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Sanitat anuncia acciones legales por la venta de DKV a Ribera Salud en el hospital de Dénia

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Alicante, 20 sep (EFE).- La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado que la Generalitat emprenderá acciones legales ante la reciente operación de compraventa ejecutada entre los accionistas de Marina Salud, la empresa concesionaria de la prestación sanitaria del departamento de Dénia.

El pasado agosto se informó de que Ribera Salud había comprado la parte accionarial del hospital de Dénia a DKV para hacerse con la totalidad del capital social.

En un comunicado, Sanidad ha señalado que dicha operación se ha formalizado sin que se comunicara con antelación y sin solicitar la preceptiva autorización previa a la Conselleria.

Barceló ha realizado estas declaraciones tras mantener hoy una reunión con el comité de empresa y la junta de personal del departamento de Dénia en la que ha traslado a los representantes de los trabajadores que se están estudiando las medidas concretas a tomar por parte de la Abogacía de la Generalitat.

«También garantizaremos el cumplimiento de la Ley de Salud Valenciana que impide posiciones de dominio en el ámbito de la Sanidad Pública», ha añadido la consellera.

La consellera ha enviado a los representantes de los trabajadores un mensaje de tranquilidad al comunicarles que las medidas que adopte la conselleria no tendrán efecto en el ámbito laboral. Además, ha añadido que tampoco repercutirán en la parcela asistencial.

Junto a ello, Barceló ha destacado que la conselleria «seguirá vigilando de forma estrecha a la concesión para que cumpla con las obligaciones asistenciales que tiene con la población del departamento de Dénia, tal y como establece el contrato de concesión».

Ha indicado que la decisión de acudir a los tribunales se apoya en la resolución emitida por la Abogacía de la Generalitat sobre la operación de compraventa en Marina Salud.

En su informe, la Abogacía es clara y concluyente en su análisis al establecer que debería haberse solicitado una autorización administrativa previa a la compraventa de las acciones.

«El órgano de contratación debe autorizar expresamente y con carácter previo la cesión (accionarial)», detalla el informe.

La Abogacía añade que, en el caso de una transmisión de acciones, la Administración sanitaria debe tener conocimiento previo porque esta circunstancia puede afectar a la buena marcha y eficacia del servicio de gestión integral que incide en los usuarios.

Por ello, estima que la Administración no puede ser ajena a la operación de compra de acciones que se lleva a efecto por Ribera Salud para tomar el control del 100% de la empresa concesionaria.

Del mismo modo, el informe de la Abogacía incorpora la respuesta dada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la Conselleria de Sanidad, en la que el organismo regulador estatal, de forma explícita, señala que no ha valorado los efectos de la ley valenciana de 2018 en la operación.

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Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

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¿Qué red social es más nociva para la salud mental?

Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: la medida más estricta del mundo contra el uso digital infantil

Australia ha dado un paso decisivo en la regulación del entorno digital: el Gobierno federal ha anunciado una prohibición de acceso a redes sociales para todos los menores de 16 años, convirtiéndose en uno de los países con la normativa más estricta en protección digital infantil. La medida, que busca frenar los efectos nocivos del uso intensivo de plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat o Facebook, ha abierto un intenso debate internacional sobre privacidad, salud mental y derechos digitales.

Una decisión impulsada por la salud mental juvenil

El primer ministro australiano justificó la medida asegurando que “la evidencia es abrumadora: las redes sociales están dañando la salud mental de nuestros jóvenes”. Estudios del Ministerio de Sanidad del país alertaron de un aumento significativo en:

  • Trastornos de ansiedad y depresión en menores

  • Casos de ciberacoso

  • Adicción digital

  • Exposición a contenidos violentos o inapropiados

  • Problemas de autoestima derivados de la comparación constante

Para el Ejecutivo australiano, el acceso temprano a redes sociales constituye un riesgo que supera los beneficios.

**¿Cómo se implementará la prohibición?

Tecnología de verificación obligatoria**

A partir de la entrada en vigor de la ley, todas las plataformas de redes sociales deberán utilizar sistemas de verificación de edad mediante tecnologías autorizadas por el Gobierno. Estas herramientas podrían incluir:

  • Comprobación de documentos oficiales

  • Sistemas biométricos anonimizados

  • Verificación mediante intermediarios certificados

Las empresas que no cumplan con las nuevas reglas se enfrentarán a multas millonarias y posibles restricciones operativas dentro del país.

Excepciones y responsabilidades parentales

La medida prohíbe la creación de cuentas y el acceso habitual a menores de 16 años, pero el Gobierno está estudiando mecanismos para permitir:

  • Supervisión parental estricta

  • Contenidos educativos y de comunicación escolar

  • Canales técnicos especialmente diseñados para menores

Aun así, la regla general es clara: ningún menor de 16 años podrá tener presencia activa en redes sociales tradicionales.

Australia se coloca a la vanguardia de la regulación digital

La iniciativa supone un salto cualitativo respecto a normativas vigentes en otros países:

  • En EE.UU. algunos estados han limitado el uso nocturno o exigen permiso parental.

  • En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales obliga a las plataformas a extremar la protección de los menores, pero no prohíbe su acceso.

  • Francia ha planteado la verificación obligatoria, pero sin prohibición total.

Australia, en cambio, adopta un modelo restrictivo, argumentando que la exposición a entornos digitales altamente adictivos no es compatible con el bienestar infantil.

Apoyo entre padres y especialistas, pero críticas por privacidad

Las asociaciones de padres y docentes han celebrado la medida como un “cambio necesario” ante la dificultad creciente de controlar el uso de dispositivos. También psicólogos y expertos en infancia respaldan la iniciativa como un freno a los riesgos psicológicos.

Sin embargo, organizaciones de derechos digitales han alertado sobre:

  • El riesgo de vigilancia excesiva

  • El impacto en la privacidad de menores

  • La posibilidad de exclusión tecnológica

  • La eficiencia real de las verificaciones de edad

Para estos grupos, la clave debería ser la educación digital, no la prohibición.

Un experimento global que marcará tendencia

Australia se convierte así en un laboratorio internacional de políticas digitales. Si la medida demuestra reducir problemas de salud mental y ciberacoso, otros países podrían adoptarla en los próximos años.

Entre tanto, el debate sigue abierto:
¿proteger a los menores o limitar su libertad digital?
El tiempo dirá si la prohibición es el comienzo de una nueva era de regulación global o una medida transitoria en busca de un equilibrio más adecuado.

 

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