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Valencia

Riba-roja sancionará con hasta 3.000 euros solicitar servicios sexuales en algunas zonas

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Riba-roja de Túria multas prostitución

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso histórico al aprobar la primera ordenanza municipal abolicionista contra la prostitución y la explotación sexual. Esta normativa, impulsada por el gobierno del PSPV con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox, y la abstención del PP, establece sanciones de hasta 3.000 euros para quienes demanden servicios sexuales en áreas sensibles como colegios, parques o lugares con baja visibilidad.

Un plan pionero para abolir la prostitución

La ordenanza forma parte del I Plan Abolicionista Municipal, aprobado en noviembre del año pasado, cuyo objetivo principal es eliminar la prostitución y otras formas de explotación sexual en el término municipal. Este enfoque busca proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

El texto aprobado subraya que, partiendo de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, se persigue erradicar la prostitución considerando víctimas a todas las mujeres en esta situación. Asimismo, sanciona la demanda como principal causa de la existencia de la prostitución y propone medidas integrales e inclusivas más allá del ámbito sancionador para garantizar la protección y reintegración de las mujeres afectadas.

Clasificación de infracciones y sanciones

La ordenanza divide las infracciones en tres categorías principales: leves, graves y muy graves, cada una con sanciones económicas proporcionales.

Infracciones leves

Se sancionará con multas de entre 500 y 750 euros acciones como:

  • Publicar, repartir o difundir publicidad que fomente el consumo de prostitución o turismo sexual.
  • Utilizar elementos del espacio público para la promoción de actividades relacionadas con la prostitución.

Infracciones graves

Las infracciones graves, que conllevan sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros, incluyen:

  • Solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, ya sea directa o indirectamente.
  • Pedir servicios sexuales para uso propio o de terceros.
  • Realizar actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios en el espacio público.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves, castigadas con multas de entre 1.500,01 y 3.000 euros, abarcan las conductas anteriores cuando ocurren en zonas cercanas a:

  • Centros educativos, culturales, festivos o deportivos.
  • Espacios públicos con alta afluencia de menores o condiciones de vulnerabilidad, como áreas con poca iluminación o aisladas.

Sanciones a menores y medidas alternativas

La ordenanza también aplica a menores de entre 14 y 18 años. En estos casos, las sanciones económicas pueden sustituirse por actividades de interés social y valor educativo para que comprendan la gravedad de sus acciones.

Plazos de prescripción

  • Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.
  • Las graves, a los 2 años.
  • Las muy graves, a los 3 años.

Declaraciones oficiales

La concejala de Igualdad de Riba-roja de Túria, Raquel Pamblanco, destacó:

“Esta ordenanza es un paso muy importante para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual. Nuestro plan abolicionista, pionero en España, ya ha sido reconocido por diversas instituciones públicas, situándonos como referentes en la defensa de los derechos humanos”.

Con esta medida, Riba-roja de Túria se posiciona como un modelo en la lucha contra la explotación sexual, reforzando la protección de las mujeres y fomentando una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

 

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Valencia

El móvil de Juanfran Pérez Llorca no muestra mensajes de WhatsApp con Mazón ni con Pradas el día de la dana

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Juanfran Pérez Llorca dana
El candidato del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su salida del juzgado de Catarroja para declarar en el juicio por la dana, a 21 de noviembre de 2025, en Catarroja - Jorge Gil - Europa Press

La investigación judicial sobre la gestión institucional durante la dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de València suma un nuevo capítulo. El teléfono móvil del candidato del PP a la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no registra ningún mensaje de WhatsApp con el president en funciones, Carlos Mazón, ni con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, el 29 de octubre de 2024, día en que se produjo la catástrofe meteorológica.

Así consta en el acta de cotejo elaborada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), tras revisar las fotografías aportadas por Pérez Llorca al juzgado, en las que se reflejan las conversaciones almacenadas en su terminal.

Las conversaciones aportadas: sin mensajes en la fecha crítica

La instructora ha incorporado a la causa tres capturas del dispositivo del dirigente popular:

1. Conversación con Emilio Argüeso

Una de las fotografías corresponde a un chat con el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, investigado en la causa. En esa imagen se observa únicamente el envío del contacto del alcalde de Algemesí, sin mensajes adicionales de ese día.

2. Conversación con Carlos Mazón

La segunda captura muestra la conversación entre Pérez Llorca y Carlos Mazón en WhatsApp. En ella no aparece ningún mensaje enviado ni recibido el 29 de octubre, justamente la fecha bajo análisis.

3. Conversación con Salomé Pradas

La tercera conversación corresponde a Salomé Pradas, también investigada. Tampoco figura ninguna comunicación entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre, por lo que ese día no hubo intercambio de mensajes registrado en el móvil.

La jueza ordena contrastar también las llamadas telefónicas

El pasado viernes, durante la declaración de Pérez Llorca como testigo, la magistrada ordenó que la LAJ cotejara todas las comunicaciones por WhatsApp entre él y Mazón, Pradas y Argüeso el día de la dana. Tras no hallarse mensajes en el dispositivo, la instructora dio un paso más.

Dado que el propio Pérez Llorca manifestó en su declaración estar conforme con el cotejo, la jueza le requirió aportar, en un plazo de cinco días, la factura detallada del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat —del que es alcalde— desde el cual realizó o recibió llamadas el 29 de octubre.

El objetivo es determinar:

  • Si las llamadas con Mazón a las 18:57 horas fueron entrantes o salientes.

  • Si las comunicaciones con Pradas a las 18:57, 18:58 y 18:59 fueron enviadas por él o recibidas.

  • La duración exacta de cada llamada.

  • El orden cronológico en que se produjeron.

Por qué los cotejos de llamadas y mensajes son clave en la investigación

La magistrada busca reconstruir con precisión la cronología de comunicaciones políticas durante las horas críticas de la danna, un aspecto que ha generado controversias por la falta de concordancia entre algunas declaraciones públicas y los datos objetivos aportados a la causa.

Saber qué llamadas se realizaron, en qué momento, y si hubo o no mensajes intercambiados puede ayudar a esclarecer:

  • Qué autoridades estaban coordinando actuaciones.

  • Quién asumió decisiones clave durante el episodio meteorológico.

  • Si existieron retrasos en las comunicaciones internas en un momento de emergencia extrema.

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