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Valencia

Riba-roja sancionará con hasta 3.000 euros solicitar servicios sexuales en algunas zonas

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Riba-roja de Túria multas prostitución

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso histórico al aprobar la primera ordenanza municipal abolicionista contra la prostitución y la explotación sexual. Esta normativa, impulsada por el gobierno del PSPV con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox, y la abstención del PP, establece sanciones de hasta 3.000 euros para quienes demanden servicios sexuales en áreas sensibles como colegios, parques o lugares con baja visibilidad.

Un plan pionero para abolir la prostitución

La ordenanza forma parte del I Plan Abolicionista Municipal, aprobado en noviembre del año pasado, cuyo objetivo principal es eliminar la prostitución y otras formas de explotación sexual en el término municipal. Este enfoque busca proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

El texto aprobado subraya que, partiendo de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, se persigue erradicar la prostitución considerando víctimas a todas las mujeres en esta situación. Asimismo, sanciona la demanda como principal causa de la existencia de la prostitución y propone medidas integrales e inclusivas más allá del ámbito sancionador para garantizar la protección y reintegración de las mujeres afectadas.

Clasificación de infracciones y sanciones

La ordenanza divide las infracciones en tres categorías principales: leves, graves y muy graves, cada una con sanciones económicas proporcionales.

Infracciones leves

Se sancionará con multas de entre 500 y 750 euros acciones como:

  • Publicar, repartir o difundir publicidad que fomente el consumo de prostitución o turismo sexual.
  • Utilizar elementos del espacio público para la promoción de actividades relacionadas con la prostitución.

Infracciones graves

Las infracciones graves, que conllevan sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros, incluyen:

  • Solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, ya sea directa o indirectamente.
  • Pedir servicios sexuales para uso propio o de terceros.
  • Realizar actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios en el espacio público.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves, castigadas con multas de entre 1.500,01 y 3.000 euros, abarcan las conductas anteriores cuando ocurren en zonas cercanas a:

  • Centros educativos, culturales, festivos o deportivos.
  • Espacios públicos con alta afluencia de menores o condiciones de vulnerabilidad, como áreas con poca iluminación o aisladas.

Sanciones a menores y medidas alternativas

La ordenanza también aplica a menores de entre 14 y 18 años. En estos casos, las sanciones económicas pueden sustituirse por actividades de interés social y valor educativo para que comprendan la gravedad de sus acciones.

Plazos de prescripción

  • Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.
  • Las graves, a los 2 años.
  • Las muy graves, a los 3 años.

Declaraciones oficiales

La concejala de Igualdad de Riba-roja de Túria, Raquel Pamblanco, destacó:

“Esta ordenanza es un paso muy importante para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual. Nuestro plan abolicionista, pionero en España, ya ha sido reconocido por diversas instituciones públicas, situándonos como referentes en la defensa de los derechos humanos”.

Con esta medida, Riba-roja de Túria se posiciona como un modelo en la lucha contra la explotación sexual, reforzando la protección de las mujeres y fomentando una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

 

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Valencia

“La última vez que hablé con él, el agua le llegaba a las rodillas”

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“La última vez que hablé con él el agua le llegaba a las rodillas”: la estremecedora conversación de la hija de un usuario de teleasistencia durante la DANA en Valencia

La investigación judicial sobre la gestión de la devastadora DANA que golpeó la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales continúa aportando testimonios que reflejan la magnitud de la tragedia. La jueza que instruye el caso en Catarroja (Valencia) ha incorporado recientemente una nueva transcripción de llamadas registradas en el servicio de teleasistencia, un documento que vuelve a poner el foco en la desesperación vivida durante aquellas horas críticas.

Entre estas conversaciones destaca la mantenida por la hija de un hombre de movilidad reducida, usuario del sistema de teleasistencia, que quedó atrapado en su casa mientras el nivel del agua subía peligrosamente. Su relato es sobrecogedor.


Un anciano atrapado y una llamada que hiela la sangre

Según la transcripción, el propio usuario avisó primero al servicio de que el agua ya había entrado en su vivienda:

“Tengo medio metro de agua en casa”, comunicó.
La operadora le pidió que tratara de refugiarse en un lugar elevado mientras intentaba contactar con su hija.

Poco después, la operadora volvió a hablar con él para informarle de que su familiar estaba intentando llegar para rescatarlo. Sin embargo, la situación empeoraba a cada minuto.


La angustia de una hija que no puede llegar

La llamada entre la hija y la operadora refleja la impotencia de quienes trataban de llegar a sus seres queridos mientras las carreteras quedaban inutilizadas:

  • “Mi padre es de movilidad reducida, estamos atrapados en la carretera… No podemos acceder porque el agua… nos vamos a cubrir nosotros también.”

  • “Él está solo en la casa… la última vez que pude hablar con él dice que el agua le llegaba a las rodillas.”

La operadora, visiblemente desbordada por la situación, trata de tranquilizarla mientras reconoce la saturación del servicio:

“El 112 no coge el teléfono… Está toda Valencia igual.”

La comunicación se corta con la incertidumbre de no saber si el hombre continuaba a salvo.


 La jueza pide explicaciones: ¿hubo avisos previos?

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado a la Conselleria de Emergencias que, en un plazo máximo de tres días, informe si los centros de intermediación del servicio de teleasistencia recibieron alguna orden oficial los días 28 y 29 de octubre de 2024 para alertar a los usuarios —directamente o a través de sus familiares— del riesgo extremo asociado a la DANA.

Esta diligencia apunta a determinar si existieron fallos en los protocolos de aviso y prevención, una de las cuestiones clave en la investigación sobre la catástrofe.


Una tragedia que dejó huella en toda Valencia

La DANA del 29 de octubre de 2024 arrasó amplias zonas de la provincia, destruyó viviendas, aisló núcleos completos y provocó una emergencia sin precedentes. Los testimonios recopilados en la causa reflejan la falta de medios, la saturación de los servicios de emergencia y la angustia vivida en miles de hogares.


Conclusión

La estremecedora conversación entre esta hija y el servicio de teleasistencia se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación judicial. Más allá de los datos, muestra el lado más humano de una tragedia que dejó a cientos de familias a merced del agua y la incertidumbre.

La justicia busca ahora determinar si se actuó con la diligencia necesaria y si se pudieron evitar algunas de las consecuencias más fatales de una DANA que marcó un antes y un después en la Comunidad Valenciana.

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