El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado, durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, un nuevo modelo de financiación que permita dotar a las comunidades autónomas de un escenario de equidad ya a partir de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y con efectos financieros retroactivos a enero de 2014.

Puig ha abogado por aprobar un modelo donde todas las autonomías vean compensadas su deuda acumulada por el mal funcionamiento de los anteriores modelos para, de este modo, empezar de cero, y ha expuesto en este sentido la urgencia de fijar un horizonte temporal para la aprobación de este nuevo sistema de financiación que no exceda del 30 de septiembre de 2017.

Puig ha argumentado que el actual sistema de financiación ha generado no solo un «problema valenciano», sino también un «problema autonómico», porque son todas las comunidades autónomas las que necesitan un nuevo modelo que permita evitar la erosión del estado del Bienestar. No es el momento ni del victimismo periférico ni de la soberbia centralista, ha expuesto.

El jefe del Consell considera imprescindible que el trabajo de la Comisión de Expertos incluya la evaluación del coste que ha tenido para las comunidades autónomas la insuficiente financiación, al menos de los servicios públicos fundamentales, con especial atención a la Ley de Dependencia. Además, para el Consell de la Generalitat, resulta prioritario reformular la cantidad total de recursos que recibe cada Administración para ejercer en condiciones de igualdad sus competencias.

Igualmente, tal y como defiende el President, resulta fundamental evaluar la posibilidad de reestructurar parte de la deuda de las comunidades para regresar en un plazo razonable a la viabilidad financiera de las comunidades.

La primera preocupación de la Generalitat valenciana es la aprobación de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas para acabar con la «insostenible» situación que sufre la Comunitat Valenciana. De hecho, el President de la Generalitat acude a esta reunión después de desarrollar una labor de diálogo con todos los grupos parlamentarios de Les Corts y que se ha extendido a las organizaciones sindicales y empresariales y también a los expresidentes.

El President de la Generalitat ha considerado, por otro lado, inaplazable que se alcance un Pacto de Estado en materia de violencia de género que coordine y ponga todos los servicios con los que cuentan el Gobierno de España, las comunidades y los ayuntamientos.

Igualmente, Puig ha reivindicado la necesidad de impulsar un acuerdo en materia de inversión en infraestructuras que priorice las inversiones basándose en criterios objetivos independientes y que analice déficits existentes como los que afectan al Corredor Mediterráneo.

Asimismo, Puig ha considerado fundamental la aprobación en la Conferencia de Presidentes de un acuerdo en materia de acogida de refugiados entre el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.

La Generalitat solicita también que, respecto al futuro Pacto social y político por la Educación, se constituya un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Educación y representantes de las administraciones educativas de las comunidades autónomas del que salga un nuevo impulso a los programas de cooperación territorial.

Puig ha propuesto además la creación de un Foro Común por la Transparencia, el Buen Gobierno y la Regeneración Democrática que permita promover la reparación ética de lo político y decisiones ejemplares en valores.

«Espíritu constructivo y de diálogo»

El jefe de Gabinete del President, Arcadi España, ha destacado que la intervención del jefe del Consell refleja la «actitud constructiva, de diálogo y alejada del victimismo de algunas comunidades autónomas y de la soberbia del Gobierno central» de la Generalitat.

«Nuestro tema central es la financiación», ha subrayado España, quien ha detallado que la Generalitat pide «una mayor concreción de la propuesta del Gobierno de España de iniciar los trabajos en un mes». «Queremos poner una fecha de finalización de los trabajos y una fecha de retroactividad, que es 2014, cuando caducó el actual modelo», ha subrayado.

«En segundo lugar, hemos planteado no hacer borrón y cuenta nueva, sino estudiar lo que ha pasado durante estos años, especialmente el efecto del sistema sobre las comunidades infrafinanciadas con el objeto de buscar fórmulas de compensación de esa deuda acumulada por infrafinanciación», ha explicado también.