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Valencia

Riba-roja sancionará con hasta 3.000 euros solicitar servicios sexuales en algunas zonas

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Riba-roja de Túria multas prostitución

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso histórico al aprobar la primera ordenanza municipal abolicionista contra la prostitución y la explotación sexual. Esta normativa, impulsada por el gobierno del PSPV con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox, y la abstención del PP, establece sanciones de hasta 3.000 euros para quienes demanden servicios sexuales en áreas sensibles como colegios, parques o lugares con baja visibilidad.

Un plan pionero para abolir la prostitución

La ordenanza forma parte del I Plan Abolicionista Municipal, aprobado en noviembre del año pasado, cuyo objetivo principal es eliminar la prostitución y otras formas de explotación sexual en el término municipal. Este enfoque busca proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

El texto aprobado subraya que, partiendo de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, se persigue erradicar la prostitución considerando víctimas a todas las mujeres en esta situación. Asimismo, sanciona la demanda como principal causa de la existencia de la prostitución y propone medidas integrales e inclusivas más allá del ámbito sancionador para garantizar la protección y reintegración de las mujeres afectadas.

Clasificación de infracciones y sanciones

La ordenanza divide las infracciones en tres categorías principales: leves, graves y muy graves, cada una con sanciones económicas proporcionales.

Infracciones leves

Se sancionará con multas de entre 500 y 750 euros acciones como:

  • Publicar, repartir o difundir publicidad que fomente el consumo de prostitución o turismo sexual.
  • Utilizar elementos del espacio público para la promoción de actividades relacionadas con la prostitución.

Infracciones graves

Las infracciones graves, que conllevan sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros, incluyen:

  • Solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, ya sea directa o indirectamente.
  • Pedir servicios sexuales para uso propio o de terceros.
  • Realizar actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios en el espacio público.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves, castigadas con multas de entre 1.500,01 y 3.000 euros, abarcan las conductas anteriores cuando ocurren en zonas cercanas a:

  • Centros educativos, culturales, festivos o deportivos.
  • Espacios públicos con alta afluencia de menores o condiciones de vulnerabilidad, como áreas con poca iluminación o aisladas.

Sanciones a menores y medidas alternativas

La ordenanza también aplica a menores de entre 14 y 18 años. En estos casos, las sanciones económicas pueden sustituirse por actividades de interés social y valor educativo para que comprendan la gravedad de sus acciones.

Plazos de prescripción

  • Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.
  • Las graves, a los 2 años.
  • Las muy graves, a los 3 años.

Declaraciones oficiales

La concejala de Igualdad de Riba-roja de Túria, Raquel Pamblanco, destacó:

“Esta ordenanza es un paso muy importante para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual. Nuestro plan abolicionista, pionero en España, ya ha sido reconocido por diversas instituciones públicas, situándonos como referentes en la defensa de los derechos humanos”.

Con esta medida, Riba-roja de Túria se posiciona como un modelo en la lucha contra la explotación sexual, reforzando la protección de las mujeres y fomentando una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

 

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Valencia

La jueza de la dana descarta «por ahora» citar de nuevo a Vilaplana y pregunta a Pradas si quiere volver a declarar

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Maribel Vilaplana juicio
La periodista Maribel Vilaplana en imagen de archivo-LEVANTE UD

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) – La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, descarta «por el momento» volver a citar a Maribel Vilaplana, periodista que comió con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la ríada, y ha preguntado a la exconsellera de Justicia e Interior, investigada en el procedimiento, si quiere volver a declarar –ya lo hizo hace unos meses–.

Así se desprende de un auto, facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3).

En su resolución, la jueza descarta «en el presente momento» volver a citar a declarar como testigo a la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y otra acusación particular.

La jueza de la dana cuestiona el reservado del Ventorro y abre la puerta a nuevas declaraciones

La jueza considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat. Ciudadanos realizó esta petición por considerar que la comunicadora pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre tras escuchar al dueño del restaurante El Ventorro y ver las fotografías aportadas a la causa sobre las dimensiones del reservado en el que comieron la periodista y Mazón.

En su resolución, la instructora señala que, «ciertamente, las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor».

No obstante, cree «necesario, antes de reiterar una declaración ya prestada» por Vilaplana, «oír al resto de las personas que pudieron tener conocimiento de aquellas manifestaciones que pudieron referirse al proceso de decisión en la remisión del mensaje Es-Alert, de las medidas de protección a la población, oír a los testigos que de manera similar a la sra. Vilaplana, pudieran haber tenido conocimiento de las manifestaciones que por el señor Carlos Mazón se pudieran haber efectuado respecto de ese proceso de decisión y cualesquiera otros destinados a proteger a la población».

La magistrada también rechaza la petición de que se investigue a la testigo por un delito de falso testimonio porque, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello «es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme».

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.

PRADAS Y SALVADOS

Por otro lado, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que se emitirá por el programa Salvados de La Sexta el próximo domingo, 30 de noviembre, la magistrada ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener «efecto en el proceso», ha de efectuarse con la «oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento», pues se trata de «una garantía para la propia investigada».

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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