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Sandra Gómez niega complementos «ilegales» en los sueldos de los ediles del Ayuntamiento de València

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Sandra Gómez niega que llamara "puto chino" a Peter Lim

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) – La vicealcaldesa primera del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha negado este viernes que en el consistorio se habilitaran durante la pasada legislatura complementos de sueldo para que ediles con dedicación parcial igualaran su salario al de los concejales con dedicación completa y ha señalado que todas las medidas adoptadas al respecto fueron «absolutamente legales» y estaban avaladas por informe de la Intervención General.

Gómez se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Junta de Gobierno Local con el vicealcalde segundo y concejal de Gobierno Interior en el pasado mandato, Sergi Campillo, tras ser preguntados por las informaciones que indican que algunos ediles del Ayuntamiento de València con dedicación parcial en la legislatura anterior recibieron un complemento salarial para igualarse a la total que podría no ajustarse a la ley.

«En absoluto se ha cobrado o aprobado un complemento ilegal», ha respondido la también portavoz socialista en el consistorio, que ha indicado que «ilegal» es un «término incompatible» con las decisiones que se toman en esta administración local. Así, ha apuntado que el complemento fue «legal» y que estaba «fiscalizado» y respaldado por un «informe de la Intervención General» que aprobaba «el baremo de toda la Junta de Gobierno» Local del Ayuntamiento.

La responsable municipal ha aseverado que este documento «corroboraba que lo aprobado en 2015 y también en el pleno, con firma del secretario del pleno, era absolutamente legal». «En el Ayuntamiento de València no se puede cobrar durante cuatro años algo ilegal», ha apuntado, además de insistir en la legalidad de la decisión de hace cuatro años.

«Hace cuatro años lo que se hizo para intentar dar una solución, en el primer año de la Ley Montoro –en alusión a Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el PP–, fue una solución legal con un informe de conformidad de la Intervención General del Ayuntamiento», ha expuesto.

Asimismo, Gómez se ha referido a la decisión adoptada recientemente para el nuevo mandato sobre las dedicaciones completas y parciales de los concejales de la corporación local, que establece que las primeras queden en manos de los ediles del equipo de gobierno –para este mandato conformado por Compromís y PSPV-PSOE– por tener responsabilidades de gestión.

«DECISIÓN POLÍTICA»
«Este año se ha tomado una decisión política, la que ha parecido más razonable y lógica», ha dicho, al tiempo que ha destacado que esta es una medida adoptada también en «distintas ciudades españolas de distinto color» político.

En este sentido, ha reiterado que se ha estimado «lógico» que «la dedicación total la tengan quienes tienen gestión de gobierno, –gestión de servicios del Ayuntamiento, ha matizado– que están 24 horas disponibles todo el año» porque eso «requiere dedicación total».

Preguntada en este punto por las críticas de la oposición a esta medida, la vicealcalde ha negado que haya fraude de ley, ha indicado que «lo que diga la oposición –PP, Cs y Vox–» forma parte de «su trabajo» como tal, y ha criticado que «intente generar lío ante una decisión» que le resulta «incómoda» porque «ahora debe hacer la redistribución con las dedicaciones parciales o totales» de sus concejales.

90 POR CIENTO DEL SUELDO DE LA TOTAL
Sandra Gómez ha resaltado que la dedicación parcial en el Ayuntamiento de València representa «el 90 por ciento del sueldo de un concejal con dedicación total, 63.000 euros al año». Tras ello, ha lamentado que la oposición diga que desde el equipo de gobierno se hace «rodillo» o que la decisión suponga «fraude» por «no asumir que 63.000 euros son suficientes».

«En neto son más de 3.000 euros» de sueldo, ha apuntado Gómez, que ha considerado que «al final este es un tema de mucha demagogia por parte de la oposición» frente a una «cuestión política». La edil ha concluido su intervención repitiendo que «es lógico que las dedicaciones totales estén dentro del equipo de gobierno».

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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