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Sanitat dice que un caso como el de iDental «no se puede repetir» y prepara una norma para prohibir publicidad engañosa

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VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) – La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha asegurado este lunes que un caso como el de las clínicas iDental «no se puede volver a repetir en la Comunitat» y se está trabajando en una norma para prohibir la publicadad engañosa en la región, cuyo borrador ya se ha enviado a los colegios de médicos u odontólogos para «que ninguna persona acuda a un tratamiento sin tener todas las garantías».

Así se ha pronunciado Barceló en una comparecencia en la Comisión de Sanidad en Les Corts a petición de Podemos para informar de las acciones emprendidas por su conselleria ante las denuncias realizadas por pacientes tratados en la clínicas iDental.

Según ha dicho, esta es «presuntamente una de las estafas más grandes en el ámbito sanitario de los últimos años», antes de pasar a explicar detalladamente la cronología de las denuncias, inspecciones y judicialización del proceso.

La primera clínica iDental autorizada en la Comunitat data de 2013 y el Colegio de Odontólogos fue el primero en presentar una denuncia a la clínica de València, donde se detectaron irregularidades en los procedimientos de trabajo, en el archivo o en la esterilización. Por ello, se inició un expediente sancionador que estará listo «esta semana o la que viene».

Este pasado verano se procedió a la entrada, por orden de la Audiencia Nacional como encargada de investigar el cierre de estas clínicas en distintas comunidades, en las sedes para recuperar los expedientes de los clientes. En total, se han encontrado 120.000 en las clínicas de iDental en la Comunitat: 67.000 en València, 20.000 en Alicante, 14.000 en Alfafar, 10.000 en Elche y 7.000 en Betxí.

Según ha precisado Barceló, no estaban indexados ni ordenador alfabéticamente, algunos incluso estaban hechos a mano y no estaban en cajas ni ordenados, sino que «mucha de la documentación estaba esparcida por el suelo» o junto a otros escritos.

A partir de ahí el trabajo de la Conselleria consiste en identificar y ordenar esos expedientes para entregar una copia a los afectados. Actualmente 1.137 personas han acudido a la sede de Sanitat a solicitar su historial y se contactará con ellas cuando estén en disposición de entregar la copia, destinando recursos para que pueda realizarse «a la mayor brevedad posible».

A preguntas de Podemos y Ciudadanos, la consellera ha señalado que no les consta que se haya producido ningún contagio de hepatitis C en este caso y que, según les han comunicado los expertos, sería «complejo» que se diera y, en todo caso, sería «muy difícil saber su origen». El diputado Daniel Geffner ha asegurado que sabe de pacientes que han dado positivo, a lo que Barceló ha replicado que si ha visto esos expedientes se los haga llegar, pero a día de hoy la Conselleria no tiene constancia de ningún contagio.

También el PP le ha preguntado si cree que este caso era «evitable» por ser «predecible», a lo que la consellera ha afirmado que no era evitable en tanto que los clientes no sospechaban desde el principio y «no les generó desconfianza» en un primer momento, sino que esta «se produjo luego con el tiempo, al ver que los tratamientos no respondían».

También señalado que la inspección no puede actuar «aleatoriamente», sino que lo hace a raíz de una sospecha o denuncia, y ha defendido que en todo el proceso se ha actuado con rigor y de manera «garantista» para evitar que luego las consecuencias judiciales pudieran verse afectadas.

Según ha indicado, en este caso el ‘handicap’ ha sido la publicidad engañosa, porque se trata de clínicas abiertas con el objetivo «de obtener el crédito al consumo» con las personas que «de buena fe piensan que esos tratamientos los van a recibir» a un precio menor. «El sistema ha fallado», ha asegurado.

LISTAS DE ESPERA EN LA RIBERA
Por otra parte, la consellera también ha comparecido para informar, a petición del PP, sobre la presunta manipulación de las listas de espera en el Departamento de salud de La Ribera. Aquí, se ha mostrado clara: «No hay maquillaje alguno en las listas de espera, ni de La Ribera ni de departamento alguno».

Se ha remitido a las explicaciones que ya dio en rueda de prensa tras filtrarse unas declaraciones del coordinador del área quirúrgica «en las que de manera sesgada y falaz» se intentaba hacer ver que desde la dirección se estaban dando indicaciones para maquillar las listas, algo que ha negado: «No existe ninguna directriz para ocultar pacientes en el Hospital de La Ribera».

Ha señalado que en este centro hospitalario desde junio de 2015 hasta que se anunció la reversión la espera aumentó de 40 a 65 días, un 62% más, y en los meses en los que Sanidad ya se ha hecho cargo del departamento ha aumentado en 3 días. «Si alguien maquilló y ocultó listas de espera fue el PP durante muchos años», ha concluido.

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Consumo

Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia

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Airbnb
Airbnb

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por publicar anuncios de viviendas turísticas sin licencia, así como por incurrir en prácticas consideradas desleales y engañosas para los consumidores. La resolución, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa.

Además de la multa económica, el Ministerio obliga a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminar los contenidos ilícitos y hacer pública la sanción, en aplicación de la normativa de consumo vigente.

Más de 65.000 anuncios irregulares retirados

La investigación llevada a cabo por Consumo ha detectado 65.122 anuncios ilegales en la plataforma de alquiler turístico. Entre las infracciones más graves se encuentra la publicación de alojamientos sin número de licencia, un requisito obligatorio en la mayoría de normativas autonómicas.

También se han identificado anuncios con números de registro falsos o incorrectos, así como otros que no informaban correctamente sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, lo que supone un caso de publicidad engañosa hacia los usuarios.

Por estos hechos, el Ministerio ha impuesto una sanción principal de 64.055.311 euros, una cuantía que, según Consumo, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que se mantuvieron estas prácticas.

Respaldo judicial a la actuación de Consumo

La actuación del Ministerio ya había sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló en distintos autos la orden de retirada de los anuncios irregulares dictada por Consumo.

La resolución también contempla sanciones adicionales por otras infracciones detectadas durante la instrucción del expediente.

Otras infracciones detectadas en el expediente

Entre ellas figura el incumplimiento de las obligaciones en los contratos celebrados a distancia, al no informar adecuadamente sobre si el anfitrión actuaba como particular o como profesional, una infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Asimismo, el Ministerio sanciona a Airbnb por no facilitar la información requerida durante la investigación, lo que supone otra infracción leve con una multa adicional de 10.000 euros. A ello se suma el incumplimiento de las órdenes provisionales dictadas por el órgano instructor, considerado una infracción grave y sancionado con 55.000 euros.

Vivienda y alquiler, en el foco del Ministerio

En paralelo, el Ministerio de Consumo mantiene expedientes sancionadores abiertos contra varias agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler, en un contexto marcado por la escasez de vivienda y el encarecimiento de los precios.

El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado que estas actuaciones buscan atajar la crisis de la vivienda en España, subrayando que “miles de familias viven al límite mientras algunos modelos de negocio expulsan a las personas de sus hogares”.


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