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Valencia

Riba-roja sancionará con hasta 3.000 euros solicitar servicios sexuales en algunas zonas

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Riba-roja de Túria multas prostitución

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso histórico al aprobar la primera ordenanza municipal abolicionista contra la prostitución y la explotación sexual. Esta normativa, impulsada por el gobierno del PSPV con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox, y la abstención del PP, establece sanciones de hasta 3.000 euros para quienes demanden servicios sexuales en áreas sensibles como colegios, parques o lugares con baja visibilidad.

Un plan pionero para abolir la prostitución

La ordenanza forma parte del I Plan Abolicionista Municipal, aprobado en noviembre del año pasado, cuyo objetivo principal es eliminar la prostitución y otras formas de explotación sexual en el término municipal. Este enfoque busca proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

El texto aprobado subraya que, partiendo de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, se persigue erradicar la prostitución considerando víctimas a todas las mujeres en esta situación. Asimismo, sanciona la demanda como principal causa de la existencia de la prostitución y propone medidas integrales e inclusivas más allá del ámbito sancionador para garantizar la protección y reintegración de las mujeres afectadas.

Clasificación de infracciones y sanciones

La ordenanza divide las infracciones en tres categorías principales: leves, graves y muy graves, cada una con sanciones económicas proporcionales.

Infracciones leves

Se sancionará con multas de entre 500 y 750 euros acciones como:

  • Publicar, repartir o difundir publicidad que fomente el consumo de prostitución o turismo sexual.
  • Utilizar elementos del espacio público para la promoción de actividades relacionadas con la prostitución.

Infracciones graves

Las infracciones graves, que conllevan sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros, incluyen:

  • Solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, ya sea directa o indirectamente.
  • Pedir servicios sexuales para uso propio o de terceros.
  • Realizar actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios en el espacio público.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves, castigadas con multas de entre 1.500,01 y 3.000 euros, abarcan las conductas anteriores cuando ocurren en zonas cercanas a:

  • Centros educativos, culturales, festivos o deportivos.
  • Espacios públicos con alta afluencia de menores o condiciones de vulnerabilidad, como áreas con poca iluminación o aisladas.

Sanciones a menores y medidas alternativas

La ordenanza también aplica a menores de entre 14 y 18 años. En estos casos, las sanciones económicas pueden sustituirse por actividades de interés social y valor educativo para que comprendan la gravedad de sus acciones.

Plazos de prescripción

  • Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.
  • Las graves, a los 2 años.
  • Las muy graves, a los 3 años.

Declaraciones oficiales

La concejala de Igualdad de Riba-roja de Túria, Raquel Pamblanco, destacó:

“Esta ordenanza es un paso muy importante para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual. Nuestro plan abolicionista, pionero en España, ya ha sido reconocido por diversas instituciones públicas, situándonos como referentes en la defensa de los derechos humanos”.

Con esta medida, Riba-roja de Túria se posiciona como un modelo en la lucha contra la explotación sexual, reforzando la protección de las mujeres y fomentando una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

 

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Valencia

El precio del alquiler se dispara en la Comunitat Valenciana: así afectará a quienes acaben contrato en 2026

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La renovación del contrato de alquiler en 2026 para un hogar con una renta mediana tendría un impacto anual de 1.735 euros a precio de mercado en el conjunto de España. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana el encarecimiento llegaría a 2.686,05 euros anuales, de acuerdo con los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a los que ha tenido acceso Europa Press.

Según las cifras recabadas por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, los 632.369 contratos que finalizan en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas. Serían 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.

Comunidades con mayor subida del alquiler

Los cálculos del Ministerio apuntan a un encarecimiento medio de las rentas de alquiler en unos 1.735 euros, aunque las cifras son muy heterogéneas entre comunidades autónomas. El informe advierte de que en Baleares el encarecimiento alcanzaría los 4.615 euros, la cifra más elevada del país.

Las subidas más altas del alquiler por comunidades

  • Baleares: 4.615 euros

  • Comunitat Valenciana: 2.686,05 euros

  • Canarias: 2.267,44 euros

  • Comunidad de Madrid: 2.042,04 euros

  • Cantabria: 1.969,15 euros

  • Andalucía: 1.952,04 euros

  • La Rioja: 1.408,02 euros

  • Castilla-La Mancha: 1.130,81 euros

  • Asturias: 1.087,20 euros

  • Región de Murcia: 1.012,95 euros

Comunidades con subida inferior a 1.000 euros

Por debajo de los 1.000 euros se sitúan Galicia (980,37 euros), Extremadura (960,77 euros), Castilla y León (902,22 euros), Aragón (831,61 euros), Ceuta (784,07 euros) y Melilla (328,65 euros).

Territorios excluidos del cálculo

Cataluña queda excluida por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población. También se excluyen País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares por ser comunidades con régimen foral.

¿Cuántos contratos expiran en cada comunidad?

En cuanto a los contratos, el mayor número de expiraciones se da en Madrid (145.881), comunidad que también aglutina el mayor número de personas afectadas (404.090), según la estimación de contratos suscritos a partir de los datos extraídos del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.

Más de 62.500 contratos a expirar en la Comunitat Valenciana

Le siguen Cataluña (112.728 contratos y 300.984 personas), Andalucía (85.491 contratos y 213.728 afectados) y Comunitat Valenciana (62.523 contratos y 155.057 personas).

Un incremento constante del precio del alquiler desde 2020

Según los informes de precios de Idealista, entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el mercado del alquiler ha experimentado un incremento acumulado muy acentuado. A escala estatal, el precio ofertado para viviendas en alquiler ha pasado de 10,8 euros por metro cuadrado a 14,5 euros, lo que supone una subida del 34,3% de media.

Además, las estimaciones derivadas de los microdatos de la última Encuesta de Condiciones de Vida reflejan que el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de su renta disponible total al pago de la vivienda. Este dato es clave para analizar la capacidad real de los inquilinos y el impacto económico del mercado inmobiliario.

Sumar pide limitar la subida únicamente al IPC

Por todo ello, Sumar defiende una renovación automática de los contratos de alquiler que finalizan en los próximos meses con la única subida del IPC. El objetivo es proteger a los inquilinos ante la escalada de los precios y facilitar la estabilidad residencial.

Fuentes de Sumar han señalado a Europa Press que siguen a la espera de una respuesta del PSOE respecto a esta propuesta, que afectaría a más de un millón y medio de personas.

«Los datos muestran la necesidad de una intervención urgente del mercado de la vivienda y concretamente del mercado del alquiler. Es una emergencia y nuestra obligación es actuar frente a ella, no resignarnos», han remarcado.

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