València, 30 nov (EFE).- El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado convencido este martes de «los beneficios» del cierre al tráfico de Ciutat Vella para los vehículos que no dispongan de permiso serán «mucho mayores que los perjuicios que se puedan ocasionar».
Ribó ha señalado a los medios de comunicación que este 1 de diciembre se empezará a poner sanciones a «aquellas personas que, a pesar de toda la información y de todo el proceso» que se ha seguido en los últimos meses, «no se hayan acreditado adecuadamente».
El alcalde ha considerado que ha habido «un proceso de acreditaciones amplio», que se están gestionado todavía, y ha considerado que es «imprescindible tener este tipo de mecanismos de control» para cumplir con la demanda «de hace muchos años» de que Ciutat Vella sea «una zona solamente para las personas que viven allí o que tienen que hacer determinados servicios».
«Sé que al principio causará algún problema, como lo causó por ejemplo el no parar en el carril bus o eliminar determinadas plazas de aparcamiento por poner un carril bici», ha admitido el alcalde, quien no obstante ha defendido que en la movilidad «eso se gestiona rápidamente y se buscan otras salidas».
Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha advertido que el alcalde Ribó con la complicidad de sus socios del PSOE, cerrará al tráfico con multas este miércoles las calles de Ciutat Vella. Lo hace sin diálogo ni consenso como comerciantes, falleros y vecinos, no ha querido escuchar sus reivindicaciones de paralizar este cierre a pesar de sus reiteradas peticiones tanto por escrito como en el mismo pleno de este mes.
La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha denunciado del caos que puede suponer mañana el cierre que “es precipitado” y la medida“llega sin el consenso con quienes van a sufrirlo”.
Catalá ha pedido a Ribó que“aún estamos a tiempo de frenar la medida y consensuar las reivindicaciones de comerciantes, vecinos y falleros. Esta premura en implantar el cierre solo responde a un afán recaudatorio de Ribó y PSOE que como primera medida ya modificó los horarios de la ORA para cobrar tanto al mediodía por aparcar en Valencia y hasta las 21 horas”.
El Grupo Municipal Popular ha vuelto a exigir al Gobierno de Ribó y PSOE a escuchar a comerciantes, falleros y vecinos del centro histórico y paralizar el cierre con cámaras. La propia Interagrupación de Fallas de Valencia ha pedido diálogo pues están en riesgo la continuidad 42 fallas de la ciudad que tienen más de 7.000 falleros. Muchos comercios ya anuncian cierres por las dificultades de acceso para clientes y proveedores.
Catalá ha exigido al equipo de Gobierno que escuche a todas las partes antes de poner en marcha el cierre del centro y la imposición de las cámaras para evitar la muerte del centro histórico. “Sólo están pidiendo reunirse, no es un tema de principios de programa electoral, es muy sencillo: reunirse y acordar; no imposición y hago lo que considero. La medida afectará a 10.000 valencianos y ha recordado a Ribó y al PSOE que son el Gobierno de esos comerciantes, vecinos, profesores, alumnos y falleros que le están pidiendo que los escuche”.
Una campaña informativa que llegó tarde y mal
Los populares afirman que la campaña informativa del Gobierno de Ribó y PSOE ha llegado tarde y mal. Se firmó el día 5 de noviembre el contrato para enviar cartas informativas a los conductores que hayan entrado en la zona de exclusión del tráfico y donde se advertiría que a partir del 1 de diciembre se pondrán ya multas.
Uno de los aspectos esenciales que los Populares han reclamado al Gobierno es dar más información a los vecinos y comerciantes sobre el corte de la circulación en la zona. Los populares insisten en que, en estos momentos y sin el consenso necesario. “No es momento de más palos en la rueda a nuestros comerciantes, un centro en obras con cierre de dos aparcamientos públicos, la eliminación de 15 líneas que ya no llegan al centro y dificultades para acceder en taxi. Va a suponer más cierres y pérdidas de empleo. Valencia tiene casi 63.000 parados y desde el Gobierno de Ribó y PSOE ni se bajan impuestos y se blinda un centro para que no se pueda acceder ni con transporte público ni en vehículo particular”, apuntó Mundina.
La falta de aparcamiento en el centro de la ciudad es ya una realidad desde que llegó al Gobierno Ribó y el PSOE, solo los tres distritos de Ciutat Vella, L’Example y Extramurs del centro han perdido en este tiempo 4.259 plazas para estacionar en sus calles. Catalá ha señalado que “esto daña directamente al comercio y la hostelería del centro de la ciudad, ya que se une al cierre y la eliminación de trayectos de las líneas de la EMT que ya no llegan hasta el centro”.
El cierre del aparcamiento de Parcent (250 plazas) y el cierre del parking de la plaza de la Reina (348 plazas) para su reforma, ha dejado al centro de la ciudad con cerca 600 plazas menos de aparcamientos públicos en el centro histórico.
