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Sanitat dice que un caso como el de iDental «no se puede repetir» y prepara una norma para prohibir publicidad engañosa

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VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) – La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha asegurado este lunes que un caso como el de las clínicas iDental «no se puede volver a repetir en la Comunitat» y se está trabajando en una norma para prohibir la publicadad engañosa en la región, cuyo borrador ya se ha enviado a los colegios de médicos u odontólogos para «que ninguna persona acuda a un tratamiento sin tener todas las garantías».

Así se ha pronunciado Barceló en una comparecencia en la Comisión de Sanidad en Les Corts a petición de Podemos para informar de las acciones emprendidas por su conselleria ante las denuncias realizadas por pacientes tratados en la clínicas iDental.

Según ha dicho, esta es «presuntamente una de las estafas más grandes en el ámbito sanitario de los últimos años», antes de pasar a explicar detalladamente la cronología de las denuncias, inspecciones y judicialización del proceso.

La primera clínica iDental autorizada en la Comunitat data de 2013 y el Colegio de Odontólogos fue el primero en presentar una denuncia a la clínica de València, donde se detectaron irregularidades en los procedimientos de trabajo, en el archivo o en la esterilización. Por ello, se inició un expediente sancionador que estará listo «esta semana o la que viene».

Este pasado verano se procedió a la entrada, por orden de la Audiencia Nacional como encargada de investigar el cierre de estas clínicas en distintas comunidades, en las sedes para recuperar los expedientes de los clientes. En total, se han encontrado 120.000 en las clínicas de iDental en la Comunitat: 67.000 en València, 20.000 en Alicante, 14.000 en Alfafar, 10.000 en Elche y 7.000 en Betxí.

Según ha precisado Barceló, no estaban indexados ni ordenador alfabéticamente, algunos incluso estaban hechos a mano y no estaban en cajas ni ordenados, sino que «mucha de la documentación estaba esparcida por el suelo» o junto a otros escritos.

A partir de ahí el trabajo de la Conselleria consiste en identificar y ordenar esos expedientes para entregar una copia a los afectados. Actualmente 1.137 personas han acudido a la sede de Sanitat a solicitar su historial y se contactará con ellas cuando estén en disposición de entregar la copia, destinando recursos para que pueda realizarse «a la mayor brevedad posible».

A preguntas de Podemos y Ciudadanos, la consellera ha señalado que no les consta que se haya producido ningún contagio de hepatitis C en este caso y que, según les han comunicado los expertos, sería «complejo» que se diera y, en todo caso, sería «muy difícil saber su origen». El diputado Daniel Geffner ha asegurado que sabe de pacientes que han dado positivo, a lo que Barceló ha replicado que si ha visto esos expedientes se los haga llegar, pero a día de hoy la Conselleria no tiene constancia de ningún contagio.

También el PP le ha preguntado si cree que este caso era «evitable» por ser «predecible», a lo que la consellera ha afirmado que no era evitable en tanto que los clientes no sospechaban desde el principio y «no les generó desconfianza» en un primer momento, sino que esta «se produjo luego con el tiempo, al ver que los tratamientos no respondían».

También señalado que la inspección no puede actuar «aleatoriamente», sino que lo hace a raíz de una sospecha o denuncia, y ha defendido que en todo el proceso se ha actuado con rigor y de manera «garantista» para evitar que luego las consecuencias judiciales pudieran verse afectadas.

Según ha indicado, en este caso el ‘handicap’ ha sido la publicidad engañosa, porque se trata de clínicas abiertas con el objetivo «de obtener el crédito al consumo» con las personas que «de buena fe piensan que esos tratamientos los van a recibir» a un precio menor. «El sistema ha fallado», ha asegurado.

LISTAS DE ESPERA EN LA RIBERA
Por otra parte, la consellera también ha comparecido para informar, a petición del PP, sobre la presunta manipulación de las listas de espera en el Departamento de salud de La Ribera. Aquí, se ha mostrado clara: «No hay maquillaje alguno en las listas de espera, ni de La Ribera ni de departamento alguno».

Se ha remitido a las explicaciones que ya dio en rueda de prensa tras filtrarse unas declaraciones del coordinador del área quirúrgica «en las que de manera sesgada y falaz» se intentaba hacer ver que desde la dirección se estaban dando indicaciones para maquillar las listas, algo que ha negado: «No existe ninguna directriz para ocultar pacientes en el Hospital de La Ribera».

Ha señalado que en este centro hospitalario desde junio de 2015 hasta que se anunció la reversión la espera aumentó de 40 a 65 días, un 62% más, y en los meses en los que Sanidad ya se ha hecho cargo del departamento ha aumentado en 3 días. «Si alguien maquilló y ocultó listas de espera fue el PP durante muchos años», ha concluido.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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