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Valencia

Alfonso Rus vuelve al banquillo por otra pieza del caso Imelsa

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València, 18 abr (EFE).- El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus vuelve a sentarse en el banquillo por segunda vez en el banquillo de los acusados por el caso Imelsa a partir del próximo martes, cuando la Sección Quinta de la Audiencia Provincial inicie el tercero de los juicios por esta macrocausa de corrupción.

Alfonso Rus vuelve al banquillo por otra pieza del caso Imelsa

Rus espera sentencia por otra de las piezas del caso Imelsa, la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo en la empresa pública provincial Imelsa, que quedó vista para sentencia el pasado mes de marzo.En este nuevo juicio, que se prevé que se prolongue hasta el 9 de junio, se analizará el papel de Rus -que también fue alcalde de Xàtiva y presidente provincial del PP- y otros siete investigados en el marco de la pieza separada D del «caso Imelsa», relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica.

Se juzgarán delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. La Fiscalía reclama penas de prisión de 8 años para Alfonso Rus, 4 años y medio para Marcos Benavent, 13 años para su exsuegro, Mariano López, y otro empresario que actuó como administrador de Servimun, la firma adjudicataria,.

Los hechos se remontan a mayo de 2013

Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia y actualmente denominada Divalterra, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.

De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.

«Un propósito deliberado»

El juez considera que pudo existir «un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos».

Subrayó también el instructor la «relación de vecindad y amistad» entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D.I., y el empresario José Mariano L.S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un «conocimiento estrecho» de Alfonso Rus.

José Mariano L.S. percibió unos 150.000 euros de Servimun SL a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.

El juez consideró «evidente» que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., pagó tal cantidad al anterior es porque éste «algún favor le debía» en relación con el contrato, «muy probablemente por actuar de conseguidor» ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D.I.

 

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Valencia

La jueza de la dana descarta «por ahora» citar de nuevo a Vilaplana y pregunta a Pradas si quiere volver a declarar

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Maribel Vilaplana juicio
La periodista Maribel Vilaplana en imagen de archivo-LEVANTE UD

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) – La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia, descarta «por el momento» volver a citar a Maribel Vilaplana, periodista que comió con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la ríada, y ha preguntado a la exconsellera de Justicia e Interior, investigada en el procedimiento, si quiere volver a declarar –ya lo hizo hace unos meses–.

Así se desprende de un auto, facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Catarroja (Plaza 3).

En su resolución, la jueza descarta «en el presente momento» volver a citar a declarar como testigo a la periodista que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, como había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y otra acusación particular.

La jueza de la dana cuestiona el reservado del Ventorro y abre la puerta a nuevas declaraciones

La jueza considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat. Ciudadanos realizó esta petición por considerar que la comunicadora pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre tras escuchar al dueño del restaurante El Ventorro y ver las fotografías aportadas a la causa sobre las dimensiones del reservado en el que comieron la periodista y Mazón.

En su resolución, la instructora señala que, «ciertamente, las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor».

No obstante, cree «necesario, antes de reiterar una declaración ya prestada» por Vilaplana, «oír al resto de las personas que pudieron tener conocimiento de aquellas manifestaciones que pudieron referirse al proceso de decisión en la remisión del mensaje Es-Alert, de las medidas de protección a la población, oír a los testigos que de manera similar a la sra. Vilaplana, pudieran haber tenido conocimiento de las manifestaciones que por el señor Carlos Mazón se pudieran haber efectuado respecto de ese proceso de decisión y cualesquiera otros destinados a proteger a la población».

La magistrada también rechaza la petición de que se investigue a la testigo por un delito de falso testimonio porque, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello «es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme».

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.

PRADAS Y SALVADOS

Por otro lado, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa, que se emitirá por el programa Salvados de La Sexta el próximo domingo, 30 de noviembre, la magistrada ha acordado requerir a su defensa para que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. Solo si su respuesta es afirmativa se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener «efecto en el proceso», ha de efectuarse con la «oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento», pues se trata de «una garantía para la propia investigada».

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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