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Ribó ante el juez por la encuesta fallera: «Es una denuncia con voluntad política»

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VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado «muy tranquilo» este lunes tras declarar como investigado a raíz de una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba porque cree que la causa tiene «una clara voluntad política».

Así se ha pronunciado Ribó a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València, a donde ha acudido a prestar declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 9 por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

Este juzgado abrió diligencias y citó al primer edil a declarar tras una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba, en concreto, por no facilitarle el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

A su salida de los juzgados, Ribó ha explicado que ha respondido a las preguntas del juez y el fiscal, pero ha rechazado hacer lo propio con las acusaciones, tanto del asesor municipal, como de los concejales del PP en el Ayuntamiento de València y del partido a nivel autonómico.

El alcalde se ha negado a responder a estas partes porque considera que están haciendo una «utilización espuria» de la Justicia y ha sostenido: «El juez tiene que decidir, pero estoy muy tranquilo porque es un tema que está muy claro».

A su juicio, se trata de una denuncia con la «clara voluntad política» de «intentar demostrar ante la sociedad algo imposible, que todos somos iguales». Así, ha recordado que el asesor del PP que presentó la denuncia está investigado por el presunto ‘pitufeo’ del caso Taula, el supuesto blanqueo de capitales llevado a cabo por el grupo municipal popular.

Además, ha puesto de relieve que el asesor del PP ya ha presentado alrededor de una veintena de denuncias contra miembros del gobierno local: «Hasta ahora todas archivadas y espero que esta también».

NO SE PLANTEA DIMITIR
Ribó ha defendido que «en el máximo de los casos» lo que se investiga en esta causa es «algo del mundo administrativo» porque, ha continuado, la negativa inicial a facilitar la documentación que solicitaba el grupo popular «es una cuestión basada jurídicamente en un informe del secretario del Ayuntamiento. Por ello, ha aseverado que «en ningún momento» se ha planteado dimitir.

Así, ha destacado que los actuales secretarios del consistorio, quienes son «los responsables de dar validez jurídica a las decisiones del alcalde y los concejales» son «los mismos que estaban cuando gobernaba el PP». «¿Se puede haber equivocado el secretario? Yo creo que no, sinceramente», ha agregado.

También ha señalado que se retrasó dar la información solicitada por el grupo popular porque «el reglamento prevé que en algunos casos se puede retrasar cuando por ejemplo no está acabado un expediente» y ha explicado que en este caso se hizo así «para facilitar la defensa ante una denuncia de Protección de Datos». «Es algo previsto por el reglamento del pleno y perfectamente avalado por el informe del secretario», ha argumentado.

Así, ha respondido a los periodistas sobre si ve «mala fe» en la denuncia que esta «no tiene nada que ver con un caso de corrupción».

Finalmente, los periodistas han preguntado a Ribó por el hecho de que haya acudido cerca de una hora y media antes de la hora en la que estaba citado, con lo que la presencia de medios todavía era muy limitada. Sobre esto, ha apuntado, con tono de humor, que normalmente almuerza antes de ponerse a trabajar. «En vez de almorzar en el Ayuntamiento he almorzado aquí, que está bueno», ha bromeado.

«HAY UNA FLAGRANTE NEGATIVA SIN JUSTIFICACIÓN»
Tras Ribó, el abogado del PPCV, personado en la causa, Jorge Carbó, ha explicado ante los medios que pedirán nuevas diligencias y que presten declaración tanto el secretario del consistorio como el concejal delegado porque «el alcalde dice que no tiene ninguna información».

El letrado ha criticado que «no hay ninguna justificación para que de retrase el acceso a un expediente electrónico», del que «solo hay que facilitar las claves de acceso».

«No tiene ningún sentido, él decía que no quería desvelar la estrategia de defensa del Ayuntamiento cuando el escrito de alegaciones ante Protección de Datos ya estaba presentado y la estrategia ya era conocida por el órgano administrativo», ha valorado, por lo que considera que el alcalde «no quiso facilitar la información al grupo municipal popular para evitar que pueda hacer una labor de oposición».

Igualmente, ha dicho no compartir la opinión de Ribó sobre que la denuncia busca hacer ver que todos son iguales: «Es una opinión personal que no comparto. Hay una flagrante negativa sin justificación ninguna».

Carbó ha negado que se trate de una cuestión administrativa: «Es penal y (Ribó) ha declarado como investigado a decisión del juez instructor, que si lo hubiera visto administrativo lo hubiera rechazado», ha concluido.

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La Audiencia Nacional rechaza suspender el campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta

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La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de suspensión cautelarísima presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la instalación de un campamento de acogida para inmigrantes en el Puerto de Ceuta.

La decisión judicial permite al Gobierno continuar con la puesta en marcha del recinto, destinado a atender a las personas que llegaron a la ciudad autónoma durante la entrada masiva registrada a finales de julio.

El SUP había solicitado que se paralizara de forma inmediata la instalación al considerar que existían problemas relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos para los agentes. La Audiencia Nacional ha rechazado esta medida cautelarísima, aunque el fondo del recurso presentado por el sindicato todavía deberá resolverse.

Un campamento de 16.000 metros cuadrados

El recinto previsto en el Puerto de Ceuta ocupa alrededor de 16.000 metros cuadrados y está planteado como una solución temporal para aliviar la situación de acogida en la ciudad autónoma.

Según la información publicada sobre el proyecto, el espacio permitirá trasladar a parte de los inmigrantes que permanecen actualmente en otros puntos de Ceuta. Algunas fuentes sitúan en alrededor de 1.800 personas el colectivo que estaba previsto trasladar al campamento.

La resolución de la Audiencia Nacional permite continuar con el operativo mientras se tramita el procedimiento judicial. El Gobierno sostiene que el recinto dispone de las condiciones necesarias y que se adoptarán las medidas de seguridad correspondientes.

El recurso del Sindicato Unificado de Policía

El Sindicato Unificado de Policía recurrió la decisión de utilizar terrenos del puerto para instalar el campamento y pidió a la Audiencia Nacional que frenara su puesta en funcionamiento.

La organización policial había planteado sus objeciones principalmente por cuestiones de seguridad y prevención de riesgos. La decisión conocida este jueves no supone, sin embargo, que la Audiencia Nacional haya resuelto definitivamente el recurso: únicamente rechaza la suspensión cautelarísima solicitada por el SUP.

De esta forma, el Gobierno puede continuar con la instalación del campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta, a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.

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