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Valencia

Riba-roja sancionará con hasta 3.000 euros solicitar servicios sexuales en algunas zonas

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Riba-roja de Túria multas prostitución

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso histórico al aprobar la primera ordenanza municipal abolicionista contra la prostitución y la explotación sexual. Esta normativa, impulsada por el gobierno del PSPV con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox, y la abstención del PP, establece sanciones de hasta 3.000 euros para quienes demanden servicios sexuales en áreas sensibles como colegios, parques o lugares con baja visibilidad.

Un plan pionero para abolir la prostitución

La ordenanza forma parte del I Plan Abolicionista Municipal, aprobado en noviembre del año pasado, cuyo objetivo principal es eliminar la prostitución y otras formas de explotación sexual en el término municipal. Este enfoque busca proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

El texto aprobado subraya que, partiendo de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, se persigue erradicar la prostitución considerando víctimas a todas las mujeres en esta situación. Asimismo, sanciona la demanda como principal causa de la existencia de la prostitución y propone medidas integrales e inclusivas más allá del ámbito sancionador para garantizar la protección y reintegración de las mujeres afectadas.

Clasificación de infracciones y sanciones

La ordenanza divide las infracciones en tres categorías principales: leves, graves y muy graves, cada una con sanciones económicas proporcionales.

Infracciones leves

Se sancionará con multas de entre 500 y 750 euros acciones como:

  • Publicar, repartir o difundir publicidad que fomente el consumo de prostitución o turismo sexual.
  • Utilizar elementos del espacio público para la promoción de actividades relacionadas con la prostitución.

Infracciones graves

Las infracciones graves, que conllevan sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros, incluyen:

  • Solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, ya sea directa o indirectamente.
  • Pedir servicios sexuales para uso propio o de terceros.
  • Realizar actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios en el espacio público.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves, castigadas con multas de entre 1.500,01 y 3.000 euros, abarcan las conductas anteriores cuando ocurren en zonas cercanas a:

  • Centros educativos, culturales, festivos o deportivos.
  • Espacios públicos con alta afluencia de menores o condiciones de vulnerabilidad, como áreas con poca iluminación o aisladas.

Sanciones a menores y medidas alternativas

La ordenanza también aplica a menores de entre 14 y 18 años. En estos casos, las sanciones económicas pueden sustituirse por actividades de interés social y valor educativo para que comprendan la gravedad de sus acciones.

Plazos de prescripción

  • Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.
  • Las graves, a los 2 años.
  • Las muy graves, a los 3 años.

Declaraciones oficiales

La concejala de Igualdad de Riba-roja de Túria, Raquel Pamblanco, destacó:

“Esta ordenanza es un paso muy importante para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual. Nuestro plan abolicionista, pionero en España, ya ha sido reconocido por diversas instituciones públicas, situándonos como referentes en la defensa de los derechos humanos”.

Con esta medida, Riba-roja de Túria se posiciona como un modelo en la lucha contra la explotación sexual, reforzando la protección de las mujeres y fomentando una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

 

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Valencia

Las claves de la declaración de Jorge Suárez sobre la DANA: por qué se retrasó la alerta para salvar vidas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha ofrecido una de las declaraciones más esperadas en la investigación sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Su testimonio ante el juzgado de Catarroja ha destapado detalles inéditos sobre cómo se tomaron las decisiones críticas aquella tarde y por qué la alerta a la población —que podría haber evitado víctimas— se retrasó más de dos horas.

La jueza investiga ya a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su número dos, Emilio Argüeso, pero el relato de Suárez añade nuevos elementos que pueden resultar determinantes para esclarecer responsabilidades.


🕒 Cronología del día de la DANA: qué ocurrió y cuándo

Jorge Suárez ha presentado una cronología detallada de la tarde de la DANA, explicando paso a paso por qué el aviso masivo a la población no se envió cuando él lo propuso:

  • 17:15 h: Suárez plantea por primera vez enviar un aviso masivo al detectar imágenes de personas atrapadas en los tejados en Utiel y Requena. Lo hace incluso antes de la primera reunión operativa del Cecopi.

  • 17:38 h: Vuelve a insistir en activar el sistema ES-Alert, tras recibir información del Plan de Emergencia de la presa de Forata y del riesgo de una posible rotura.

