuatro, y ha afeado a la formación ‘naranja’ que «intente tapar la pregunta a Vox».

Fuente: EUROPA PRESS

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha acudido este miércoles al Tribunal Supremo para participar en la vista en la que el magistrado Leopoldo Puente evaluará si debe decretar su ingreso en prisión provisional, tal y como reclaman las acusaciones populares personadas en la causa, lideradas por el Partido Popular. Se trata de un momento determinante en la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Una llegada discreta ante una fuerte expectación mediática

Ábalos ha accedido al alto tribunal a primera hora de la mañana, sin hacer declaraciones, en medio de una gran presencia de medios desplazados ante la relevancia de la cita. Su comparecencia coincide con el avance de la causa hacia la fase final previa al juicio.

La vista ha sido convocada después de que tanto Fiscalía Anticorrupción como varias acusaciones solicitaran una revisión de las medidas cautelares que mantienen actualmente Ábalos y su exasesor Koldo García, quienes permanecen en libertad con obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia, prohibición de salida del país y retirada del pasaporte.

Las acusaciones piden prisión provisional para evitar riesgo de fuga

Las acusaciones populares sostienen que la gravedad de los hechos atribuidos —y las altas penas solicitadas— justifican el ingreso inmediato en prisión de ambos investigados. Argumentan que existen “indicios sólidos de criminalidad” y un riesgo de fuga ante la cercanía del juicio por la llamada trama de mascarillas.

La Fiscalía, por su parte, solicita para Ábalos 24 años de prisión, y para Koldo 19 años y medio, por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Además, reclama multas millonarias derivadas del presunto perjuicio causado a la Administración.

Las acusaciones populares elevan las penas a 30 años, añadiendo también prevaricación y falsedad documental.

El Supremo decidirá si endurece las medidas cautelares

El magistrado Puente deberá valorar si las circunstancias actuales justifican un cambio en la situación personal de los acusados. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite modificar las medidas cautelares cuando lo piden las partes y tras oír a todas ellas en audiencia pública, como ocurre en esta vista.

El juez solo puede adoptar nuevas medidas —incluida la prisión provisional— si así lo solicita alguna acusación, nunca de oficio. La decisión, que podría conocerse en las próximas horas, marcará el rumbo inmediato del caso.

Una vista decisiva en un caso con fuerte impacto político

La trama de mascarillas ha tenido un enorme eco institucional al implicar a un exministro y a altos cargos cercanos. El avance hacia un posible juicio oral y la elevada petición de penas han intensificado la presión sobre Ábalos, cuya situación judicial y política se encuentra en uno de sus momentos más delicados.

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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