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Sanidad y comunidades revisarán la ley sobre la obligatoriedad de mascarillas

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EFE

Madrid/Valladolid, 31 mar (EFE).- El Ministerio de Sanidad y las comunidades trabajarán «de manera técnica» para intentar elaborar unos criterios de aplicación de la ley de «nueva normalidad» que contempla la obligatoriedad del uso de las mascarillas aún manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros.

Lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa tras presidir por videoconferencia el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha celebrado en Valladolid y en la que ha comparecido junto a la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado.

La norma fue publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y es fruto del trabajo parlamentario a partir del real decreto de nueva normalidad que se aprobó en junio para tramitarse como proyecto de ley.

Fue el pasado 18 de marzo cuando el Pleno del Congreso aprobó definitivamente la ley tras la luz verde del Senado, donde se introdujo una enmienda -del PSOE- que fijaba la obligatoriedad de la mascarilla incluso manteniendo la distancia de seguridad, cuando hasta entonces el texto la contemplaba si no se podía mantener la distancia de 1,5 metros.

Esta ley ha sido objeto de análisis en el Interterritorial, donde Darias ha ofrecido a los consejeros, que también así lo han considerado, trabajar «de manera técnica» para intentar «dentro del margen» que posibilita la norma intentar elaborar unos criterios técnicos de aplicación.

LAS CCAA HAN PEDIDO QUE SE ACLARE LA NORMA

En este sentido, la ministra ha reconocido que a raíz de la publicación en el BOE, algunas autonomías han manifestado la necesidad de poder aclarar el punto sobre el uso obligatorio de las mascarillas aún con distancia de seguridad y «sobre todo de armonizar porque hay comunidades que tienen distinta normativa».

A juicio de Darias, ha transcurrido mucho tiempo desde que comenzó en verano la tramitación de la ley con lo que «puede» que sea necesario, «intentar buscar en el margen de ese marco legal» cómo poder aplicarla «de la manera mas armonizada posible y, sobre todo, de la manera más contextualizada posible.»

«Creo es muy importante ser capaces de armonizar, homogeneizar y contextualizar, éstas son las tres principales razones por las que he propuesto al Consejo trabajar de manera técnica para tratar de conseguir estos tres objetivos», ha apuntado la ministra.

La idea es que en el próximo Interterritorial se aborden las pautas marcadas tras ese trabajo técnico.

Algunas comunidades ya se han pronunciado, como Baleares que interpreta que la mascarilla no es obligatoria en playas y espacios naturales para quienes van solos o con sus convivientes y mantienen la distancia respecto a los demás, pero sí en las reuniones sociales en esos lugares, al margen de lo que diga la ley estatal.

Por su parte, el consejero cántabro de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha señalado que la ley se podrá «matizar» entre el Gobierno y las comunidades porque ha quedado «descontexualizada».

DOS MILLONES DE DOSIS EN UNA SEMANA

Al margen de esta norma, Darias ha anunciado que mañana llegarán a España más de un millón de vacunas de AstraZeneca, que se suman al poco más de un millón de las recibidas a principios de semana por parte de Pfizer y Moderna.

Así, esta semana será la primera en la que el país va a recibir más de dos millones de nuevas dosis, con lo que Darias ha insistido en que es importante que las comunidades vacunen todos los días de Semana Santa, para acelerar el proceso de inmunización.

Hasta el momento, según los datos de Sanidad que ha proporcionado la ministra, el 80 % de la población incluida en los grupos 1 a 6 de vacunación ha tenido ya una dosis administrada, mientras que el 41 % cuenta ya con las dos dosis.

Los grupos 1 a 6 incluyen a residentes y personal sanitario de centros de mayores; profesionales en primera línea en el ámbito sociosanitario; trabajadores de instituciones penitenciarias; grandes dependientes; personas vulnerables por su edad, y colectivos en activo con una función esencial para la sociedad.

ASTRAZENECA, HASTA LOS 65 AÑOS

En cuando a la quinta actualización de la estrategia de vacunación, aprobada ayer por la Comisión de Salud Pública, Darias ha precisado que el suero de AstraZeneca se administrará a personas de hasta 65 años, mientras que el resto de sueros disponibles (Pfizer y Moderna), así como los que se incorporen en breve (Janssen) se aplicarán para los mayores de esa edad.

Según esta actualización, se recomienda administrar la nueva vacuna de Janssen -que llega a España en abril- de forma paralela a las de Pfizer y Moderna para incrementar el ritmo de inmunización de los grupos de más edad.

MÁXIMA PRECAUCIÓN EN SEMANA SANTA

A las puertas de la Semana Santa, la ministra ha querido insistir en pedir «máxima precaución» y «máxima prudencia» porque estamos «en un momento crítico» de la pandemia, en un «período de transmisión valle con tendencia al alza en casi todos los territorios».

De esta forma, ha llamado «a la responsabilidad» para especialmente «ganar tiempo», porque «cada semana que consigamos retrasar el incremento de contagios estamos ganando tiempo al virus».

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Consumo

Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia

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Airbnb
Airbnb

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por publicar anuncios de viviendas turísticas sin licencia, así como por incurrir en prácticas consideradas desleales y engañosas para los consumidores. La resolución, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa.

Además de la multa económica, el Ministerio obliga a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminar los contenidos ilícitos y hacer pública la sanción, en aplicación de la normativa de consumo vigente.

Más de 65.000 anuncios irregulares retirados

La investigación llevada a cabo por Consumo ha detectado 65.122 anuncios ilegales en la plataforma de alquiler turístico. Entre las infracciones más graves se encuentra la publicación de alojamientos sin número de licencia, un requisito obligatorio en la mayoría de normativas autonómicas.

También se han identificado anuncios con números de registro falsos o incorrectos, así como otros que no informaban correctamente sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, lo que supone un caso de publicidad engañosa hacia los usuarios.

Por estos hechos, el Ministerio ha impuesto una sanción principal de 64.055.311 euros, una cuantía que, según Consumo, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que se mantuvieron estas prácticas.

Respaldo judicial a la actuación de Consumo

La actuación del Ministerio ya había sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló en distintos autos la orden de retirada de los anuncios irregulares dictada por Consumo.

La resolución también contempla sanciones adicionales por otras infracciones detectadas durante la instrucción del expediente.

Otras infracciones detectadas en el expediente

Entre ellas figura el incumplimiento de las obligaciones en los contratos celebrados a distancia, al no informar adecuadamente sobre si el anfitrión actuaba como particular o como profesional, una infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Asimismo, el Ministerio sanciona a Airbnb por no facilitar la información requerida durante la investigación, lo que supone otra infracción leve con una multa adicional de 10.000 euros. A ello se suma el incumplimiento de las órdenes provisionales dictadas por el órgano instructor, considerado una infracción grave y sancionado con 55.000 euros.

Vivienda y alquiler, en el foco del Ministerio

En paralelo, el Ministerio de Consumo mantiene expedientes sancionadores abiertos contra varias agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler, en un contexto marcado por la escasez de vivienda y el encarecimiento de los precios.

El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado que estas actuaciones buscan atajar la crisis de la vivienda en España, subrayando que “miles de familias viven al límite mientras algunos modelos de negocio expulsan a las personas de sus hogares”.


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