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Valencia

Riba-roja sancionará con hasta 3.000 euros solicitar servicios sexuales en algunas zonas

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Riba-roja de Túria multas prostitución

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso histórico al aprobar la primera ordenanza municipal abolicionista contra la prostitución y la explotación sexual. Esta normativa, impulsada por el gobierno del PSPV con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox, y la abstención del PP, establece sanciones de hasta 3.000 euros para quienes demanden servicios sexuales en áreas sensibles como colegios, parques o lugares con baja visibilidad.

Un plan pionero para abolir la prostitución

La ordenanza forma parte del I Plan Abolicionista Municipal, aprobado en noviembre del año pasado, cuyo objetivo principal es eliminar la prostitución y otras formas de explotación sexual en el término municipal. Este enfoque busca proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

El texto aprobado subraya que, partiendo de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, se persigue erradicar la prostitución considerando víctimas a todas las mujeres en esta situación. Asimismo, sanciona la demanda como principal causa de la existencia de la prostitución y propone medidas integrales e inclusivas más allá del ámbito sancionador para garantizar la protección y reintegración de las mujeres afectadas.

Clasificación de infracciones y sanciones

La ordenanza divide las infracciones en tres categorías principales: leves, graves y muy graves, cada una con sanciones económicas proporcionales.

Infracciones leves

Se sancionará con multas de entre 500 y 750 euros acciones como:

  • Publicar, repartir o difundir publicidad que fomente el consumo de prostitución o turismo sexual.
  • Utilizar elementos del espacio público para la promoción de actividades relacionadas con la prostitución.

Infracciones graves

Las infracciones graves, que conllevan sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros, incluyen:

  • Solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, ya sea directa o indirectamente.
  • Pedir servicios sexuales para uso propio o de terceros.
  • Realizar actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios en el espacio público.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves, castigadas con multas de entre 1.500,01 y 3.000 euros, abarcan las conductas anteriores cuando ocurren en zonas cercanas a:

  • Centros educativos, culturales, festivos o deportivos.
  • Espacios públicos con alta afluencia de menores o condiciones de vulnerabilidad, como áreas con poca iluminación o aisladas.

Sanciones a menores y medidas alternativas

La ordenanza también aplica a menores de entre 14 y 18 años. En estos casos, las sanciones económicas pueden sustituirse por actividades de interés social y valor educativo para que comprendan la gravedad de sus acciones.

Plazos de prescripción

  • Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.
  • Las graves, a los 2 años.
  • Las muy graves, a los 3 años.

Declaraciones oficiales

La concejala de Igualdad de Riba-roja de Túria, Raquel Pamblanco, destacó:

“Esta ordenanza es un paso muy importante para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual. Nuestro plan abolicionista, pionero en España, ya ha sido reconocido por diversas instituciones públicas, situándonos como referentes en la defensa de los derechos humanos”.

Con esta medida, Riba-roja de Túria se posiciona como un modelo en la lucha contra la explotación sexual, reforzando la protección de las mujeres y fomentando una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

 

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Valencia

Cambios en Emergencias: dimite un director general y se estudia relevo en la cúpula de la Generalitat Valenciana

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dimisión emergencias dana

Dimisión en la Dirección General de Innovación en Emergencias

La Conselleria de Emergencias e Interior atraviesa un proceso de renovación de su estructura organizativa después de que Raúl Quílez, director general de Innovación en Emergencias, haya presentado su renuncia al cargo.

Según fuentes del departamento, Quílez —quien recientemente declaró como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana— deja su puesto en un contexto de revisión interna y ajustes en la organización.


Posible relevo de la secretaria autonómica

Además, el Gobierno valenciano estudia la posible sustitución de la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, como parte de esta nueva fase de reorganización.

Las mismas fuentes señalan que estos movimientos responden a la necesidad de afrontar una nueva etapa tras el desgaste que implica la gestión continuada de emergencias durante todo el año.


Renovación progresiva en la estructura

El proceso de cambios ya había comenzado en los últimos meses con nuevas incorporaciones en puestos clave:

  • Erich Vanacloig asumió en diciembre la Dirección General de Seguridad Pública.
  • Andrés Balfagó se incorporó en enero como director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

Desde la Conselleria subrayan que “la gestión de las emergencias requiere un gran esfuerzo y una intensa dedicación los 365 días del año”, lo que genera un notable desgaste y hace necesario impulsar una renovación para mantener el nivel de exigencia.


Nueva etapa en Emergencias e Interior

Con estos movimientos, la Conselleria busca reforzar su capacidad de respuesta y adaptar su estructura a los retos actuales en materia de seguridad y gestión de crisis, en un momento en el que la coordinación institucional y la innovación operativa son consideradas prioritarias.


 

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