Síguenos

Valencia

Ribó blinda Ciutat Vella a partir de este miércoles

Publicado

en

multas vecinos ciutat vella valencia

València, 30 nov (EFE).- El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado convencido este martes de «los beneficios» del cierre al tráfico de Ciutat Vella para los vehículos que no dispongan de permiso serán «mucho mayores que los perjuicios que se puedan ocasionar».

Ribó ha señalado a los medios de comunicación que este 1 de diciembre se empezará a poner sanciones a «aquellas personas que, a pesar de toda la información y de todo el proceso» que se ha seguido en los últimos meses, «no se hayan acreditado adecuadamente».

El alcalde ha considerado que ha habido «un proceso de acreditaciones amplio», que se están gestionado todavía, y ha considerado que es «imprescindible tener este tipo de mecanismos de control» para cumplir con la demanda «de hace muchos años» de que Ciutat Vella sea «una zona solamente para las personas que viven allí o que tienen que hacer determinados servicios».

«Sé que al principio causará algún problema, como lo causó por ejemplo el no parar en el carril bus o eliminar determinadas plazas de aparcamiento por poner un carril bici», ha admitido el alcalde, quien no obstante ha defendido que en la movilidad «eso se gestiona rápidamente y se buscan otras salidas».

Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha advertido que el alcalde Ribó con la complicidad  de sus socios del PSOE, cerrará al tráfico con multas este miércoles las calles de Ciutat Vella. Lo hace sin diálogo  ni consenso como comerciantes, falleros y vecinos, no ha querido escuchar sus reivindicaciones de paralizar este cierre  a pesar de sus reiteradas peticiones tanto por escrito como en el mismo pleno de este mes.

 

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha denunciado del caos que puede suponer mañana el cierre que “es precipitado” y la medida “llega sin el consenso con quienes van a sufrirlo”.

 

Catalá ha pedido a Ribó que “aún estamos a tiempo de frenar la medida y consensuar las reivindicaciones de comerciantes, vecinos y falleros. Esta premura en implantar el cierre solo responde a un afán recaudatorio de Ribó y PSOE que como primera medida ya modificó los horarios de la ORA para cobrar tanto al mediodía por aparcar en Valencia y hasta las 21 horas”. 

 

 El Grupo Municipal Popular ha vuelto a exigir al Gobierno de Ribó y PSOE a escuchar a comerciantes, falleros y vecinos del centro histórico y paralizar el cierre con cámaras. La propia Interagrupación de Fallas de Valencia ha pedido diálogo pues están en riesgo la continuidad  42 fallas de la ciudad que tienen más de 7.000 falleros. Muchos comercios ya anuncian cierres por las dificultades de acceso para clientes y proveedores.

 

Catalá ha exigido al equipo de Gobierno que escuche a todas las partes antes de poner en marcha el cierre del centro y la imposición de las cámaras para evitar la muerte del centro histórico. “Sólo están pidiendo reunirse, no es un tema de principios de programa electoral, es muy sencillo: reunirse y acordar; no imposición y hago lo que considero. La medida afectará a 10.000 valencianos y ha recordado a Ribó y al PSOE que son el Gobierno de esos comerciantes, vecinos, profesores, alumnos y falleros que le están pidiendo que los escuche”.

 

Una campaña  informativa que llegó tarde y mal

 

Los populares afirman que  la campaña informativa del Gobierno de Ribó y PSOE ha llegado tarde y mal.  Se firmó el día 5 de noviembre el contrato para enviar cartas informativas a los conductores que hayan entrado en la zona de exclusión del tráfico y donde se advertiría que a partir del 1 de diciembre se pondrán ya multas.

Uno de los aspectos esenciales que los Populares han reclamado al Gobierno es dar más información a los vecinos y comerciantes sobre el corte de la circulación en la zona. Los populares insisten en que, en estos momentos y sin el consenso necesario.  “No es momento de más palos en la rueda a nuestros comerciantes, un centro en obras con cierre de dos aparcamientos públicos, la eliminación de 15 líneas que ya no llegan al centro y dificultades para acceder en taxi. Va a suponer más cierres y pérdidas de empleo. Valencia tiene casi 63.000 parados y desde el Gobierno de Ribó y PSOE ni se bajan impuestos y se blinda un centro para que no se pueda acceder ni con transporte público ni en vehículo particular”, apuntó Mundina.

 

La falta de aparcamiento en el centro de la ciudad es ya una realidad desde que llegó al Gobierno Ribó y el PSOE, solo los tres distritos de Ciutat Vella, L’Example y Extramurs del centro han perdido en este tiempo 4.259 plazas para estacionar en sus calles. Catalá ha señalado que “esto daña directamente al comercio y la hostelería del centro de la ciudad, ya que se une al cierre y la eliminación de trayectos de las líneas de la EMT que ya no llegan hasta el centro”.

 

El cierre del aparcamiento de Parcent (250 plazas) y  el cierre del parking de la plaza de la Reina (348 plazas) para su reforma, ha dejado al centro de la ciudad con cerca 600 plazas menos de aparcamientos públicos en el centro histórico.

 

Advertisement
Click para comentar

Tienes que estar registrado para comentar Acceder

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

Publicado

en

Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.

Continuar leyendo