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Puig sobre la futura Ley de Vivienda: «Lo que no sirve es no hacer nada»

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Alicante, 7 oct (EFE).- El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha sostenido hoy que ante el problema «endémico» de la falta de vivienda «lo que no sirve es no hacer nada».

Preguntado por la Ley de Vivienda anunciada por el Gobierno y criticada por partidos de la oposición, fundamentalmente el PP, Puig ha defendido «abordar una realidad que es profundamente injusta sobre todo con los jóvenes pero también con personas con dificultades desde punto de vista salarial o de exclusión».

Ha recordado que la falta de vivienda es una cuestión «crucial y un derecho constitucional» ante el cual hay que actuar, por lo cual le parece «increíble la respuesta visceral» de otros partidos cuando, además, aún se desconoce el texto de la futura ley.

«Es un derecho constitucional que no se está aplicando debidamente en España y algo habrá que hacer», ha subrayado el jefe del Consell, quien ha abogado por «concertar a todas las administraciones para superar un problema endémico de la sociedad española: la falta de acceso vivienda por parte de un segmento de la población».

Sobre financiación autonómica, Puig ha recordado que se trata de una cuestión «muy compleja» en la que hay que eliminar estereotipos y tópicos.

Ha proseguido que la evidencia de que la valenciana es la comunidad peor financiada del país ya ha adquirido la condición de «razón política», como se refleja en que otros presidentes autonómicos que en otros momento tenían una visión diferente hayan aceptado esta cuestión.

«El camino es empatizar para buscar entre todos juntos una solución que aborde los intereses de la Comunitat Valenciana y de cada autonomía con los intereses generales» porque «al final hay que buscar un acuerdo que debe facilitar la suficiencia económica del Estado Autonómico para facilitar el Estado del Bienestar».

Según Puig, el Ejecutivo central «tiene una sensibilidad clara» en esta cuestión aunque no solo depende de él, por lo cual sólo cabe «avanzar acercando posiciones y sin ninguna radicalidad, extremismos ni posiciones maniqueas»

Preguntado por la posibilidad de que se archive la investigación sobre Juan Carlos I, Puig ha señalado que no tiene constancia de esas noticias y se ha limitado a comentar que «todos debemos ser iguales ante la Ley».

«Además, cuando más responsabadilidad pública uno tiene, más responsabilidad ética tiene que tener», ha apostillado Puig, preguntado por los periodistas minutos después de la inauguración del Foro de Diálogo 5+5 impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para tratar sobre el trabajo decente y el fomento de la formación continua en el ámbito laboral, entre otros asuntos.

Este evento se celebra en la sede Casa Mediterráneo, en Alicante, con la participación de diez países de ambas orillas del Mediterráneo occidental.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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