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Ribó ante el juez por la encuesta fallera: «Es una denuncia con voluntad política»

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VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado «muy tranquilo» este lunes tras declarar como investigado a raíz de una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba porque cree que la causa tiene «una clara voluntad política».

Así se ha pronunciado Ribó a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València, a donde ha acudido a prestar declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 9 por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

Este juzgado abrió diligencias y citó al primer edil a declarar tras una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba, en concreto, por no facilitarle el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

A su salida de los juzgados, Ribó ha explicado que ha respondido a las preguntas del juez y el fiscal, pero ha rechazado hacer lo propio con las acusaciones, tanto del asesor municipal, como de los concejales del PP en el Ayuntamiento de València y del partido a nivel autonómico.

El alcalde se ha negado a responder a estas partes porque considera que están haciendo una «utilización espuria» de la Justicia y ha sostenido: «El juez tiene que decidir, pero estoy muy tranquilo porque es un tema que está muy claro».

A su juicio, se trata de una denuncia con la «clara voluntad política» de «intentar demostrar ante la sociedad algo imposible, que todos somos iguales». Así, ha recordado que el asesor del PP que presentó la denuncia está investigado por el presunto ‘pitufeo’ del caso Taula, el supuesto blanqueo de capitales llevado a cabo por el grupo municipal popular.

Además, ha puesto de relieve que el asesor del PP ya ha presentado alrededor de una veintena de denuncias contra miembros del gobierno local: «Hasta ahora todas archivadas y espero que esta también».

NO SE PLANTEA DIMITIR
Ribó ha defendido que «en el máximo de los casos» lo que se investiga en esta causa es «algo del mundo administrativo» porque, ha continuado, la negativa inicial a facilitar la documentación que solicitaba el grupo popular «es una cuestión basada jurídicamente en un informe del secretario del Ayuntamiento. Por ello, ha aseverado que «en ningún momento» se ha planteado dimitir.

Así, ha destacado que los actuales secretarios del consistorio, quienes son «los responsables de dar validez jurídica a las decisiones del alcalde y los concejales» son «los mismos que estaban cuando gobernaba el PP». «¿Se puede haber equivocado el secretario? Yo creo que no, sinceramente», ha agregado.

También ha señalado que se retrasó dar la información solicitada por el grupo popular porque «el reglamento prevé que en algunos casos se puede retrasar cuando por ejemplo no está acabado un expediente» y ha explicado que en este caso se hizo así «para facilitar la defensa ante una denuncia de Protección de Datos». «Es algo previsto por el reglamento del pleno y perfectamente avalado por el informe del secretario», ha argumentado.

Así, ha respondido a los periodistas sobre si ve «mala fe» en la denuncia que esta «no tiene nada que ver con un caso de corrupción».

Finalmente, los periodistas han preguntado a Ribó por el hecho de que haya acudido cerca de una hora y media antes de la hora en la que estaba citado, con lo que la presencia de medios todavía era muy limitada. Sobre esto, ha apuntado, con tono de humor, que normalmente almuerza antes de ponerse a trabajar. «En vez de almorzar en el Ayuntamiento he almorzado aquí, que está bueno», ha bromeado.

«HAY UNA FLAGRANTE NEGATIVA SIN JUSTIFICACIÓN»
Tras Ribó, el abogado del PPCV, personado en la causa, Jorge Carbó, ha explicado ante los medios que pedirán nuevas diligencias y que presten declaración tanto el secretario del consistorio como el concejal delegado porque «el alcalde dice que no tiene ninguna información».

El letrado ha criticado que «no hay ninguna justificación para que de retrase el acceso a un expediente electrónico», del que «solo hay que facilitar las claves de acceso».

«No tiene ningún sentido, él decía que no quería desvelar la estrategia de defensa del Ayuntamiento cuando el escrito de alegaciones ante Protección de Datos ya estaba presentado y la estrategia ya era conocida por el órgano administrativo», ha valorado, por lo que considera que el alcalde «no quiso facilitar la información al grupo municipal popular para evitar que pueda hacer una labor de oposición».