Varios agentes de la Policía Nacional tras el crimen - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
El conserje del edificio, único testigo en la primera sesión, describe con detalle la vida privada de Alfonso López Benito
Este lunes ha comenzado en la Ciudad de la Justicia de València el juicio por el crimen del canónigo emérito de la Catedral de València, Alfonso López Benito, asesinado en enero de 2024 en el piso que le había cedido el Arzobispado en la calle Avellanas, en pleno centro histórico de la ciudad.
En el banquillo de los acusados se sienta Miguel Tomás V. N., un hombre sin hogar, único detenido y procesado por estos hechos. El caso será juzgado por un jurado popular compuesto por nueve titulares y dos suplentes, ya constituido tras una compleja selección marcada por numerosas excusas de los candidatos.
La Fiscalía sostiene que el acusado tuvo una “participación directa y decisiva”
Tras la constitución del jurado, el fiscal Antonio Gastaldi ha explicado su tesis acusatoria, manteniendo que el procesado estuvo en la vivienda el día de los hechos, facilitó la entrada al autor material del crimen y se aprovechó económicamente de la víctima. Aunque la Fiscalía ha rebajado su calificación inicial —de autor material a cooperador o cómplice—, insiste en que su implicación fue “directa, eficaz y decisiva”.
Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado Jorge Carbó, ha reclamado el respeto a la presunción de inocencia y ha denunciado una investigación policial “incompleta y sesgada”. Según Carbó, se señaló a un culpable desde el inicio y después se intentó ajustar la investigación a esa hipótesis, sin hallar pruebas concluyentes de la presencia del acusado en la vivienda.
El portero, único testigo: “Era muy frecuente que subieran chicos necesitados”
La primera sesión del juicio ha contado con un único testigo: el conserje del edificio de la calle Avellanas, quien ha ofrecido un relato minucioso de las costumbres sexuales del canónigo y del ambiente que rodeaba la vivienda.
Según su testimonio, Alfonso López Benito vivía solo desde finales de 2017, aunque ocasionalmente convivía con un hombre rumano que ejercía labores de protección frente a los jóvenes que acudían al piso. “Había etapas en las que subían muchos chicos, casi siempre personas muy necesitadas, con adicciones y en una situación muy vulnerable”, ha señalado.
El portero ha explicado que, en una etapa posterior, el sacerdote intentaba que los encuentros se produjeran fuera de su horario laboral para evitar conflictos con los vecinos, que estaban “hartos” de la situación.
“Le prometió 60 euros por sexo oral, pero solo le pagó 40”
Uno de los momentos más impactantes de la declaración ha sido el relato de un joven que bajó del piso llorando y visiblemente afectado. Según el testigo, el chico le confesó que el canónigo le había ofrecido 60 euros a cambio de una felación, pero que finalmente solo le pagó 40.
“Me dijo que aceptó por pura necesidad y que se sintió humillado”, ha recordado el conserje, quien también ha relatado amenazas y episodios de tensión protagonizados por algunos de los hombres que acudían a la vivienda.
El día del crimen: mensajes enviados desde el móvil del canónigo ya fallecido
El conserje también ha reconstruido el día en que se descubrió el cadáver, el 23 de enero de 2024. Esa mañana recibió un mensaje desde el teléfono del canónigo que no le resultó extraño, ya que mantenían cierta confianza. Sin embargo, horas después, un amigo íntimo del sacerdote acudió preocupado al edificio al no lograr contactar con él.
Ambos subieron al piso y, tras abrir con la llave, encontraron a Alfonso López Benito muerto en la cama, con signos evidentes de violencia. Poco después, el portero recibió un segundo mensaje desde el mismo teléfono: “Miguel, está todo bien”. “Fue aterrador: acababa de ver a una persona muerta y me estaba escribiendo”, ha declarado.
Un carácter difícil y una vida cada vez más aislada
El testigo ha descrito al canónigo como una persona de carácter complicado, con escasa relación con el Arzobispado y frecuentes críticas hacia la jerarquía eclesiástica. “Tenía un carácter jodido”, ha afirmado, recordando también conflictos con vecinos durante la pandemia por su negativa a usar mascarilla.
A pesar de mantener una relación cordial con él, el conserje ha reconocido que le producía “asco” la situación que vivía el sacerdote y que se prolongó durante años sin que nadie pusiera freno.
El juicio continuará hasta el 3 de febrero
Tras esta primera sesión, el magistrado ha dado por concluida la jornada y ha citado al jurado para continuar este martes. El acusado, que se ha mostrado tranquilo durante la vista, ha sido trasladado a la prisión de Picassent, desde donde será conducido diariamente mientras dure este juicio, uno de los más mediáticos y controvertidos de los últimos años en València.
Alfonso López Benito-AVAN / A. Sáiz
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