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Puig afirma que es ‘absolutamente falso’ que la Generalitat pagara su entrevista en ‘The Guardian’
Publicado
hace 6 añosen
VALÈNCIA, 26 Sep.- El jefe del Consell y líder del PSPV, Ximo Puig, ha negado este jueves que la Generalitat pagara su entrevista en el diario británico ‘The Guardian’ de 2016 y ha destacado que los 43.000 euros fueron destinados a publicidad institucional durante la World Travel Market de Londres, mientras lo ha desligado de las «campañas de autobombo del pasado».
«Es absolutamente falso, punto y final», ha subrayado en la sesión de control en Les Corts, ante la pregunta de Vox de si ve «necesario, vista la situación de la Comunitat Valenciana, el gasto de 43.000 euros para una publicación en un periódico inglés».
Puig ha afirmado que la oposición «puede repetir mil veces una falsedad» y ha hecho hincapié en que «la Generalitat no pagó ninguna entrevista, ni a ese ni a ningún otro medio». Ha precisado que «el contrato que se hizo fue con una empresa con tal de posicionar la Comunitat en el mercado británico», con lo que, según él, no tiene «nada que ver con una entrevista que se hizo».
En concreto, ha sostenido que «lo que se pagó fue un libro con información de la Comunitat, y después un encarte sobre la economía valenciana», con el objetivo de «posicionarla en ese mercado». También con esta intención, ha avanzado que el próximo 3 de diciembre irá al Reino Unido junto a Turisme CV y las cámaras de comercio para un acto de promoción en colaboración con turoperadores británicos.
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
Ante la otra pregunta de Vox, de «cómo justifica el gasto de 20 millones en publicidad institucional en cuatro años», Puig ha asegurado que suponen «cinco millones al año, muchísimo menos de lo que gastaba el PP». Ha cuestionado si «piensan que no se debe invertir en publicidad institucional» y si no ven «importante que los ciudadanos accedan a las ayudas».
Por contra, ha defendido que la Comunitat es «de las que menos invierte en publicidad institucional», que ha recordado «tiene como objetivo comunicar los servicios que presta la administración». «No hay campañas de autobombo como en el pasado, lo que estamos haciendo es lo que tiene que ver con el interés general», ha recalcado, y ha apuntado que la Ley de Publicidad Institucional de 2018 «blinda este uso».
«Una mentira contada mil veces no es una verdad», ha insistido, agregando que «lo intentó Goebbels pero finalmente no triunfó». Ha tachado de «cierto itinerario estrambótico» la pregunta de Vox y ha ironizado que «para ser gente de orden han mostrado bastante desorden», por sus errores formales en la presentación del escrito de pregunta al ‘president’ al parlamento.
«¿Están en contra de las campañas para prevenir incendios, vacunación contra la gripe, ayudas a la vivienda, ‘El Nadal es valencià? ¿Están en contra de las campañas contra la violencia de género? A lo mejor eso sí», ha aseverado, defendiendo los «criterios objetivos» que sigue el Consell en estas acciones.
Ha mostrado así su «solidaridad» con la portavoz de Vox en Elche (Alicante), que denunció una agresión de su exmarido y pidió que no se considerara violencia de género. «Ha sido víctima de una agresión machista, piense lo que piense su grupo», ha recalcado Puig, garantizando que trabajará desde «la máxima apertura para que este combate sea de todas y todos».
«Eso es lo que hay, se puede intentar herir», ha zanjado, algo que ha ligado con la «buena noticia de los tribunales» por la exhumación de Franco: «Por fin no honraremos en un lugar publico al dictador».
Por parte de Vox, su portavoz, Ana Vega, ha asegurado que Puig es «de la escuela de Carmen Calvo –vicepresidenta del Gobierno en funciones del PSOE–, aquella que decía ‘estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie». Ha afirmado que «debería darle vergüenza» tanto la entrevista como «el gasto de 12.500 euros» por celebrar su toma de posesión en domingo, el pasado mes de junio.
EL PP CRITICA SU «INTERÉS DIRECTO» EN EMPRESAS
También de la oposición, la síndica del PP, Isabel Bonig, ha coincidido en las críticas por la entrevista y las ha relacionado con «el medio millón en subvenciones a las empresas de su hermano o el cobro de intereses del IVF (Instituto Valenciano de Finanzas)», así como su «interés directo en estas empresas para su mayor gloria y para machacar a la oposición».
En la misma línea, la portavoz adjunta del grupo ‘popular’, Eva Ortiz, ha asegurado que «ya vamos por casi medio millón de euros concedidos a sus hermanos». «Las investiga Antifraude, la Comisión de Competencia y también dos juzgados de instrucción», ha denunciado, y le ha exigido si «puede decir que sus hermanos no han presentado facturas falsas, duplicadas, y nóminas en dos administraciones diferentes para cobrar subvenciones».
CANTÓ: «EL BERLUSCONI DE MORELLA»
De Cs, el síndic, Toni Cantó, ha tachado a Puig de «comisionista» y le ha reprochado tanto su «capacidad de influencia en el cuarto poder» por sus acciones en la empresa Pecsa –la editora del diario ‘Mediterráneo’ de Castellón, de la que el Grupo Zeta tiene la mayoría de participaciones– como su «sobresueldo de más de 500 euros al mes». «Los valencianos no merecen a un presidente que está empezando a comportarse como el Berlusconi de Morella», ha remachado.
También ha vuelto a denunciar que «la única quita del banco público valenciano fue a una empresa de la que es accionista», el Grupo Zeta, mientras el director del IVF, Manuel Illueca, «se lava las manos diciendo que no tenía ni idea». Ha instado a la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, si «no va a hacer nada al respecto».
En publicidad, ha enseñado un gráfico comparando el gasto del anterior gobierno del PP frente al Botànic: 4,5 y 20 millones, respectivamente, según Cantó. Ha preguntado a los vicepresidentes Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau si «se acabaron las quejas y reivindicaciones» y ha denunciado que «Inspección de Trabajo investiga a 18 becarios explotados en el Palau de la Generalitat».
En su réplica, Puig ha lamentado que el líder de Cs y el respeto sean «dos cuestiones absolutamente incompatibles» y ha sostenido que está «acostumbrado a otro tipo de actividad profesional y la práctica habitualmente». Ha negado que el Botànic gaste más en publicidad que el PP, que desembolsaba «más en un año que ahora en cuatro, y ha afeado a la formación ‘naranja’ que «intente tapar la pregunta a Vox».
Fuente: EUROPA PRESS
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Publicado
hace 2 horasen
8 diciembre, 2025
El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.
Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.
Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.
Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.
Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.
El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.
El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?
Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.
Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.
Desde el Ejecutivo admiten errores:
“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.
Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:
“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.
La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.
Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.
El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:
María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa
Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado
Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.
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