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Valencia

Ribó blinda Ciutat Vella a partir de este miércoles

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multas vecinos ciutat vella valencia

València, 30 nov (EFE).- El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado convencido este martes de «los beneficios» del cierre al tráfico de Ciutat Vella para los vehículos que no dispongan de permiso serán «mucho mayores que los perjuicios que se puedan ocasionar».

Ribó ha señalado a los medios de comunicación que este 1 de diciembre se empezará a poner sanciones a «aquellas personas que, a pesar de toda la información y de todo el proceso» que se ha seguido en los últimos meses, «no se hayan acreditado adecuadamente».

El alcalde ha considerado que ha habido «un proceso de acreditaciones amplio», que se están gestionado todavía, y ha considerado que es «imprescindible tener este tipo de mecanismos de control» para cumplir con la demanda «de hace muchos años» de que Ciutat Vella sea «una zona solamente para las personas que viven allí o que tienen que hacer determinados servicios».

«Sé que al principio causará algún problema, como lo causó por ejemplo el no parar en el carril bus o eliminar determinadas plazas de aparcamiento por poner un carril bici», ha admitido el alcalde, quien no obstante ha defendido que en la movilidad «eso se gestiona rápidamente y se buscan otras salidas».

Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha advertido que el alcalde Ribó con la complicidad  de sus socios del PSOE, cerrará al tráfico con multas este miércoles las calles de Ciutat Vella. Lo hace sin diálogo  ni consenso como comerciantes, falleros y vecinos, no ha querido escuchar sus reivindicaciones de paralizar este cierre  a pesar de sus reiteradas peticiones tanto por escrito como en el mismo pleno de este mes.

 

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha denunciado del caos que puede suponer mañana el cierre que “es precipitado” y la medida “llega sin el consenso con quienes van a sufrirlo”.

 

Catalá ha pedido a Ribó que “aún estamos a tiempo de frenar la medida y consensuar las reivindicaciones de comerciantes, vecinos y falleros. Esta premura en implantar el cierre solo responde a un afán recaudatorio de Ribó y PSOE que como primera medida ya modificó los horarios de la ORA para cobrar tanto al mediodía por aparcar en Valencia y hasta las 21 horas”. 

 

 El Grupo Municipal Popular ha vuelto a exigir al Gobierno de Ribó y PSOE a escuchar a comerciantes, falleros y vecinos del centro histórico y paralizar el cierre con cámaras. La propia Interagrupación de Fallas de Valencia ha pedido diálogo pues están en riesgo la continuidad  42 fallas de la ciudad que tienen más de 7.000 falleros. Muchos comercios ya anuncian cierres por las dificultades de acceso para clientes y proveedores.

 

Catalá ha exigido al equipo de Gobierno que escuche a todas las partes antes de poner en marcha el cierre del centro y la imposición de las cámaras para evitar la muerte del centro histórico. “Sólo están pidiendo reunirse, no es un tema de principios de programa electoral, es muy sencillo: reunirse y acordar; no imposición y hago lo que considero. La medida afectará a 10.000 valencianos y ha recordado a Ribó y al PSOE que son el Gobierno de esos comerciantes, vecinos, profesores, alumnos y falleros que le están pidiendo que los escuche”.

 

Una campaña  informativa que llegó tarde y mal

 

Los populares afirman que  la campaña informativa del Gobierno de Ribó y PSOE ha llegado tarde y mal.  Se firmó el día 5 de noviembre el contrato para enviar cartas informativas a los conductores que hayan entrado en la zona de exclusión del tráfico y donde se advertiría que a partir del 1 de diciembre se pondrán ya multas.

Uno de los aspectos esenciales que los Populares han reclamado al Gobierno es dar más información a los vecinos y comerciantes sobre el corte de la circulación en la zona. Los populares insisten en que, en estos momentos y sin el consenso necesario.  “No es momento de más palos en la rueda a nuestros comerciantes, un centro en obras con cierre de dos aparcamientos públicos, la eliminación de 15 líneas que ya no llegan al centro y dificultades para acceder en taxi. Va a suponer más cierres y pérdidas de empleo. Valencia tiene casi 63.000 parados y desde el Gobierno de Ribó y PSOE ni se bajan impuestos y se blinda un centro para que no se pueda acceder ni con transporte público ni en vehículo particular”, apuntó Mundina.

 

La falta de aparcamiento en el centro de la ciudad es ya una realidad desde que llegó al Gobierno Ribó y el PSOE, solo los tres distritos de Ciutat Vella, L’Example y Extramurs del centro han perdido en este tiempo 4.259 plazas para estacionar en sus calles. Catalá ha señalado que “esto daña directamente al comercio y la hostelería del centro de la ciudad, ya que se une al cierre y la eliminación de trayectos de las líneas de la EMT que ya no llegan hasta el centro”.

 

El cierre del aparcamiento de Parcent (250 plazas) y  el cierre del parking de la plaza de la Reina (348 plazas) para su reforma, ha dejado al centro de la ciudad con cerca 600 plazas menos de aparcamientos públicos en el centro histórico.

 

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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