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Sanidad comunica a las comunidades que recibirán la mitad de dosis de Janssen

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efectos secundarios vacuna janssen

Madrid, 27 abr (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha comunicado este martes a las comunidades autónomas que el próximo jueves recibirán la mitad de las dosis previstas de Janssen, de las que se esperaban 300.000 este mes de abril, 146.000 de las cuales ya fueron distribuidas la semana pasada.

Así lo han informado a Efe fuentes autonómicas, que han precisado que con esta reducción deberán reorganizar su plan semanal de vacunación, que incluía ya la monodosis del suero de Johnson & Johnson.

Precisamente, desde Sanidad han asegurado a Efe que el ministerio ha transmitido puntualmente esta información a las comunidades nada más recibirla de la farmacéutica para que puedan planificar la campaña.

De esta forma, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tendrá el jueves 14.000 de las 28.000 previstas y Galicia 7.000 de las 14.000 vacunas comprometidas de Janssen, que la estrategia de vacunación reserva de momento al colectivo de personas de 70 a 79 años y personas con patologías de alto riesgo.

En el caso de Murcia lo ha confirmado su presidente, Fernando López Miras, que ha comunicado que el departamento que dirige Carolina Darias enviará finalmente 4.000 de las 8.000 que le habían anunciado.

«Con esta planificación, el Ministerio entenderá que se generan disfunciones en los puntos de vacunación y en los municipios, pero creo que por eso todos debemos ser responsables y confiar en los profesionales sanitarios y mientras lleguen vacunas y, si el ministerio de Sanidad no cambia más y no da más volantazos respecto al plan de vacunación, seguiremos vacunando al mayor porcentaje de población posible», ha censurado López Miras.

También Castilla y León contará con 6.400 monodosis de Janssen, cuando inicialmente eran 12.700, según ha comunicado la Consejería de Sanidad de la Junta.

Los cálculos iniciales estimaban que en abril, Janssen enviara a España 300.000 dosis hasta ir progresivamente alcanzando los 5,5 millones en junio.

De ellas, 146.000 ya fueron repartidas la semana pasada, una vez la EMA avaló su seguridad y eficacia y el laboratorio levantó su recomendación de no empezar a inyectarla en Europa hasta que las autoridades sanitarias estadounidenses dilucidaran su relación con seis episodios trombóticos extraños aparecidos en aquel país entre los 7 millones de vacunados.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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