Igualmente, ha dicho no compartir la opinión de Ribó sobre que la denuncia busca hacer ver que todos son iguales: «Es una opinión personal que no comparto. Hay una flagrante negativa sin justificación ninguna».

Carbó ha negado que se trate de una cuestión administrativa: «Es penal y (Ribó) ha declarado como investigado a decisión del juez instructor, que si lo hubiera visto administrativo lo hubiera rechazado», ha concluido.

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El Congreso tumba los dos decretos de vivienda del Gobierno tras el rechazo de PP, Vox y Junts

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ley del alquiler
Vivienda en alquiler ARCHIVO OFFICIAL PRESS

El Congreso de los Diputados ha rechazado los dos reales decretos-ley de vivienda sometidos a convalidación en el pleno extraordinario celebrado este viernes. Al no obtener la mayoría necesaria, las normas no han sido convalidadas por la Cámara.

El efecto jurídico concreto sobre cada medida depende del contenido de los decretos y de su eventual tramitación parlamentaria. En términos generales, cuando un real decreto-ley no es convalidado, deja de producir efectos conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa aplicable, sin perjuicio de las situaciones jurídicas generadas durante el periodo en el que estuvo vigente.

El Congreso no convalida los dos decretos de vivienda

El primer decreto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. En la segunda votación, el resultado ha sido de 184 votos en contra y 166 a favor.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos. En el segundo decreto también se han opuesto otras formaciones, entre ellas el PNV y Coalición Canaria, según el resultado de la votación comunicado tras el pleno.

La falta de convalidación impide que ambos reales decretos-ley continúen aplicándose como normas de urgencia en los términos en los que fueron aprobados. No obstante, la consecuencia sobre contratos, procedimientos judiciales o situaciones iniciadas durante su vigencia debe determinarse conforme a las disposiciones transitorias, al contenido de cada decreto y a la interpretación de los órganos competentes.

Junts mantiene su rechazo a los decretos

El voto de Junts ha contribuido a que el Gobierno no alcanzara la mayoría necesaria para convalidar los textos. La formación catalana había reclamado la retirada de los decretos y la elaboración de una nueva propuesta que permitiera negociar las medidas de vivienda.

Junts ha cuestionado parte del contenido de las normas y ha defendido la necesidad de introducir modificaciones antes de plantear una nueva votación parlamentaria.

El Gobierno decidió mantener el debate y someter ambos reales decretos-ley a la consideración del pleno para su convalidación.

¿Qué medidas dejan de estar vigentes?

La no convalidación afecta a las medidas incorporadas específicamente en los dos reales decretos-ley, entre ellas las disposiciones sobre protección de determinados hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio y las previsiones relativas a la duración o prórroga extraordinaria de algunos contratos de alquiler.

También quedan afectadas las restantes modificaciones normativas incluidas en esos textos sobre vivienda y arrendamientos. Sin embargo, no desaparece toda la regulación estatal sobre estas materias: continúan vigentes las normas anteriores que no hayan sido modificadas o sustituidas por los decretos rechazados.

La aplicación práctica de la pérdida de vigencia puede variar según la medida concreta, la fecha en la que se inició cada procedimiento y las reglas transitorias previstas. Por ello, el rechazo parlamentario no permite afirmar automáticamente que todos los contratos o procedimientos afectados vuelvan a la situación anterior en idénticos términos.

El Gobierno deberá valorar nuevas iniciativas

El rechazo de los decretos obliga al Ejecutivo a valorar si presenta nuevas iniciativas legislativas y qué cambios introduce para intentar obtener una mayoría suficiente en el Congreso. Cualquier nueva medida deberá seguir el procedimiento parlamentario correspondiente y no tendrá efectos hasta su aprobación y entrada en vigor.

La vivienda continúa en el centro del debate político por la evolución de los precios del alquiler, la disponibilidad de viviendas y las dificultades de acceso para determinados colectivos.

La votación deja pendiente la negociación entre el Gobierno y los grupos parlamentarios sobre la protección de los hogares vulnerables, la regulación de los arrendamientos y el resto de medidas incluidas en los decretos que no han sido convalidados.

El Gobierno abre la puerta a un adelanto electoral si decaen los decretos de vivienda

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