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Reacciones políticas a la condena de Alfonso Grau

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Alfonso Grau sentencia

El alcalde de València en funciones, Joan Ribó, ha señalado este jueves, respecto a la pena de cuatro años de cárcel impuesta al vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia, que «es grave» ver que uno de los máximos responsables del consistorio «hace cuatro años, esté condenado» a prisión. «Me parece que es una situación grave, una situación que hemos de lamentar», ha confesado Ribó.

Asimismo, el también candidato de Compromís a la reelección ha lamentado que el nombre de la capital valenciana salga de nuevo en los medios de comunicación no «por las cosas positivas» sino por una circunstancia como la citada. Según ha destacado el edil en funciones de València, el consistorio trabajará «para que se devuelva todo el dinero» y ha subrayado que no trabajará con «empresas que utilizan mecanismos no legales para la contratación».

Joan Ribó ha subrayado que el actual Ayuntamiento de València tiene «unas normas de contratación» que establecen que «si hubiera alguna empresa implicada directamente» en asuntos como el que ha llevado a la condena a Grau no se podría trabajar con ellas. «Esto se debe dejar claro cuando la sentencia sea firme. Nosotros no queremos trabajar con empresas que usan estos métodos en el Ayuntamiento. Rechazamos cualquier tipo de mecanismo de corrupción», ha asegurado el líder de Compromís.

Por otro lado, Isabel Bonig, la presidenta del PP valenciano también ha expesado su opinión al respecto. «Si hay una condena, siempre respetamos las decisiones judiciales, también las que son malas para el PP», ha manifestado este jueves en su paso por Les Corts.

Tras subrayar que Grau «ya no forma parte del PP» y que la sentencia no es firme, Bonig ha garantizado que nunca diría que «una actuación judicial o policial es excesiva», mientras ha criticado que «el PSPV y Compromís sí que lo han dicho». «Cuando era contra el PP era fantástico y cuando era contra el presidente de la Diputación de Valencia –el exsocialista Jorge Rodríguez– era exagerado», ha ilustrado.

 

Fuente: Europa Press

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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