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Villarejo: «Al rey emérito le inyectaron hormonas femeninas para rebajarle la libido»

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rey hormonas femeninas

La última bomba que le ha explotado a la Casa Real viene por boca del excomisario José Manuel Villarejo, quien este miércoles hacía unas  explosivas declaraciones ante la Comisión sobre la ‘Operación Kitchen‘ del Congreso de los Diputados, donde ha hablado del rey Juan Carlos I, afirmando que le llegaron a inyectar «hormonas femeninas» e «inhibidores de la testosterona» con el objetivo de «rebajarle la libido».

«Lo que no se puede es envenenar a un señor con hormonas femeninas o con ataques a su libido porque es un problema de Estado«, ha reprochado Villarejo, que ha confirmando, a preguntas de Gabriel Rufián, que se refería al monarca emérito. «Se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan ardiente, por así decirlo».

Pero además, durante su comparecencia Villarejo ha defendido que hay pruebas de estas supuestas inyecciones al emérito: «Hay una grabación de la señora Larsen que lo cuenta y, además, hay unos informes médicos de una clínica donde, entre otras cosas, me encargaron a mí recuperarlos para que no hubiera rastro. Todo eso aportaré en el juicio».

Por su parte, el diputado de Bildu Jon Iñarritu le ha preguntado cuál fue exactamente su participación en esa presunta operación de administración de hormonas, a lo que Villarejo ha respondido que «ninguna», sino que supo de ello a través de la propia Corinna Larsen.

«Lo único que me pidieron fue recuperar algunos partes médicos, porque este señor fue sometido a una serie de exploraciones por un tumor que tuvo -que afortunadamente fue benigno- y ahí aparecieron restos de esos medicamentos«, ha asegurado, insistiendo en que se trataba de «inhibidores de testosterona y hormonas femeninas».

Aunque el excomisario ha dicho no saber quién se los facilitó. «No lo sé, de pronto un día esta señora, como le vio muy deprimido, le envió la medicación y fue a su médico de confianza y dijeron ‘¿quién le ha mandado esto?'», ha relatado.

Al ser preguntado sobre de qué conocía a Corinna, el expolicía ha afirmado en sede parlamentaria que en un principio no la conocía, sino que le «encargaron esta función». «Yo busqué la forma de acercarme a ella y de ganarme su confianza«, ha indicado.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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