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Ribó se sube el sueldo y limita la dedicación exclusiva de los concejales de la oposición

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Joan Ribó, el alcalde de València ha aplicado una subida salarial del 2,5%, amparado en la Ley Montoro, de la que él es uno de los beneficiados. De esta forma, el Primer Edil percibirá durante la recién estrenada legislatura un bruto anual de 84.667 euros, frente a los 82.603 euros que cobraba los cuatro años anteriores.

También los concejales del Gobierno, formados por PSPV y Compromís, ven aumentado su sueldo ese 2,5%, cobrando un total de 68.171 euros brutos anuales, frene a los 66.508 euros que percibían. También los dos nuevos vicealcaldes aumentan sus nóminas. Sergi Campillo y Sandra Gómez cobrarán 81.280 euros al año en bruto.

Sin embargo, los concejales de la oposición han visto reducida su dedicación exclusiva y, por tanto, su nómina. algo que la portavoz del PP, María José Catalá, calificaba de «cacicada». Tan solo 25 ediles de la oposición tendrán dedicación exclusiva. Los que no la tenga, merma su nómina anual y percibirán 63.500 euros al año.

A este respecto, el responsable municipal ha explicado que el número de asesore que ahora se ha dado a la oposición «es el número de concejales que tiene multiplicado por 1,3». «Es un número de asesores totalmente suficiente para poder hacer la tarea de oposición», ha manifestado Joan Ribó.

Tras ello, el alcalde se ha referido también a los sueldos y a las dedicaciones exclusivas otorgadas para este nuevo mandato y ha afirmado que «es absolutamente normal» y «lógico».

En esta línea, ha comentado que como «se hace en muchos municipios, las dedicaciones exclusivas las tienen en primer lugar aquellas personas que están en el gobierno» y después, «la oposición». «Lo que no es razonable es que la oposición tenga exclusivas y no tenga exclusivas el gobierno», ha añadido.

Asimismo, Ribó ha apuntado que su equipo de gobierno no es responsable de la norma que regula esta cuestión y ha aludido al exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro. «Nosotros no somos los responsables de que alguno, Montoro cuando era ministro de Hacienda, recortara el número de dedicaciones exclusivas», ha expuesto en este sentido.

«NO TIENE MOTIVO PARA PROTESTAR»
El primer edil ha agregado que en el Ayuntamiento de València «lo que hemos hecho ha sido subir al máximo el salario de las dedicaciones no exclusivas» para que «no haya una discriminación significativa». «Quiero resaltar que la diferencia entre una dedicación normal y una exclusiva es poco menos del 10 por ciento. Por tanto, es una cantidad absolutamente razonable», ha insistido.

Con todo, Ribó ha considerado que la oposición municipal «no tiene motivo para protestar». «No hay ningún motivo razonable para protestar. Lo único que le pido es que compare con los resultados que hay por ahí, en muchos ayuntamientos, algunos del PP, y verá que lo que estamos haciendo es normal y se corresponde», ha subrayado.

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El Congreso rechaza prolongar el cierre de la Central Nuclear de Cofrentes: en juego 180.000 empleos y 450 millones de euros

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centrales nucleares prealerta de emergencia

El Pleno del Congreso ha rechazado la propuesta para prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Cofrentes, manteniendo así 2030 como fecha definitiva de su cierre. La decisión ha generado preocupación en el ámbito empresarial y político valenciano, dado el fuerte impacto económico y laboral que supondrá el apagado de la planta.


Un cierre con consecuencias económicas y laborales

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Valencia, el cierre de Cofrentes podría afectar a hasta 180.000 empleos, entre directos e indirectos, y repercutir en la actividad de más de 12.000 empresas de la Comunitat Valenciana.
Además, se calcula que el cese anticipado de la central implicará la pérdida de alrededor de 450 millones de euros en inversión prevista para los próximos años, así como una reducción significativa en la actividad económica de las comarcas del interior de Valencia.


Debate político sobre la energía nuclear

La propuesta de prolongar la actividad de Cofrentes fue impulsada por el Partido Popular, que defendía la necesidad de garantizar el suministro eléctrico y proteger el tejido industrial valenciano. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Gobierno y sus socios parlamentarios, mientras que Junts optó por abstenerse, lo que resultó determinante para mantener el cierre en 2030.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la medida responde al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece una transición ordenada hacia las energías renovables y el abandono progresivo de la energía nuclear en España.


Un futuro incierto para la zona y la industria valenciana

El cierre de Cofrentes plantea retos para la economía valenciana, especialmente en el sector industrial, que podría enfrentar mayores costes energéticos y una pérdida de competitividad. A su vez, el desmantelamiento de la central requerirá una planificación detallada para garantizar la seguridad, la gestión de residuos y la reubicación laboral de los trabajadores.

Mientras tanto, las administraciones locales y regionales piden que se implementen planes de reindustrialización y transición justa que permitan mantener el empleo y aprovechar el potencial energético de la Comunitat Valenciana con nuevas inversiones en energías renovables e innovación tecnológica.


El debate sobre Cofrentes sigue abierto: mientras unos defienden el cierre como un paso necesario hacia un modelo energético sostenible, otros alertan del impacto socioeconómico que supondrá para miles de familias y empresas valencianas.

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