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Ribó ante el juez por la encuesta fallera: «Es una denuncia con voluntad política»

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VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado «muy tranquilo» este lunes tras declarar como investigado a raíz de una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba porque cree que la causa tiene «una clara voluntad política».

Así se ha pronunciado Ribó a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València, a donde ha acudido a prestar declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 9 por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

Este juzgado abrió diligencias y citó al primer edil a declarar tras una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba, en concreto, por no facilitarle el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

A su salida de los juzgados, Ribó ha explicado que ha respondido a las preguntas del juez y el fiscal, pero ha rechazado hacer lo propio con las acusaciones, tanto del asesor municipal, como de los concejales del PP en el Ayuntamiento de València y del partido a nivel autonómico.

El alcalde se ha negado a responder a estas partes porque considera que están haciendo una «utilización espuria» de la Justicia y ha sostenido: «El juez tiene que decidir, pero estoy muy tranquilo porque es un tema que está muy claro».

A su juicio, se trata de una denuncia con la «clara voluntad política» de «intentar demostrar ante la sociedad algo imposible, que todos somos iguales». Así, ha recordado que el asesor del PP que presentó la denuncia está investigado por el presunto ‘pitufeo’ del caso Taula, el supuesto blanqueo de capitales llevado a cabo por el grupo municipal popular.

Además, ha puesto de relieve que el asesor del PP ya ha presentado alrededor de una veintena de denuncias contra miembros del gobierno local: «Hasta ahora todas archivadas y espero que esta también».

NO SE PLANTEA DIMITIR
Ribó ha defendido que «en el máximo de los casos» lo que se investiga en esta causa es «algo del mundo administrativo» porque, ha continuado, la negativa inicial a facilitar la documentación que solicitaba el grupo popular «es una cuestión basada jurídicamente en un informe del secretario del Ayuntamiento. Por ello, ha aseverado que «en ningún momento» se ha planteado dimitir.

Así, ha destacado que los actuales secretarios del consistorio, quienes son «los responsables de dar validez jurídica a las decisiones del alcalde y los concejales» son «los mismos que estaban cuando gobernaba el PP». «¿Se puede haber equivocado el secretario? Yo creo que no, sinceramente», ha agregado.

También ha señalado que se retrasó dar la información solicitada por el grupo popular porque «el reglamento prevé que en algunos casos se puede retrasar cuando por ejemplo no está acabado un expediente» y ha explicado que en este caso se hizo así «para facilitar la defensa ante una denuncia de Protección de Datos». «Es algo previsto por el reglamento del pleno y perfectamente avalado por el informe del secretario», ha argumentado.

Así, ha respondido a los periodistas sobre si ve «mala fe» en la denuncia que esta «no tiene nada que ver con un caso de corrupción».

Finalmente, los periodistas han preguntado a Ribó por el hecho de que haya acudido cerca de una hora y media antes de la hora en la que estaba citado, con lo que la presencia de medios todavía era muy limitada. Sobre esto, ha apuntado, con tono de humor, que normalmente almuerza antes de ponerse a trabajar. «En vez de almorzar en el Ayuntamiento he almorzado aquí, que está bueno», ha bromeado.

«HAY UNA FLAGRANTE NEGATIVA SIN JUSTIFICACIÓN»
Tras Ribó, el abogado del PPCV, personado en la causa, Jorge Carbó, ha explicado ante los medios que pedirán nuevas diligencias y que presten declaración tanto el secretario del consistorio como el concejal delegado porque «el alcalde dice que no tiene ninguna información».

El letrado ha criticado que «no hay ninguna justificación para que de retrase el acceso a un expediente electrónico», del que «solo hay que facilitar las claves de acceso».

«No tiene ningún sentido, él decía que no quería desvelar la estrategia de defensa del Ayuntamiento cuando el escrito de alegaciones ante Protección de Datos ya estaba presentado y la estrategia ya era conocida por el órgano administrativo», ha valorado, por lo que considera que el alcalde «no quiso facilitar la información al grupo municipal popular para evitar que pueda hacer una labor de oposición».

Igualmente, ha dicho no compartir la opinión de Ribó sobre que la denuncia busca hacer ver que todos son iguales: «Es una opinión personal que no comparto. Hay una flagrante negativa sin justificación ninguna».

Carbó ha negado que se trate de una cuestión administrativa: «Es penal y (Ribó) ha declarado como investigado a decisión del juez instructor, que si lo hubiera visto administrativo lo hubiera rechazado», ha concluido.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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