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Sanidad quiere pedir a los restaurantes que eliminen el vino y la cerveza de sus menús

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Sanidad quiere pedir a los restaurantes que eliminen el vino y la cerveza de sus menús

El borrador de la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (Escav), que debatirá este miércoles el Consejo Interterritorial de Salud, propone pedir a los establecimientos hosteleros que promuevan la dieta mediterránea en sus menús y que retiren las bebidas alcohólicas, entre las que se encontrarían dos de las más consumidas por los españoles: el vino y la cerveza.

Reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares

Esta propuesta es parte de un amplio plan que tiene como objetivo reducir las enfermedades cardiovasculares, principal causa de mortalidad en España y en el mundo. Específicamente, el documento establece la prioridad de “colaborar con establecimientos de restauración para promover la dieta mediterránea como modelo de alimentación cardiosaludable, sin incluir en ella el consumo de alcohol”

También se propone regular la obligación de los restaurantes de ofrecer agua del grifo gratuitamente (una medida ya incluida en la recién aprobada Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular), la potenciación de la actividad física en los centros educativos, la exclusión de productos procesados y alcohol de las máquinas expendedoras o la lucha contra la comida basura, regulando la publicidad de alimentos, bebidas no saludables y alcohol y abaratando, a través de políticas fiscales, el precio de los productos que conforman la dieta mediterránea.

Con esto se busca la “necesaria promoción de intervenciones que reduzcan la incidencia y prevalencia de la enfermedad cardiovascular en nuestro país”. Esto permitirá “mejorar los resultados de la atención primaria sanitaria, así como la rehabilitación y la restauración de la salud, la prevención de la discapacidad y la mejora de la calidad de vida y bienestar de los pacientes y sus familiares”

Se trata solo de una recomendación

El Ministerio de Sanidad ha aclarado en un comunicado que “la estrategia establece recomendaciones de hábitos saludables y no contempla prohibiciones de ningún tipo. Por tanto, es falso que se vaya a eliminar de los menús del día bebidas como el vino o la cerveza”.

Desde el Ministerio presidido por Carolina Darias han señalado, además, que el documento ha sido “aprobado por unanimidad del Comité Institucional formado por representantes de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, y también del Comité Científico, del que forman parte diversas sociedades científicas”

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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