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Sanitat anuncia acciones legales por la venta de DKV a Ribera Salud en el hospital de Dénia

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Alicante, 20 sep (EFE).- La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado que la Generalitat emprenderá acciones legales ante la reciente operación de compraventa ejecutada entre los accionistas de Marina Salud, la empresa concesionaria de la prestación sanitaria del departamento de Dénia.

El pasado agosto se informó de que Ribera Salud había comprado la parte accionarial del hospital de Dénia a DKV para hacerse con la totalidad del capital social.

En un comunicado, Sanidad ha señalado que dicha operación se ha formalizado sin que se comunicara con antelación y sin solicitar la preceptiva autorización previa a la Conselleria.

Barceló ha realizado estas declaraciones tras mantener hoy una reunión con el comité de empresa y la junta de personal del departamento de Dénia en la que ha traslado a los representantes de los trabajadores que se están estudiando las medidas concretas a tomar por parte de la Abogacía de la Generalitat.

«También garantizaremos el cumplimiento de la Ley de Salud Valenciana que impide posiciones de dominio en el ámbito de la Sanidad Pública», ha añadido la consellera.

La consellera ha enviado a los representantes de los trabajadores un mensaje de tranquilidad al comunicarles que las medidas que adopte la conselleria no tendrán efecto en el ámbito laboral. Además, ha añadido que tampoco repercutirán en la parcela asistencial.

Junto a ello, Barceló ha destacado que la conselleria «seguirá vigilando de forma estrecha a la concesión para que cumpla con las obligaciones asistenciales que tiene con la población del departamento de Dénia, tal y como establece el contrato de concesión».

Ha indicado que la decisión de acudir a los tribunales se apoya en la resolución emitida por la Abogacía de la Generalitat sobre la operación de compraventa en Marina Salud.

En su informe, la Abogacía es clara y concluyente en su análisis al establecer que debería haberse solicitado una autorización administrativa previa a la compraventa de las acciones.

«El órgano de contratación debe autorizar expresamente y con carácter previo la cesión (accionarial)», detalla el informe.

La Abogacía añade que, en el caso de una transmisión de acciones, la Administración sanitaria debe tener conocimiento previo porque esta circunstancia puede afectar a la buena marcha y eficacia del servicio de gestión integral que incide en los usuarios.

Por ello, estima que la Administración no puede ser ajena a la operación de compra de acciones que se lleva a efecto por Ribera Salud para tomar el control del 100% de la empresa concesionaria.

Del mismo modo, el informe de la Abogacía incorpora la respuesta dada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la Conselleria de Sanidad, en la que el organismo regulador estatal, de forma explícita, señala que no ha valorado los efectos de la ley valenciana de 2018 en la operación.

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Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

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Caso Koldo-Ábalos
El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar del juicio en el Tribunal Supremo, en Madrid

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) – Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

 

 

José Luis Ábalos amenaza con destapar a Begoña Gómez y Ángel Víctor Torres tras entrar en prisión

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