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Alfonso Rus vuelve al banquillo por otra pieza del caso Imelsa

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València, 18 abr (EFE).- El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus vuelve a sentarse en el banquillo por segunda vez en el banquillo de los acusados por el caso Imelsa a partir del próximo martes, cuando la Sección Quinta de la Audiencia Provincial inicie el tercero de los juicios por esta macrocausa de corrupción.

Alfonso Rus vuelve al banquillo por otra pieza del caso Imelsa

Rus espera sentencia por otra de las piezas del caso Imelsa, la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo en la empresa pública provincial Imelsa, que quedó vista para sentencia el pasado mes de marzo.En este nuevo juicio, que se prevé que se prolongue hasta el 9 de junio, se analizará el papel de Rus -que también fue alcalde de Xàtiva y presidente provincial del PP- y otros siete investigados en el marco de la pieza separada D del «caso Imelsa», relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica.

Se juzgarán delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. La Fiscalía reclama penas de prisión de 8 años para Alfonso Rus, 4 años y medio para Marcos Benavent, 13 años para su exsuegro, Mariano López, y otro empresario que actuó como administrador de Servimun, la firma adjudicataria,.

Los hechos se remontan a mayo de 2013

Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia y actualmente denominada Divalterra, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.

De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato.

«Un propósito deliberado»

El juez considera que pudo existir «un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos».

Subrayó también el instructor la «relación de vecindad y amistad» entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D.I., y el empresario José Mariano L.S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un «conocimiento estrecho» de Alfonso Rus.

José Mariano L.S. percibió unos 150.000 euros de Servimun SL a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.

El juez consideró «evidente» que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P.Z., pagó tal cantidad al anterior es porque éste «algún favor le debía» en relación con el contrato, «muy probablemente por actuar de conseguidor» ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D.I.

 

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Valencia

Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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