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Valencia

Alfonso Rus vuelve al banquillo por otra pieza del caso Imelsa

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València, 18 abr (EFE).- El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus vuelve a sentarse en el banquillo por segunda vez en el banquillo de los acusados por el caso Imelsa a partir del próximo martes, cuando la Sección Quinta de la Audiencia Provincial inicie el tercero de los juicios por esta macrocausa de corrupción.

Alfonso Rus vuelve al banquillo por otra pieza del caso Imelsa

Rus espera sentencia por otra de las piezas del caso Imelsa, la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo en la empresa pública provincial Imelsa, que quedó vista para sentencia el pasado mes de marzo.En este nuevo juicio, que se prevé que se prolongue hasta el 9 de junio, se analizará el papel de Rus -que también fue alcalde de Xàtiva y presidente provincial del PP- y otros siete investigados en el marco de la pieza separada D del «caso Imelsa», relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica.

Se juzgarán delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. La Fiscalía reclama penas de prisión de 8 años para Alfonso Rus, 4 años y medio para Marcos Benavent, 13 años para su exsuegro, Mariano López, y otro empresario que actuó como administrador de Servimun, la firma adjudicataria,.

Los hechos se remontan a mayo de 2013

Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia y actualmente denominada Divalterra, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.

De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.

«Un propósito deliberado»

El juez considera que pudo existir «un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos».

Subrayó también el instructor la «relación de vecindad y amistad» entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D.I., y el empresario José Mariano L.S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un «conocimiento estrecho» de Alfonso Rus.

José Mariano L.S. percibió unos 150.000 euros de Servimun SL a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.

El juez consideró «evidente» que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., pagó tal cantidad al anterior es porque éste «algún favor le debía» en relación con el contrato, «muy probablemente por actuar de conseguidor» ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D.I.

 

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Valencia

Mompó, ante la jueza de la dana: «Quería mandar el mensaje ya, como fuera, en castellano, inglés o morse»

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Vicent Mompó, tras declarar siete horas ante la jueza de la dana- JORGE GIL/EUROPA PRESS

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, declaró este martes ante la jueza que instruye la causa por la gestión de la DANA del 29 de octubre, asegurando que su prioridad era alertar cuanto antes a la población.

«La sensación era que la gente se podía ahogar»

Durante su comparecencia, Mompó explicó que aquel día, hacia las 19:00 horas, fue informado de que existía un riesgo real para sus vecinos:

«Mi sensación como ciudadano fue que me desesperaba. Desde que me dijeron a las 19 horas que mis paisanos se podían ahogar, quería mandar el mensaje ya, como fuera: en castellano, inglés o morse», afirmó.

El presidente provincial criticó la tardanza en la emisión de la alerta oficial a la ciudadanía:

«Que pasara una hora y diez minutos desde que se habló del mensaje hasta que se envió me parece una barbaridad».

Retraso en el envío de la alerta

Según la instrucción judicial, entre el momento en que se planteó la necesidad de difundir el aviso y el momento en que finalmente se remitió transcurrieron más de 70 minutos. Para Mompó, esa demora pudo haber puesto en riesgo a los vecinos en plena emergencia meteorológica.

Investigación judicial por la gestión de la DANA

La jueza investiga si se produjeron deficiencias en la coordinación y comunicación institucional durante la fuerte DANA que azotó la Comunitat Valenciana en octubre, dejando graves inundaciones y cuantiosos daños materiales.

El testimonio de Mompó se suma al de otros responsables políticos y técnicos que han pasado ya por el juzgado para aclarar cómo se gestionó la emergencia y si hubo responsabilidades en los retrasos de comunicación.

La prioridad: proteger a la población

Mompó insistió en que su única intención era garantizar que el mensaje llegara cuanto antes a los vecinos de las zonas más afectadas:

«Quería lanzar el aviso inmediato, independientemente del idioma o del formato, porque lo que importaba era que la gente se enterara de que corría peligro».

 

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