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Ribó ante el juez por la encuesta fallera: «Es una denuncia con voluntad política»

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VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado «muy tranquilo» este lunes tras declarar como investigado a raíz de una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba porque cree que la causa tiene «una clara voluntad política».

Así se ha pronunciado Ribó a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València, a donde ha acudido a prestar declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 9 por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

Este juzgado abrió diligencias y citó al primer edil a declarar tras una denuncia de un asesor del PP por negar a la oposición la información que le solicitaba, en concreto, por no facilitarle el expediente de la encuesta sobre las Fallas.

A su salida de los juzgados, Ribó ha explicado que ha respondido a las preguntas del juez y el fiscal, pero ha rechazado hacer lo propio con las acusaciones, tanto del asesor municipal, como de los concejales del PP en el Ayuntamiento de València y del partido a nivel autonómico.

El alcalde se ha negado a responder a estas partes porque considera que están haciendo una «utilización espuria» de la Justicia y ha sostenido: «El juez tiene que decidir, pero estoy muy tranquilo porque es un tema que está muy claro».

A su juicio, se trata de una denuncia con la «clara voluntad política» de «intentar demostrar ante la sociedad algo imposible, que todos somos iguales». Así, ha recordado que el asesor del PP que presentó la denuncia está investigado por el presunto ‘pitufeo’ del caso Taula, el supuesto blanqueo de capitales llevado a cabo por el grupo municipal popular.

Además, ha puesto de relieve que el asesor del PP ya ha presentado alrededor de una veintena de denuncias contra miembros del gobierno local: «Hasta ahora todas archivadas y espero que esta también».

NO SE PLANTEA DIMITIR
Ribó ha defendido que «en el máximo de los casos» lo que se investiga en esta causa es «algo del mundo administrativo» porque, ha continuado, la negativa inicial a facilitar la documentación que solicitaba el grupo popular «es una cuestión basada jurídicamente en un informe del secretario del Ayuntamiento. Por ello, ha aseverado que «en ningún momento» se ha planteado dimitir.

Así, ha destacado que los actuales secretarios del consistorio, quienes son «los responsables de dar validez jurídica a las decisiones del alcalde y los concejales» son «los mismos que estaban cuando gobernaba el PP». «¿Se puede haber equivocado el secretario? Yo creo que no, sinceramente», ha agregado.

También ha señalado que se retrasó dar la información solicitada por el grupo popular porque «el reglamento prevé que en algunos casos se puede retrasar cuando por ejemplo no está acabado un expediente» y ha explicado que en este caso se hizo así «para facilitar la defensa ante una denuncia de Protección de Datos». «Es algo previsto por el reglamento del pleno y perfectamente avalado por el informe del secretario», ha argumentado.

Así, ha respondido a los periodistas sobre si ve «mala fe» en la denuncia que esta «no tiene nada que ver con un caso de corrupción».

Finalmente, los periodistas han preguntado a Ribó por el hecho de que haya acudido cerca de una hora y media antes de la hora en la que estaba citado, con lo que la presencia de medios todavía era muy limitada. Sobre esto, ha apuntado, con tono de humor, que normalmente almuerza antes de ponerse a trabajar. «En vez de almorzar en el Ayuntamiento he almorzado aquí, que está bueno», ha bromeado.

«HAY UNA FLAGRANTE NEGATIVA SIN JUSTIFICACIÓN»
Tras Ribó, el abogado del PPCV, personado en la causa, Jorge Carbó, ha explicado ante los medios que pedirán nuevas diligencias y que presten declaración tanto el secretario del consistorio como el concejal delegado porque «el alcalde dice que no tiene ninguna información».

El letrado ha criticado que «no hay ninguna justificación para que de retrase el acceso a un expediente electrónico», del que «solo hay que facilitar las claves de acceso».

«No tiene ningún sentido, él decía que no quería desvelar la estrategia de defensa del Ayuntamiento cuando el escrito de alegaciones ante Protección de Datos ya estaba presentado y la estrategia ya era conocida por el órgano administrativo», ha valorado, por lo que considera que el alcalde «no quiso facilitar la información al grupo municipal popular para evitar que pueda hacer una labor de oposición».

Igualmente, ha dicho no compartir la opinión de Ribó sobre que la denuncia busca hacer ver que todos son iguales: «Es una opinión personal que no comparto. Hay una flagrante negativa sin justificación ninguna».

Carbó ha negado que se trate de una cuestión administrativa: «Es penal y (Ribó) ha declarado como investigado a decisión del juez instructor, que si lo hubiera visto administrativo lo hubiera rechazado», ha concluido.

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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