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Sanitat ya vacuna a desplazados que estén más de un mes en la Comunitat Valenciana

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Salud Pública ha vacunado ya a personas desplazadas de otras comunidades autónomas y de países de la Unión Europea que vayan a permanecer más de un mes en la Comunitat Valenciana, y espera que el Ministerio adecue el número de dosis que recibe ante una mayor movilidad como destino turístico.

La vacunación a desplazados se hace en la misma cohorte de edad que los valencianos, al finalizar cada grupo, por reciprocidad con la UE y con el fin de proteger a la población que está en el territorio, según ha afirmado este martes la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Barceló ha defendido que se deben establecer unos criterios en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles para que todas las comunidades actúen con reciprocidad y bajo los mismos criterios, una postura que trasladará en esa reunión tanto para españoles desplazados a otras autonomías como para residentes en otros países de la UE que viajan a la Comunitat Valenciana.

«Ahora mismo tenemos desplazados que hemos vacunado y esperamos que el Ministerio de Sanidad haga una adecuación del número de dosis que recibimos por el número de dosis que estamos inoculando a personas desplazadas a la Comunitat», ha señalado la consellera.

Barceló ha manifestado que por ser un destino turístico, se va a producir una movilidad mayor y por tanto van a venir a la Comunitat «muchos desplazados», y por eso se debe concretar cuál va a ser la reciprocidad entre comunidades.

La coordinadora del Comité técnico de vacunación, Lola Salas, ha precisado que la vacunación a los desplazados se lleva a cabo al final del grupo de edad que corresponde la vacuna en cada momento, con el criterio de que permanezcan más de un mes en esta región, y ha asegurado que ya se ha vacunado a miles de desplazados en la Comunitat.

Respecto a las personas que estén de vacaciones en otros lugares cuando les citen para la vacuna, la consellera ha explicado que se está estudiando un mecanismo para poder inocular las dosis antes o después de ese periodo vacacional.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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