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Putin no se vacuna y la mitad de los rusos también se niega, según varios sondeos

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Putin amenaza guerra nuclear

Moscú, 28 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aún no tiene previsto vacunarse contra la covid-19 y, según los sondeos, un 58 % de los rusos tampoco está dispuesto a inocularse con la vacuna Sputnik V.

Putin tomará una decisión después de que el Ministerio de Sanidad publique el informe definitivo sobre Sputnik V y el resto de vacunas, según explicó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la prensa local.

Peskov aseguró el domingo que el jefe del Kremlin ya había tomado una decisión después de que el sábado el ministro de Sanidad, Mijaíl Murashko, autorizara la vacunación para los mayores de 60 años con el preparado Sputnik V.

No obstante, hoy precisó que el presidente, que cumplió en octubre 68 años, no puede decidir por su cuenta y riesgo cuándo vacunarse.

«Él mismo dijo que se vacunará, pero que será él quien comunique cuándo y cómo tendrá lugar», dijo.

Recientemente, en su rueda de prensa anual, Putin dijo que se vacunaría «sin falta», a lo que Peskov añadió hoy que aún se desconoce si esas imágenes se harán públicas, como en el caso de otros mandatarios mundiales.

Con todo, negó que dicha situación pueda influir en la confianza de la población hacia la vacuna rusa, que ya ha sido registrada en dos países extranjeros, Argentina y Bielorrusia.

«De ninguna manera. Se está aumentando la capacidad de los fabricantes rusos de la vacuna… Esto nos permite estar seguros de que en los días del año que quedan y en las primeras semanas del próximo año la producción se incrementará», destacó.

Según informó hoy el Centro Levada, un 58 % de los rusos no está dispuesto a vacunarse por el momento, sea porque quieren esperar a los resultados definitivos de los ensayos clínicos o porque temen los efectos adversos.

Sólo un 38 % se muestra impaciente por inocularse cuanto antes, mientras un 57 % de los encuestados teme contraer el coronavirus.

Murashko subrayó que los últimos análisis confirmaron que el uso de Sputnik V no representa ningún riesgo para las personas mayores.

Al respecto, el Fondo de Inversiones Directas, encargado de la venta de la vacuna rusa, destacó hoy que los ensayos clínicos mostraron una eficacia «mayor del 90 %» en dicho segmento de edad.

En las redes sociales muchos rusos se han quejado de que Moscú suministre masivamente la vacuna a otros países antes que a sus propios ciudadanos.

En respuesta, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, anunció el sábado que el Gobierno suministrará casi 6,5 millones de dosis de Sputnik V a sus centros médicos en enero y febrero de 2021.

La Sputnik V mostró una eficacia del 91,4 % en el último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos, datos que, según sus creadores, «permiten afirmar con seguridad que es altamente eficaz y totalmente segura para la salud».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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