  • 20:11 h: Finalmente se envía la primera alerta a los móviles. Para entonces, la situación ya se había desbordado en varios municipios.

  • 20:57 h: Se lanza un segundo mensaje, más específico, instando a subir a zonas altas.

Entre la primera propuesta y el envío efectivo pasaron casi tres horas, un lapso que podría haber resultado decisivo para muchas de las víctimas.


🔧 ¿Por qué se retrasó el ES-Alert? Las razones que expone Suárez

El testimonio del subdirector general de Emergencias revela tres causas principales que explican la demora:

1. Cambios lingüísticos exigidos por responsables políticos

Según Suárez, la consellera Salomé Pradas y el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, solicitaron modificar el mensaje en valenciano. Entre los cambios ordenados figuraban:

  • Quitar la tilde a la palabra “València”.

  • Sustituir “tipus” por “tipo”.

  • Cambiar “aquest” por “este”.

Estas correcciones —de carácter puramente formal— alargaron la redacción del mensaje y retrasaron el envío del aviso.

2. Dudas jurídicas por la expresión “permanezcan en sus casas”

Los responsables políticos debatieron si esa frase podía interpretarse como un confinamiento similar al de la pandemia. El equipo jurídico debía valorarlo, lo que supuso más tiempo de espera.

3. Intento de contactar con alcaldes afectados

A petición de varios cargos políticos, se trató de avisar directamente a alcaldes de municipios ribereños del río Magro, especialmente ante el riesgo elevado en torno a la presa de Forata.

Este proceso también retrasó el envío de la alerta masiva.


⚠️ El riesgo de la presa de Forata: un punto crítico en la declaración

Suárez ha explicado que uno de los “impactos más fuertes de la tarde” fue el aviso del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la posibilidad de pasar a un escenario 3 de rotura de la presa de Forata.

Según el testigo:

  • El plan de emergencia contemplaba alturas de agua de hasta seis o siete metros en varias poblaciones.

  • La prioridad era alertar a la población vulnerable cuanto antes.

Pese a ello, la alerta masiva siguió sin enviarse hasta horas después.


📺 Las imágenes del Cecopi: por qué se conservaron

Otro detalle relevante aportado por Suárez es que se decidió conservar las grabaciones de las cámaras del Cecopi durante la entrada de autoridades.

El motivo, según su testimonio:

  • El Cecopi es una “estructura crítica”.

  • Se entendió que había interés social en conservar las imágenes ante un episodio tan delicado.

Estas grabaciones fueron clave para reconstruir la llegada de altos cargos, incluido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyo horario de entrada no coincidía con las declaraciones públicas previas.


👥 Señalamientos cruzados y responsabilidades

La declaración de Suárez cobra especial relevancia porque:

  • Es el técnico de mayor rango presente aquella tarde.

  • Los responsables políticos habían derivado parte de la responsabilidad hacia él y otros técnicos.

  • Su testimonio contradice esas versiones y devuelve el foco a la cadena de decisiones políticas.

Suárez también ha explicado que su principal preocupación eran las personas atrapadas en tejados y el riesgo de hipotermia, lo que refuerza su insistencia en activar cuanto antes el Es-Alert.


🧑‍⚖️ Impacto judicial y político de estas revelaciones

El relato de Jorge Suárez puede marcar un antes y un después en la investigación. Sus palabras apuntan a que:

  1. Las decisiones críticas no fallaron por motivos técnicos, sino por debates y correcciones impuestos desde la esfera política.

  2. La alerta se habría podido emitir más de dos horas antes, lo que abre la puerta a responsabilidades penales.

  3. Varias muertes podrían haber sido evitadas con una reacción más rápida.

La jueza ya elevó la cifra oficial de víctimas mortales a 230, y la magnitud de esa tragedia convierte cada detalle del retraso en un elemento clave para determinar responsabilidades.


📝 Conclusión: una declaración que cambia la perspectiva del caso

La comparecencia de Jorge Suárez ofrece una visión interna precisa y detallada del caos, las dudas y los retrasos que marcaron la gestión de la DANA. Su versión presenta una imagen clara:

  • Hubo avisos internos tempranos.

  • Hubo capacidad de enviar alertas a tiempo.

  • Hubo obstáculos ajenos a la urgencia de la situación.

Ahora, la investigación judicial deberá determinar si esos retrasos fueron simples errores de coordinación o decisiones negligentes que agravaron la tragedia.

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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