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Sandra Gómez niega complementos «ilegales» en los sueldos de los ediles del Ayuntamiento de València

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Sandra Gómez niega que llamara "puto chino" a Peter Lim

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) – La vicealcaldesa primera del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha negado este viernes que en el consistorio se habilitaran durante la pasada legislatura complementos de sueldo para que ediles con dedicación parcial igualaran su salario al de los concejales con dedicación completa y ha señalado que todas las medidas adoptadas al respecto fueron «absolutamente legales» y estaban avaladas por informe de la Intervención General.

Gómez se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Junta de Gobierno Local con el vicealcalde segundo y concejal de Gobierno Interior en el pasado mandato, Sergi Campillo, tras ser preguntados por las informaciones que indican que algunos ediles del Ayuntamiento de València con dedicación parcial en la legislatura anterior recibieron un complemento salarial para igualarse a la total que podría no ajustarse a la ley.

«En absoluto se ha cobrado o aprobado un complemento ilegal», ha respondido la también portavoz socialista en el consistorio, que ha indicado que «ilegal» es un «término incompatible» con las decisiones que se toman en esta administración local. Así, ha apuntado que el complemento fue «legal» y que estaba «fiscalizado» y respaldado por un «informe de la Intervención General» que aprobaba «el baremo de toda la Junta de Gobierno» Local del Ayuntamiento.

La responsable municipal ha aseverado que este documento «corroboraba que lo aprobado en 2015 y también en el pleno, con firma del secretario del pleno, era absolutamente legal». «En el Ayuntamiento de València no se puede cobrar durante cuatro años algo ilegal», ha apuntado, además de insistir en la legalidad de la decisión de hace cuatro años.

«Hace cuatro años lo que se hizo para intentar dar una solución, en el primer año de la Ley Montoro –en alusión a Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el PP–, fue una solución legal con un informe de conformidad de la Intervención General del Ayuntamiento», ha expuesto.

Asimismo, Gómez se ha referido a la decisión adoptada recientemente para el nuevo mandato sobre las dedicaciones completas y parciales de los concejales de la corporación local, que establece que las primeras queden en manos de los ediles del equipo de gobierno –para este mandato conformado por Compromís y PSPV-PSOE– por tener responsabilidades de gestión.

«DECISIÓN POLÍTICA»
«Este año se ha tomado una decisión política, la que ha parecido más razonable y lógica», ha dicho, al tiempo que ha destacado que esta es una medida adoptada también en «distintas ciudades españolas de distinto color» político.

En este sentido, ha reiterado que se ha estimado «lógico» que «la dedicación total la tengan quienes tienen gestión de gobierno, –gestión de servicios del Ayuntamiento, ha matizado– que están 24 horas disponibles todo el año» porque eso «requiere dedicación total».

Preguntada en este punto por las críticas de la oposición a esta medida, la vicealcalde ha negado que haya fraude de ley, ha indicado que «lo que diga la oposición –PP, Cs y Vox–» forma parte de «su trabajo» como tal, y ha criticado que «intente generar lío ante una decisión» que le resulta «incómoda» porque «ahora debe hacer la redistribución con las dedicaciones parciales o totales» de sus concejales.

90 POR CIENTO DEL SUELDO DE LA TOTAL
Sandra Gómez ha resaltado que la dedicación parcial en el Ayuntamiento de València representa «el 90 por ciento del sueldo de un concejal con dedicación total, 63.000 euros al año». Tras ello, ha lamentado que la oposición diga que desde el equipo de gobierno se hace «rodillo» o que la decisión suponga «fraude» por «no asumir que 63.000 euros son suficientes».

«En neto son más de 3.000 euros» de sueldo, ha apuntado Gómez, que ha considerado que «al final este es un tema de mucha demagogia por parte de la oposición» frente a una «cuestión política». La edil ha concluido su intervención repitiendo que «es lógico que las dedicaciones totales estén dentro del equipo de gobierno».

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Ley de Extranjería: claves de la reforma migratoria que podría regularizar a 900.000 personas

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El nuevo reglamento simplifica trámites, introduce nuevos tipos de arraigo y abre la puerta a una regularización masiva de inmigrantes

La reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2024 entra hoy oficialmente en vigor en España. El nuevo Reglamento de Extranjería, presentado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tiene como objetivo simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y reforzar el enfoque de derechos humanos en la política migratoria.


🧾 Regularización masiva de inmigrantes en España: ¿a quiénes afecta?

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé regularizar a unas 900.000 personas en situación administrativa irregular en un plazo de tres años. Según informa El País, esta medida afectaría a quienes ya residían en territorio español antes del 31 de diciembre de 2024. Aunque no ha sido presentada como una regularización masiva explícita, la flexibilización del arraigo facilitará el proceso de legalización para miles de inmigrantes.


🆕 Cambios clave en la Ley de Extranjería 2025

✅ Nuevas modalidades de arraigo

La nueva ley unifica y redefine los tipos de arraigo, que pasan a ser cinco:

  1. Arraigo social

  2. Arraigo laboral

  3. Arraigo familiar

  4. Arraigo formativo (socioformativo)

  5. Arraigo de segunda oportunidad

Entre los principales cambios destacan:

  • Reducción del periodo mínimo de permanencia en España para acceder al arraigo de 3 a 2 años.

  • Posibilidad de trabajar desde el primer día tanto por cuenta propia como ajena.

  • Los solicitantes de asilo rechazados podrán acceder al arraigo tras solo seis meses, en lugar de dos años.


⚠️ Polémica: el asilo ya no computa para el arraigo

Una de las medidas más polémicas del nuevo reglamento es que el tiempo de residencia como solicitante de protección internacional no contará para acceder al arraigo. Esto deja a muchas personas en riesgo de irregularidad sobrevenida, lo que ha provocado reacciones críticas por parte de ONG y asociaciones de derechos humanos como CEAR, Cáritas, Red Acoge o el Servicio Jesuita a Migrantes, que han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo.

El Defensor del Pueblo también ha alertado en su informe registrado en las Cortes Generales de que esta disposición podría dejar sin cobertura a miles de menores.


✈️ Visados y autorizaciones de residencia: novedades destacadas

El nuevo reglamento introduce varias reformas relevantes:

  • Visado para la búsqueda de empleo: se amplía su duración de 3 meses a 1 año.

  • Autorizaciones iniciales: ahora serán de 1 año y las renovaciones pasarán a ser de 4 años.

  • Residencia para familiares de ciudadanos españoles: se mejora la reagrupación familiar y se amplía la edad máxima de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años.

  • Estudiantes extranjeros: podrán trabajar hasta 30 horas semanales mientras cursan sus estudios y enlazar fácilmente con permisos de trabajo al finalizar su formación.


💬 Reacciones políticas: Vox critica la reforma y pide su endurecimiento

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha calificado la nueva Ley de Extranjería como una “tomadura de pelo” y ha criticado que «la nacionalidad no puede ser un regalo ni un arma política». El partido ha registrado una iniciativa parlamentaria para endurecer la legislación migratoria, eliminando las vías de regularización a través del arraigo.

“La inmigración irregular agrava la inseguridad, precariza el empleo y colapsa los servicios públicos”, ha declarado Millán, acusando al Ejecutivo de poner en riesgo la identidad y estabilidad del país.


Una reforma ambiciosa, pero controvertida

La entrada en vigor de esta reforma representa un cambio profundo en la gestión de la inmigración en España, con medidas que, según el Gobierno, responden a una visión más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, la controversia política y jurídica en torno a sus implicaciones prácticas podría marcar el debate migratorio en los próximos meses.

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