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Sanitat anuncia acciones legales por la venta de DKV a Ribera Salud en el hospital de Dénia

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Alicante, 20 sep (EFE).- La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado que la Generalitat emprenderá acciones legales ante la reciente operación de compraventa ejecutada entre los accionistas de Marina Salud, la empresa concesionaria de la prestación sanitaria del departamento de Dénia.

El pasado agosto se informó de que Ribera Salud había comprado la parte accionarial del hospital de Dénia a DKV para hacerse con la totalidad del capital social.

En un comunicado, Sanidad ha señalado que dicha operación se ha formalizado sin que se comunicara con antelación y sin solicitar la preceptiva autorización previa a la Conselleria.

Barceló ha realizado estas declaraciones tras mantener hoy una reunión con el comité de empresa y la junta de personal del departamento de Dénia en la que ha traslado a los representantes de los trabajadores que se están estudiando las medidas concretas a tomar por parte de la Abogacía de la Generalitat.

«También garantizaremos el cumplimiento de la Ley de Salud Valenciana que impide posiciones de dominio en el ámbito de la Sanidad Pública», ha añadido la consellera.

La consellera ha enviado a los representantes de los trabajadores un mensaje de tranquilidad al comunicarles que las medidas que adopte la conselleria no tendrán efecto en el ámbito laboral. Además, ha añadido que tampoco repercutirán en la parcela asistencial.

Junto a ello, Barceló ha destacado que la conselleria «seguirá vigilando de forma estrecha a la concesión para que cumpla con las obligaciones asistenciales que tiene con la población del departamento de Dénia, tal y como establece el contrato de concesión».

Ha indicado que la decisión de acudir a los tribunales se apoya en la resolución emitida por la Abogacía de la Generalitat sobre la operación de compraventa en Marina Salud.

En su informe, la Abogacía es clara y concluyente en su análisis al establecer que debería haberse solicitado una autorización administrativa previa a la compraventa de las acciones.

«El órgano de contratación debe autorizar expresamente y con carácter previo la cesión (accionarial)», detalla el informe.

La Abogacía añade que, en el caso de una transmisión de acciones, la Administración sanitaria debe tener conocimiento previo porque esta circunstancia puede afectar a la buena marcha y eficacia del servicio de gestión integral que incide en los usuarios.

Por ello, estima que la Administración no puede ser ajena a la operación de compra de acciones que se lleva a efecto por Ribera Salud para tomar el control del 100% de la empresa concesionaria.

Del mismo modo, el informe de la Abogacía incorpora la respuesta dada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la Conselleria de Sanidad, en la que el organismo regulador estatal, de forma explícita, señala que no ha valorado los efectos de la ley valenciana de 2018 en la operación.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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