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Valencia

Riba-roja sancionará con hasta 3.000 euros solicitar servicios sexuales en algunas zonas

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Riba-roja de Túria multas prostitución

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso histórico al aprobar la primera ordenanza municipal abolicionista contra la prostitución y la explotación sexual. Esta normativa, impulsada por el gobierno del PSPV con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox, y la abstención del PP, establece sanciones de hasta 3.000 euros para quienes demanden servicios sexuales en áreas sensibles como colegios, parques o lugares con baja visibilidad.

Un plan pionero para abolir la prostitución

La ordenanza forma parte del I Plan Abolicionista Municipal, aprobado en noviembre del año pasado, cuyo objetivo principal es eliminar la prostitución y otras formas de explotación sexual en el término municipal. Este enfoque busca proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

El texto aprobado subraya que, partiendo de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, se persigue erradicar la prostitución considerando víctimas a todas las mujeres en esta situación. Asimismo, sanciona la demanda como principal causa de la existencia de la prostitución y propone medidas integrales e inclusivas más allá del ámbito sancionador para garantizar la protección y reintegración de las mujeres afectadas.

Clasificación de infracciones y sanciones

La ordenanza divide las infracciones en tres categorías principales: leves, graves y muy graves, cada una con sanciones económicas proporcionales.

Infracciones leves

Se sancionará con multas de entre 500 y 750 euros acciones como:

  • Publicar, repartir o difundir publicidad que fomente el consumo de prostitución o turismo sexual.
  • Utilizar elementos del espacio público para la promoción de actividades relacionadas con la prostitución.

Infracciones graves

Las infracciones graves, que conllevan sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros, incluyen:

  • Solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, ya sea directa o indirectamente.
  • Pedir servicios sexuales para uso propio o de terceros.
  • Realizar actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios en el espacio público.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves, castigadas con multas de entre 1.500,01 y 3.000 euros, abarcan las conductas anteriores cuando ocurren en zonas cercanas a:

  • Centros educativos, culturales, festivos o deportivos.
  • Espacios públicos con alta afluencia de menores o condiciones de vulnerabilidad, como áreas con poca iluminación o aisladas.

Sanciones a menores y medidas alternativas

La ordenanza también aplica a menores de entre 14 y 18 años. En estos casos, las sanciones económicas pueden sustituirse por actividades de interés social y valor educativo para que comprendan la gravedad de sus acciones.

Plazos de prescripción

  • Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.
  • Las graves, a los 2 años.
  • Las muy graves, a los 3 años.

Declaraciones oficiales

La concejala de Igualdad de Riba-roja de Túria, Raquel Pamblanco, destacó:

“Esta ordenanza es un paso muy importante para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual. Nuestro plan abolicionista, pionero en España, ya ha sido reconocido por diversas instituciones públicas, situándonos como referentes en la defensa de los derechos humanos”.

Con esta medida, Riba-roja de Túria se posiciona como un modelo en la lucha contra la explotación sexual, reforzando la protección de las mujeres y fomentando una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

 

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Valencia

La jueza de la dana cita a Feijóo como testigo: «Podría dar razón» de comentarios que pudo hacer Mazón el 29O

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Feijoo citado declaración dana

 


La jueza que instruye la investigación sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha citado como testigo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, según consta en un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La citación se produce a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, y responde a la necesidad de aclarar comentarios que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo haber realizado durante la crisis.

La magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza número 3) considera que Feijóo podría “dar razón de los comentarios” que Mazón hizo el 29 de octubre de 2024 a raíz de las conversaciones con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien está siendo investigada en estas diligencias.

En su resolución, la jueza remite al precedente de la Audiencia de Valencia, que había ordenado la citación de la periodista Maribel Vilaplana, quien se reunió con Mazón y negó tener conocimiento de lo que éste pudo haber comentado. En este caso, sin embargo, la magistrada subraya que existe una “certeza” derivada de las declaraciones públicas de Feijóo: “El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real”.

El auto también establece que Feijóo pueda presentar voluntariamente dentro de cinco días un listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos y WhatsApps recibidos de Carlos Mazón durante la jornada del 29 de octubre de 2024, en relación con la investigación sobre la gestión de la dana.

La citación de un líder nacional del PP para declarar como testigo subraya la relevancia política y jurídica del caso, que mantiene en el foco público la actuación de la Generalitat durante uno de los episodios de inundaciones más graves de la Comunitat Valenciana.


 

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