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Reacciones políticas a la condena de Alfonso Grau

Publicado

hace 6 años

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Alfonso Grau sentencia

El alcalde de València en funciones, Joan Ribó, ha señalado este jueves, respecto a la pena de cuatro años de cárcel impuesta al vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia, que «es grave» ver que uno de los máximos responsables del consistorio «hace cuatro años, esté condenado» a prisión. «Me parece que es una situación grave, una situación que hemos de lamentar», ha confesado Ribó.

Asimismo, el también candidato de Compromís a la reelección ha lamentado que el nombre de la capital valenciana salga de nuevo en los medios de comunicación no «por las cosas positivas» sino por una circunstancia como la citada. Según ha destacado el edil en funciones de València, el consistorio trabajará «para que se devuelva todo el dinero» y ha subrayado que no trabajará con «empresas que utilizan mecanismos no legales para la contratación».

Joan Ribó ha subrayado que el actual Ayuntamiento de València tiene «unas normas de contratación» que establecen que «si hubiera alguna empresa implicada directamente» en asuntos como el que ha llevado a la condena a Grau no se podría trabajar con ellas. «Esto se debe dejar claro cuando la sentencia sea firme. Nosotros no queremos trabajar con empresas que usan estos métodos en el Ayuntamiento. Rechazamos cualquier tipo de mecanismo de corrupción», ha asegurado el líder de Compromís.

Por otro lado, Isabel Bonig, la presidenta del PP valenciano también ha expesado su opinión al respecto. «Si hay una condena, siempre respetamos las decisiones judiciales, también las que son malas para el PP», ha manifestado este jueves en su paso por Les Corts.

Tras subrayar que Grau «ya no forma parte del PP» y que la sentencia no es firme, Bonig ha garantizado que nunca diría que «una actuación judicial o policial es excesiva», mientras ha criticado que «el PSPV y Compromís sí que lo han dicho». «Cuando era contra el PP era fantástico y cuando era contra el presidente de la Diputación de Valencia –el exsocialista Jorge Rodríguez– era exagerado», ha ilustrado.

 

Fuente: Europa Press

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

Publicado

hace 2 horas

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24 noviembre, 2025

De

Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.

Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 

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