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Valencia

Ribó blinda Ciutat Vella a partir de este miércoles

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València, 30 nov (EFE).- El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado convencido este martes de «los beneficios» del cierre al tráfico de Ciutat Vella para los vehículos que no dispongan de permiso serán «mucho mayores que los perjuicios que se puedan ocasionar».

Ribó ha señalado a los medios de comunicación que este 1 de diciembre se empezará a poner sanciones a «aquellas personas que, a pesar de toda la información y de todo el proceso» que se ha seguido en los últimos meses, «no se hayan acreditado adecuadamente».

El alcalde ha considerado que ha habido «un proceso de acreditaciones amplio», que se están gestionado todavía, y ha considerado que es «imprescindible tener este tipo de mecanismos de control» para cumplir con la demanda «de hace muchos años» de que Ciutat Vella sea «una zona solamente para las personas que viven allí o que tienen que hacer determinados servicios».

«Sé que al principio causará algún problema, como lo causó por ejemplo el no parar en el carril bus o eliminar determinadas plazas de aparcamiento por poner un carril bici», ha admitido el alcalde, quien no obstante ha defendido que en la movilidad «eso se gestiona rápidamente y se buscan otras salidas».

Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha advertido que el alcalde Ribó con la complicidad  de sus socios del PSOE, cerrará al tráfico con multas este miércoles las calles de Ciutat Vella. Lo hace sin diálogo  ni consenso como comerciantes, falleros y vecinos, no ha querido escuchar sus reivindicaciones de paralizar este cierre  a pesar de sus reiteradas peticiones tanto por escrito como en el mismo pleno de este mes.

 

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha denunciado del caos que puede suponer mañana el cierre que “es precipitado” y la medida “llega sin el consenso con quienes van a sufrirlo”.

 

Catalá ha pedido a Ribó que “aún estamos a tiempo de frenar la medida y consensuar las reivindicaciones de comerciantes, vecinos y falleros. Esta premura en implantar el cierre solo responde a un afán recaudatorio de Ribó y PSOE que como primera medida ya modificó los horarios de la ORA para cobrar tanto al mediodía por aparcar en Valencia y hasta las 21 horas”. 

 

 El Grupo Municipal Popular ha vuelto a exigir al Gobierno de Ribó y PSOE a escuchar a comerciantes, falleros y vecinos del centro histórico y paralizar el cierre con cámaras. La propia Interagrupación de Fallas de Valencia ha pedido diálogo pues están en riesgo la continuidad  42 fallas de la ciudad que tienen más de 7.000 falleros. Muchos comercios ya anuncian cierres por las dificultades de acceso para clientes y proveedores.

 

Catalá ha exigido al equipo de Gobierno que escuche a todas las partes antes de poner en marcha el cierre del centro y la imposición de las cámaras para evitar la muerte del centro histórico. “Sólo están pidiendo reunirse, no es un tema de principios de programa electoral, es muy sencillo: reunirse y acordar; no imposición y hago lo que considero. La medida afectará a 10.000 valencianos y ha recordado a Ribó y al PSOE que son el Gobierno de esos comerciantes, vecinos, profesores, alumnos y falleros que le están pidiendo que los escuche”.

 

Una campaña  informativa que llegó tarde y mal

 

Los populares afirman que  la campaña informativa del Gobierno de Ribó y PSOE ha llegado tarde y mal.  Se firmó el día 5 de noviembre el contrato para enviar cartas informativas a los conductores que hayan entrado en la zona de exclusión del tráfico y donde se advertiría que a partir del 1 de diciembre se pondrán ya multas.

Uno de los aspectos esenciales que los Populares han reclamado al Gobierno es dar más información a los vecinos y comerciantes sobre el corte de la circulación en la zona. Los populares insisten en que, en estos momentos y sin el consenso necesario.  “No es momento de más palos en la rueda a nuestros comerciantes, un centro en obras con cierre de dos aparcamientos públicos, la eliminación de 15 líneas que ya no llegan al centro y dificultades para acceder en taxi. Va a suponer más cierres y pérdidas de empleo. Valencia tiene casi 63.000 parados y desde el Gobierno de Ribó y PSOE ni se bajan impuestos y se blinda un centro para que no se pueda acceder ni con transporte público ni en vehículo particular”, apuntó Mundina.

 

La falta de aparcamiento en el centro de la ciudad es ya una realidad desde que llegó al Gobierno Ribó y el PSOE, solo los tres distritos de Ciutat Vella, L’Example y Extramurs del centro han perdido en este tiempo 4.259 plazas para estacionar en sus calles. Catalá ha señalado que “esto daña directamente al comercio y la hostelería del centro de la ciudad, ya que se une al cierre y la eliminación de trayectos de las líneas de la EMT que ya no llegan hasta el centro”.

 

El cierre del aparcamiento de Parcent (250 plazas) y  el cierre del parking de la plaza de la Reina (348 plazas) para su reforma, ha dejado al centro de la ciudad con cerca 600 plazas menos de aparcamientos públicos en el centro histórico.

 

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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