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Sanitarios denuncian el aumento de agresiones en la tercera ola de la pandemia

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València, 29 ene (EFE).- Los sanitarios de la Comunitat Valenciana han denunciado este viernes un incremento de agresiones físicas y verbales sufridas durante la tercera ola de contagios de la COVID-19.

A través de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV), con los que han mantenido una reunión, han explicado los diferentes problemas a los que se enfrentan, como el colapso en los hospitales, la falta de personal y el agotamiento, situaciones que están «haciendo estragos» en el personal sanitario, además de episodios de agresiones.

El presidente de la asociación, Carlos Fornes, ha comentado que el aumento de los contagios de forma exponencial ante la tercera ola y la preocupación social que existe a causa del virus ha provocado un aumento de agresividad contra el personal sanitario.

Por ello ha recomendado a los profesionales denunciar todas las agresiones, ya sean de carácter físico o verbal, y ha recordado que han creado un correo electrónico para atender las dudas jurídicas.

Fornes también ha explicado que los ciudadanos acuden a los centros de salud al no recibir respuestas telefónicas, pero al llegar allí no se encuentran con la posibilidad de ser atendidos a causa de la saturación, situación que genera en el paciente «frustración y confusión, y en muchos casos deriva en agresiones verbales o físicas al personal sanitario».

Desde la ADSCV han advertido de que la presión hospitalaria ha aumentado, mientras que el número de trabajadores ha descendido, ya que los datos han reflejado que en la Comunitat Valenciana, 1.560 sanitarios están de baja tras dar positivo, mientras que 2.018 están en cuarentena, por lo que 3.578 sanitarios no pueden trabajar en estos momentos, «algo más del 5 % de toda la plantilla».

Además, los centros hospitalarios de la Comunitat están atendiendo a una media de 7.000 personas que creen estar infectadas, y de ellas, 5.250 dan positivo, cifras que crecen «de manera exponencial».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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