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Sanidad recomienda no consumir productos de ‘Sabores de Paterna’ distribuidos en la Comunitat

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MADRID/VALÈNCIA, 12 Sep. – La Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Cataluña, Madrid, Navarra y Cantabria, son las comunidades autónomas donde han sido distribuidos los productos retirados de ‘Sabores de Paterna’, y que «aún no han sobrepasado la fecha de consumo», según ha informa este miércoles la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, que ha recomendado a las personas que en su domicilio tengan algún producto de esta marca se abstengan de consumirlos y lo devuelvan al punto de venta.

En la distribución también figura una ciudadana alemana que adquirió el producto para consumo propio, según informa la actualización de la alerta del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), dada a conocer este miércoles tras la notificación trasladada por las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Esta información ha sido trasmitida por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) a los puntos de contacto de la Red de Alerta de las comunidades autónomas, que están procediendo a la retirada de los productos.

También se ha notificado al resto de Estados miembros a través de la red de alerta europea (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) como ‘información para atención’, al efecto de que se pueda realizar el adecuado seguimiento de esta alerta.

No obstante, mantienen que, «con la información disponible», no se ha confirmado ningún caso humano de listeria asociado a esta alerta. No obstante, la AESAN recomienda, en el caso de haber consumido este producto y presentar alguna sintomatología compatible con listeriosis, acudir a un centro de salud.

Este sábado Sanidad ordenaba la retirada del mercado de todos los productos de la empresa gaditana debido a la alerta alimentaria por listeriosis «en aplicación del principio de precaución». Motivo por el que, la empresa que debe retirar del mercado todas las existencias del producto de cualquier naturaleza «e indicar a sus clientes la orden de no vender estos, debiendo acreditarle las cantidades en existencias y el compromiso de no comercialización».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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