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Ribó ante el juez por la encuesta fallera: «Es una denuncia con voluntad política»

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VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado «muy tranquilo» este lunes tras declarar como investigado a raíz de una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba porque cree que la causa tiene «una clara voluntad política».

Así se ha pronunciado Ribó a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València, a donde ha acudido a prestar declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 9 por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

Este juzgado abrió diligencias y citó al primer edil a declarar tras una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba, en concreto, por no facilitarle el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

A su salida de los juzgados, Ribó ha explicado que ha respondido a las preguntas del juez y el fiscal, pero ha rechazado hacer lo propio con las acusaciones, tanto del asesor municipal, como de los concejales del PP en el Ayuntamiento de València y del partido a nivel autonómico.

El alcalde se ha negado a responder a estas partes porque considera que están haciendo una «utilización espuria» de la Justicia y ha sostenido: «El juez tiene que decidir, pero estoy muy tranquilo porque es un tema que está muy claro».

A su juicio, se trata de una denuncia con la «clara voluntad política» de «intentar demostrar ante la sociedad algo imposible, que todos somos iguales». Así, ha recordado que el asesor del PP que presentó la denuncia está investigado por el presunto ‘pitufeo’ del caso Taula, el supuesto blanqueo de capitales llevado a cabo por el grupo municipal popular.

Además, ha puesto de relieve que el asesor del PP ya ha presentado alrededor de una veintena de denuncias contra miembros del gobierno local: «Hasta ahora todas archivadas y espero que esta también».

NO SE PLANTEA DIMITIR
Ribó ha defendido que «en el máximo de los casos» lo que se investiga en esta causa es «algo del mundo administrativo» porque, ha continuado, la negativa inicial a facilitar la documentación que solicitaba el grupo popular «es una cuestión basada jurídicamente en un informe del secretario del Ayuntamiento. Por ello, ha aseverado que «en ningún momento» se ha planteado dimitir.

Así, ha destacado que los actuales secretarios del consistorio, quienes son «los responsables de dar validez jurídica a las decisiones del alcalde y los concejales» son «los mismos que estaban cuando gobernaba el PP». «¿Se puede haber equivocado el secretario? Yo creo que no, sinceramente», ha agregado.

También ha señalado que se retrasó dar la información solicitada por el grupo popular porque «el reglamento prevé que en algunos casos se puede retrasar cuando por ejemplo no está acabado un expediente» y ha explicado que en este caso se hizo así «para facilitar la defensa ante una denuncia de Protección de Datos». «Es algo previsto por el reglamento del pleno y perfectamente avalado por el informe del secretario», ha argumentado.

Así, ha respondido a los periodistas sobre si ve «mala fe» en la denuncia que esta «no tiene nada que ver con un caso de corrupción».

Finalmente, los periodistas han preguntado a Ribó por el hecho de que haya acudido cerca de una hora y media antes de la hora en la que estaba citado, con lo que la presencia de medios todavía era muy limitada. Sobre esto, ha apuntado, con tono de humor, que normalmente almuerza antes de ponerse a trabajar. «En vez de almorzar en el Ayuntamiento he almorzado aquí, que está bueno», ha bromeado.

«HAY UNA FLAGRANTE NEGATIVA SIN JUSTIFICACIÓN»
Tras Ribó, el abogado del PPCV, personado en la causa, Jorge Carbó, ha explicado ante los medios que pedirán nuevas diligencias y que presten declaración tanto el secretario del consistorio como el concejal delegado porque «el alcalde dice que no tiene ninguna información».

El letrado ha criticado que «no hay ninguna justificación para que de retrase el acceso a un expediente electrónico», del que «solo hay que facilitar las claves de acceso».

«No tiene ningún sentido, él decía que no quería desvelar la estrategia de defensa del Ayuntamiento cuando el escrito de alegaciones ante Protección de Datos ya estaba presentado y la estrategia ya era conocida por el órgano administrativo», ha valorado, por lo que considera que el alcalde «no quiso facilitar la información al grupo municipal popular para evitar que pueda hacer una labor de oposición».

Igualmente, ha dicho no compartir la opinión de Ribó sobre que la denuncia busca hacer ver que todos son iguales: «Es una opinión personal que no comparto. Hay una flagrante negativa sin justificación ninguna».

Carbó ha negado que se trate de una cuestión administrativa: «Es penal y (Ribó) ha declarado como investigado a decisión del juez instructor, que si lo hubiera visto administrativo lo hubiera rechazado», ha concluido.

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Óscar Puente ofreció su dimisión a Sánchez tras el accidente de tren, pero el presidente la rechazó

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El ministro de Transportes puso su cargo a disposición del presidente tras el accidente ferroviario de Urda, que deja al menos 69 fallecidos, pero Sánchez consideró que su salida sería «injusta».

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo rechazó su dimisión al considerar que su salida en este momento sería «injusta».

El propio Puente ha desvelado este viernes, en una conversación informal con periodistas después de su comparecencia en la sede del Ministerio, que ofreció a Sánchez la posibilidad de abandonar el Gobierno tras el siniestro ocurrido este miércoles. El presidente, según ha explicado el ministro, le pidió que continuara al frente de Transportes.

La decisión confirma el respaldo de Moncloa al responsable de la política ferroviaria en uno de los momentos más delicados para el Gobierno, marcado por la magnitud de la tragedia y las investigaciones para esclarecer las causas del choque entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo.

Puente descarta dimitir y asegura que su deber es «dar la cara»

Durante su comparecencia de este viernes, Óscar Puente ha reiterado que no contempla abandonar el cargo y ha defendido que su manera de asumir responsabilidades es continuar al frente de la gestión de la crisis.

«Mi deber es estar al mando», ha trasladado el ministro, que considera que su responsabilidad ahora pasa por gestionar las consecuencias del accidente y ofrecer explicaciones mientras avanzan las investigaciones.

Puente ha insistido en que cuenta con la confianza de Pedro Sánchez, que le ha pedido permanecer en el Ejecutivo. El ministro ha descartado así una dimisión que había cobrado fuerza en el debate político tras las primeras declaraciones del presidente sobre la gravedad del siniestro.

Poco después del accidente, Sánchez calificó de «inasumible» que España acumulara dos accidentes ferroviarios mortales en un mismo año. Sus palabras alimentaron las especulaciones sobre una posible salida del titular de Transportes, aunque desde Moncloa ya habían asegurado que seguía contando con el respaldo del presidente.

La investigación apunta al centro de control de Adif en Atocha

En su intervención ante los medios, Puente ha señalado que los indicios apuntan a un posible fallo en el centro de control de Adif en Atocha, Madrid, como principal línea de investigación sobre el choque entre los dos trenes de alta velocidad.

El siniestro se produjo en el entorno de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un AVE de Renfe y un tren de Iryo que circulaban por la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se vieron implicados en la colisión.

No obstante, las causas definitivas del accidente todavía deben esclarecerse. La investigación tendrá que determinar qué ocurrió, por qué no se evitó el choque y si existieron fallos técnicos, operativos o de supervisión.

La tragedia ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido y depurar las posibles responsabilidades.

Por el momento, Sánchez ha optado por mantener a Puente en su puesto. El ministro, que llegó a ofrecer su salida del Ejecutivo, seguirá al frente de Transportes en plena crisis ferroviaria y con la investigación todavía abierta.

 

 

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