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Sanitat ya vacuna a desplazados que estén más de un mes en la Comunitat Valenciana

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Salud Pública ha vacunado ya a personas desplazadas de otras comunidades autónomas y de países de la Unión Europea que vayan a permanecer más de un mes en la Comunitat Valenciana, y espera que el Ministerio adecue el número de dosis que recibe ante una mayor movilidad como destino turístico.

La vacunación a desplazados se hace en la misma cohorte de edad que los valencianos, al finalizar cada grupo, por reciprocidad con la UE y con el fin de proteger a la población que está en el territorio, según ha afirmado este martes la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Barceló ha defendido que se deben establecer unos criterios en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles para que todas las comunidades actúen con reciprocidad y bajo los mismos criterios, una postura que trasladará en esa reunión tanto para españoles desplazados a otras autonomías como para residentes en otros países de la UE que viajan a la Comunitat Valenciana.

«Ahora mismo tenemos desplazados que hemos vacunado y esperamos que el Ministerio de Sanidad haga una adecuación del número de dosis que recibimos por el número de dosis que estamos inoculando a personas desplazadas a la Comunitat», ha señalado la consellera.

Barceló ha manifestado que por ser un destino turístico, se va a producir una movilidad mayor y por tanto van a venir a la Comunitat «muchos desplazados», y por eso se debe concretar cuál va a ser la reciprocidad entre comunidades.

La coordinadora del Comité técnico de vacunación, Lola Salas, ha precisado que la vacunación a los desplazados se lleva a cabo al final del grupo de edad que corresponde la vacuna en cada momento, con el criterio de que permanezcan más de un mes en esta región, y ha asegurado que ya se ha vacunado a miles de desplazados en la Comunitat.

Respecto a las personas que estén de vacaciones en otros lugares cuando les citen para la vacuna, la consellera ha explicado que se está estudiando un mecanismo para poder inocular las dosis antes o después de ese periodo vacacional.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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