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Villarejo: «Al rey emérito le inyectaron hormonas femeninas para rebajarle la libido»

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rey hormonas femeninas

La última bomba que le ha explotado a la Casa Real viene por boca del excomisario José Manuel Villarejo, quien este miércoles hacía unas  explosivas declaraciones ante la Comisión sobre la ‘Operación Kitchen‘ del Congreso de los Diputados, donde ha hablado del rey Juan Carlos I, afirmando que le llegaron a inyectar «hormonas femeninas» e «inhibidores de la testosterona» con el objetivo de «rebajarle la libido».

«Lo que no se puede es envenenar a un señor con hormonas femeninas o con ataques a su libido porque es un problema de Estado«, ha reprochado Villarejo, que ha confirmando, a preguntas de Gabriel Rufián, que se refería al monarca emérito. «Se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan ardiente, por así decirlo».

Pero además, durante su comparecencia Villarejo ha defendido que hay pruebas de estas supuestas inyecciones al emérito: «Hay una grabación de la señora Larsen que lo cuenta y, además, hay unos informes médicos de una clínica donde, entre otras cosas, me encargaron a mí recuperarlos para que no hubiera rastro. Todo eso aportaré en el juicio».

Por su parte, el diputado de Bildu Jon Iñarritu le ha preguntado cuál fue exactamente su participación en esa presunta operación de administración de hormonas, a lo que Villarejo ha respondido que «ninguna», sino que supo de ello a través de la propia Corinna Larsen.

«Lo único que me pidieron fue recuperar algunos partes médicos, porque este señor fue sometido a una serie de exploraciones por un tumor que tuvo -que afortunadamente fue benigno- y ahí aparecieron restos de esos medicamentos«, ha asegurado, insistiendo en que se trataba de «inhibidores de testosterona y hormonas femeninas».

Aunque el excomisario ha dicho no saber quién se los facilitó. «No lo sé, de pronto un día esta señora, como le vio muy deprimido, le envió la medicación y fue a su médico de confianza y dijeron ‘¿quién le ha mandado esto?'», ha relatado.

Al ser preguntado sobre de qué conocía a Corinna, el expolicía ha afirmado en sede parlamentaria que en un principio no la conocía, sino que le «encargaron esta función». «Yo busqué la forma de acercarme a ella y de ganarme su confianza«, ha indicado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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