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Quién es quién en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano

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(EUROPA PRESS) El Juzgado Central de lo Penal comienza este lunes, 15 de enero, a juzgar a empresarios y a la excúpula del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) liderado por el ‘expresident’ Francisco Camps por la presunta financiación ilegal de la formación en el marco de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, cuyos actos fueron realizados por la trama Gürtel.

A continuación se detalla el listado de las 20 personas acusadas, sus cargos, los delitos y la petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción.

— GRUPO CORREA

FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ.- Empresario y ‘cabecilla’ de la trama Gürtel. Fiscalía pide para él 24 años y medio de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y siete delitos contra la Hacienda Pública.

PABLO CRESPO SABARÍS.- Número dos de la trama Gürtel y exsecretario de Organización del PP en Galicia. Fiscalía pide para él 24 años y medio de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y siete delitos contra la Hacienda Pública.

ÁLVARO PÉREZ ALONSO, ‘EL BIGOTES’.- Responsable de la empresa Orange Market. Fiscalía pide para él 27 años de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

CÁNDIDO HERERRO MARTÍNEZ.- Consejero delegado y contable de Orange Market. Fiscalía pide para él 19 años y medio de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y cinco delitos contra la Hacienda Pública.

JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN.- Asesor de Francisco Correa y considerado el ‘cerebro’ financiero de la trama*Gürtel. Fiscalía pide para él 17 años y medio de prisión por siete delitos fiscales.

— EX ALTOS CARGOS DEL PP DE VALENCIA

VICENTE RAMBLA MOMPLET.- Exvicepresidente de la Comunidad Valenciana. Fiscalía pide para él siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

RICARDO COSTA CLIMENT.- Exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y exdiputado regional. Fiscalía pide para él siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

CRISTINA IBÁÑEZ VIDAL.- Exgerente del PP de la Comunidad Valenciana. Fiscalía pide para ella siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

DAVID SERRA CERVERA.- Exvicesecretario de Organización y exdiputado regional. Fiscalía pide para él siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

YOLANDA GARCÍA SANTOS.- Extesorera del PP de la Comunidad Valenciana y exdiputada regional. Fiscalía pide para ella seis meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008.

— EMPRESARIOS QUE HAN PACTADO

GABRIEL ALBERTO BATALLA REIGADA.- Administrador del grupo Lubasa Desarrollos Inmobiliarios. Ha aceptado la pena de un año y 9 meses por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

ENRIQUE GIMENO ESCRIG.- Administrador de Facsa y Aguas de Castellón. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

ANTONIO PONS DOLS.- Consejero de Piaf S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

ALEJANDRO PONS DOLS.- Consejero de Piaf S.L. Ha aceptado la pena de 1 año y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

TOMÁS MARTÍNEZ BERNA.- Consejero de Padelsa Infraestructuras S.A., secretario del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras S.A. y consejero del Grupo Villalba S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y un delito de falsedad documental.

RAFAEL MARTÍNEZ BERNA.- Consejero delegado de Padelsa Infraestructuras S.A., presidente del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras S.A. y consejero del Grupo Villalba S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y un delito de falsedad documental.

ENRIQUE TOMÁS ORTÍZ SELFA.- Dueño del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

JOSÉ FRANCISCO BEVÍA GARCÍA.- ‘Número dos’ del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

VICENTE COTINO ESCRIBÁ.- Sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y presidente del Consejo de Adminsitración de Sedesa Inversiones S.L. Sedesa Obras y Servicios S.A. y de Fundación Sedesa. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

JOSÉ ENRIQUE FRESQUET MARTÍNEZ.- Consejero de Padelsa Infraestructuras S.A. Le acusa la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano y pide para él un año y seis meses de prisión.

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Confirmado por el BOE: la nueva reducción en las nóminas que entrará en vigor el 1 de enero de 2026

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado un nuevo ajuste en las cotizaciones sociales que afectará directamente a los trabajadores españoles a partir del 1 de enero de 2026. Se trata del aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida diseñada para reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y alimentar la conocida “hucha de las pensiones”.

¿Qué es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)?

El MEI, en vigor desde 2023, se aplica como un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social. Su finalidad es acumular fondos que garanticen el pago de las pensiones en el futuro, especialmente ante la jubilación masiva de la generación del baby boom (nacidos entre 1958 y 1978). Hasta ahora, el recargo era del 0,6%, pero a partir del próximo año aumentará al 0,9%.

Cómo afectará este cambio a las nóminas

Este incremento supondrá una ligera reducción en el salario neto mensual. La deducción se dividirá entre empresa y trabajador:

  • Trabajador: pasará del 0,13% al 0,15%.
  • Empresa: pasará del 0,5% al 0,75%.

Por ejemplo:

  • Un empleado con una base máxima de cotización (63.180 € anuales) verá una deducción total de 94,77 € al año, es decir, unos 7,9 € mensuales menos.
  • En el caso de un salario anual de 28.000 €, la reducción será de unos 42 € anuales, alrededor de 3,5 € al mes.

El descuento aparecerá automáticamente en la nómina bajo el concepto “Contingencias comunes – MEI”, sin que el trabajador deba realizar ningún trámite adicional.

No afectará a la futura pensión

Aunque el MEI implica una mayor cotización, no influye en el cálculo de la pensión futura, ya que su función es puramente recaudatoria para el Fondo de Reserva.

Evolución prevista del MEI hasta 2029

El porcentaje de cotización continuará aumentando progresivamente en los próximos años, de acuerdo con el calendario establecido por el Gobierno:

  • 2027: 0,17% trabajador / 0,83% empresa
  • 2028: 0,18% trabajador / 0,92% empresa
  • Desde 2029: 0,20% trabajador / 1% empresa

En resumen

A partir del 1 de enero de 2026, los trabajadores notarán una pequeña reducción en su nómina —de entre 1,8 y 3,7 euros mensuales en la mayoría de los casos— derivada del aumento del MEI. Aunque este ajuste no repercute directamente en las pensiones individuales, su objetivo es asegurar la viabilidad del sistema público de jubilación en las próximas décadas.

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