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Puig insta a Sánchez a que la «desescalada se produzca de forma descentralizada»

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VALÈNCIA, 19 Abr. – El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha planteado la necesidad «imperativa» de superar el periodo de confinamiento «con toda la seguridad sanitaria» y ha propuesto, para ello, que se adopte un sistema dinámico de «cierre y apertura» y la «descentralización» de su ejecución a atendiendo a criterios geográficos, sectoriales y demográficos.

El president de la Generalitat ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los presidentes y las presidentas de las comunidades autónomas para abordar la evolución de la crisis del coronavirus.

Puig ha señalado que «es imperativo superar el periodo de confinamiento con toda la seguridad sanitaria» para impedir los «daños irreversibles» a la población y al tejido social y económico. A este respecto, ha indicado que «confrontar la actividad económica con la seguridad sanitaria es un inmenso error» y se ha mostrado partidario de «dotar de la máxima seguridad sanitaria a la actividad económica».

Tal y como ha defendido, «hay que establecer un sistema de apertura y cierre dinámico», ya que no es posible esperar a tener «todas las certezas» para «empezar el desconfinamiento». Por ello, ha abogado establecer esa flexibilidad, con la seguridad sanitaria como prioridad y con rapidez en la detección de nuevos focos.

«Este sistema tiene que tener bases comunes en España y adoptarse desde la unidad de acción, pero, al mismo tiempo, tiene que permitir una descentralización efectiva en su ejecución», ha añadido el president, que considera también «crítico para el sistema sanitario dotarse de capacidad de ampliación temporal» porque hay que buscar la transición a la normalidad en el espacio sanitario y atender las patologías que han quedado en un segundo plano por la pandemia.

«El centralismo nunca es inteligente»
Por todo esto, «hay que plantearse el desconfinamiento atendiendo a razones de cáracter geográfico, sectorial y demográfico», ha insistido el jefe del Consell, que ha remarcado: «el centralismo nunca es inteligente».
En este sentido, ha subrayado que la respuesta no necesariamente tiene que ser homogénea incluso dentro de cada comunidad, porque «ningún centralismo es inteligente» y resulta, por tanto, imprescindible «adaptarse al mapa real de la pandemia».

Por otro lado, el president considera positivo el anuncio realizado por el presidente del Gobierno respecto a la inyección a las comunidades autónomas de 14.000 millones extra de liquidez, una decisión, tal y como ha remarcado, está en la línea de lo solicitado por la Comunitat Valenciana en estas reuniones multilaterales.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha asegurado en este sentido que este mismo lunes mantendrá una reunión con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, para concretar las aportaciones y el itinerario que seguirá la Generalitat para trasladar esta liquidez al tejido productivo.

Cambio estructural del modelo de financiación
Puig ha subrayado que, además de estas medidas, la Generalitat sigue defendiendo la necesidad de garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y la equidad para fortalecer el estado de bienestar, algo que, ha advertido, no será posible «sin el cambio estructural del modelo de financiación».

«Si hay acuerdos de Estado ha de configurarse la necesidad de la suficiencia financiera de las comunidades autónomas», ha dicho Puig, que, ante el escenario de «atomización» de las políticas fiscales, ha solicitado también en la reunión que se asuma la «corresponsabilidad» de las autonomías en este ámbito. «No se puede pedir, por un lado, que se aumente el gasto y, por otro, desproteger absolutamente de ingresos al Estado; es absolutamente contradictorio», ha manifestado.

Además, el president también estima «fundamental» que los fondos procedentes de la Unión Europea lleguen a todas las empresas y todas las comunidades autónomas.

El president ha iniciado su intervención recordando que la reunión de este domingo coincide con la jornada de luto oficial decretada en la Comunitat Valenciana, un gesto con el que la que la sociedad oficializa la «profunda tristeza» que ya está mostrando a diario «por cada una de las 1.065 personas que nos han dejado como consecuencia de la pandemia».

Unidad de acción
Puig, que también ha agradecido a todos los partidos «la sensibilidad, la unidad de acción y la responsabilidad que están mostrando», ha avanzado además que, una vez haya sido superada la crisis sanitaria, se decretará de nuevo luto oficial de recuerdo a todas las víctimas y de apoyo a sus familias, que servirá también de homenaje a todas las personas que han ayudado a mitigar los efectos de la COVID-19.

El responsable del Consell ha trasladado en la reunión la necesidad de llegar a acuerdos para dar una «respuesta conjunta» a esta crisis en ámbitos como el educativo y ha subrayado el importante papel que tienen en este sentido las comunidades autónomas.

Llegar a acuerdos «no es dejar de ejercer competencias, sino ponerlas en común» para trazar una hoja de ruta consensuada, ha indicado Puig. «Si en unas circunstancias tan dramáticas como las actuales no somos capaces de huir del partidismo y de actuar con la máxima responsabilidad, ¿cuándo será posible?», se ha preguntado el president.
Ha argumentado a este respecto que, aunque todavía se está lejos del final de esta crisis, la unidad de acción y la corresponsabilidad «están dando sus frutos» y permiten hablar de la importancia de «un acuerdo de país» y de una «acción concertada» conjunta en favor de un «estado de bienestar reforzado» y de un sistema público de atención sanitaria y social «cada vez más potente».

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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