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Reacciones políticas a la condena de Alfonso Grau

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El alcalde de València en funciones, Joan Ribó, ha señalado este jueves, respecto a la pena de cuatro años de cárcel impuesta al vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia, que «es grave» ver que uno de los máximos responsables del consistorio «hace cuatro años, esté condenado» a prisión. «Me parece que es una situación grave, una situación que hemos de lamentar», ha confesado Ribó.

Asimismo, el también candidato de Compromís a la reelección ha lamentado que el nombre de la capital valenciana salga de nuevo en los medios de comunicación no «por las cosas positivas» sino por una circunstancia como la citada. Según ha destacado el edil en funciones de València, el consistorio trabajará «para que se devuelva todo el dinero» y ha subrayado que no trabajará con «empresas que utilizan mecanismos no legales para la contratación».

Joan Ribó ha subrayado que el actual Ayuntamiento de València tiene «unas normas de contratación» que establecen que «si hubiera alguna empresa implicada directamente» en asuntos como el que ha llevado a la condena a Grau no se podría trabajar con ellas. «Esto se debe dejar claro cuando la sentencia sea firme. Nosotros no queremos trabajar con empresas que usan estos métodos en el Ayuntamiento. Rechazamos cualquier tipo de mecanismo de corrupción», ha asegurado el líder de Compromís.

Por otro lado, Isabel Bonig, la presidenta del PP valenciano también ha expesado su opinión al respecto. «Si hay una condena, siempre respetamos las decisiones judiciales, también las que son malas para el PP», ha manifestado este jueves en su paso por Les Corts.

Tras subrayar que Grau «ya no forma parte del PP» y que la sentencia no es firme, Bonig ha garantizado que nunca diría que «una actuación judicial o policial es excesiva», mientras ha criticado que «el PSPV y Compromís sí que lo han dicho». «Cuando era contra el PP era fantástico y cuando era contra el presidente de la Diputación de Valencia –el exsocialista Jorge Rodríguez– era exagerado», ha ilustrado.

 

Fuente: Europa Press

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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