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Valencia

Riba-roja sancionará con hasta 3.000 euros solicitar servicios sexuales en algunas zonas

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Riba-roja de Túria multas prostitución

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso histórico al aprobar la primera ordenanza municipal abolicionista contra la prostitución y la explotación sexual. Esta normativa, impulsada por el gobierno del PSPV con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox, y la abstención del PP, establece sanciones de hasta 3.000 euros para quienes demanden servicios sexuales en áreas sensibles como colegios, parques o lugares con baja visibilidad.

Un plan pionero para abolir la prostitución

La ordenanza forma parte del I Plan Abolicionista Municipal, aprobado en noviembre del año pasado, cuyo objetivo principal es eliminar la prostitución y otras formas de explotación sexual en el término municipal. Este enfoque busca proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

El texto aprobado subraya que, partiendo de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, se persigue erradicar la prostitución considerando víctimas a todas las mujeres en esta situación. Asimismo, sanciona la demanda como principal causa de la existencia de la prostitución y propone medidas integrales e inclusivas más allá del ámbito sancionador para garantizar la protección y reintegración de las mujeres afectadas.

Clasificación de infracciones y sanciones

La ordenanza divide las infracciones en tres categorías principales: leves, graves y muy graves, cada una con sanciones económicas proporcionales.

Infracciones leves

Se sancionará con multas de entre 500 y 750 euros acciones como:

  • Publicar, repartir o difundir publicidad que fomente el consumo de prostitución o turismo sexual.
  • Utilizar elementos del espacio público para la promoción de actividades relacionadas con la prostitución.

Infracciones graves

Las infracciones graves, que conllevan sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros, incluyen:

  • Solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, ya sea directa o indirectamente.
  • Pedir servicios sexuales para uso propio o de terceros.
  • Realizar actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios en el espacio público.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves, castigadas con multas de entre 1.500,01 y 3.000 euros, abarcan las conductas anteriores cuando ocurren en zonas cercanas a:

  • Centros educativos, culturales, festivos o deportivos.
  • Espacios públicos con alta afluencia de menores o condiciones de vulnerabilidad, como áreas con poca iluminación o aisladas.

Sanciones a menores y medidas alternativas

La ordenanza también aplica a menores de entre 14 y 18 años. En estos casos, las sanciones económicas pueden sustituirse por actividades de interés social y valor educativo para que comprendan la gravedad de sus acciones.

Plazos de prescripción

  • Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.
  • Las graves, a los 2 años.
  • Las muy graves, a los 3 años.

Declaraciones oficiales

La concejala de Igualdad de Riba-roja de Túria, Raquel Pamblanco, destacó:

“Esta ordenanza es un paso muy importante para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual. Nuestro plan abolicionista, pionero en España, ya ha sido reconocido por diversas instituciones públicas, situándonos como referentes en la defensa de los derechos humanos”.

Con esta medida, Riba-roja de Túria se posiciona como un modelo en la lucha contra la explotación sexual, reforzando la protección de las mujeres y fomentando una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

 

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Sucesos

La menor violada en Valencia estaba con un joven en el baño cuando entraron otros tres: la presunta agresión se prolongó 40 minutos

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detenidos ontinyent transfobia

Detenidos tres menores por una presunta agresión sexual grupal a una menor en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres menores de 14 y 15 años como presuntos responsables de una agresión sexual grupal a una menor de 16 años. Los hechos habrían ocurrido el pasado 10 de febrero en el baño de un centro comercial de la ciudad.

En el suceso también habría participado un cuarto menor de 13 años que, debido a su edad, es inimputable y no ha sido arrestado.

Los hechos investigados

Según la información facilitada por fuentes policiales, la menor acudió al baño del centro comercial junto a uno de los jóvenes. De acuerdo con su testimonio, mantuvo inicialmente relaciones consentidas con él. Posteriormente, otros tres menores entraron en el baño y, siempre según su versión, se produjo la presunta agresión durante cerca de 40 minutos.

La víctima ha declarado que se negó a mantener relaciones con los otros implicados y que tampoco autorizó la grabación de lo ocurrido. Sin embargo, los hechos habrían sido registrados con un teléfono móvil.

Los investigados reconocen que hubo relaciones sexuales, aunque sostienen que fueron consentidas. La defensa mantiene además que no hubo penetración y que existen conversaciones previas que, según su versión, acreditarían el consentimiento.

Grabación y difusión del vídeo

Además del presunto delito de agresión sexual con penetración a menor de 16 años, los detenidos se enfrentan a un delito contra la intimidad y revelación de secretos por la supuesta grabación y difusión de las imágenes.

Días después de los hechos, la dirección del instituto tuvo conocimiento de que el vídeo estaba circulando entre alumnos del centro. Tras mantener una conversación con la menor, se activó el protocolo de actuación ante posibles casos de agresión sexual y se informó a las autoridades.

Actuaciones judiciales

Los arrestados fueron detenidos este lunes y pasaron al día siguiente a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha acordado como medidas cautelares:

  • Libertad vigilada.

  • Prohibición de comunicación con la víctima.

  • Orden de alejamiento que les impide acercarse a menos de 50 metros.

La investigación permanece abierta.


Actuación del GRUME

El GRUME es la unidad especializada de la Policía Nacional en la investigación de delitos en los que están implicados menores, tanto como presuntos autores como víctimas, actuando bajo la coordinación de la Fiscalía.

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar este tipo de hechos para activar los protocolos de protección y garantizar la asistencia a las víctimas.

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