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Santamaría sobre el nombre de València: «Ribó y el Consell crean problemas donde no los hay»

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El presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad, Luis Santamaría, se ha mostrado muy crítico con la decisión del Consell de dar luz verde a la iniciativa del tripartito que gobierna en el Ayuntamiento de Valencia de reducir el topónimo de la ciudad de Valencia exclusivamente a su forma en valenciano. «Es hora de decir basta ya a las tomaduras de pelo de Ribó y del Consell a los valencianos» ya que, según Santamaría, «solo crean problemas donde no los hay».

La iniciativa que PSPV, Compromís y Podemos aprobaron en el Ayuntamiento de Valencia –y que este viernes ha ratificado el Consell– «fomenta la división entre el valenciano y el castellano, y también entre los valenciano hablantes, ya que la forma València que ha quedado como denominación exclusiva del municipio con el acento abierto no es usada por la mayoría de la población», ha explicado Santamaría.

Entiende que Ribó y su equipo de Gobierno (con la permisividad del Consell en esta ocasión) está obsesionado en «no solucionar las preocupaciones de los valencianos como el paro juvenil, el caos circulatorio, la falta de inversiones nacionales y extranjeras o la suciedad en las calles» y, por contra, «se centra en poner placas conmemorativas del 15-M, recordar permanentemente la Guerra Civil, suprimir el toque de las campanas de las iglesias y eliminar las tradiciones históricas y culturales de la ciudad».

Luis Santamaría ha pedido «respeto» a una ciudad como Valencia que es «cosmopolita, de carácter abierto y con vocación de mirada universal. Queremos liderar los intercambios comerciales en el Mediterráneo y ser un puerto de entrada para la diversidad». Sin embargo, ha recordado que decisiones como ésta llevan a la capital del Turia a una visión «reduccionista». Ha considerado que los actuales dirigentes son «gente que busca el aislacionismo» y que Valencia pierda «su sello de ciudad internacional con dos milenios de historia a sus espaldas y con dos lenguas cooficiales que enriquecen su patrimonio cultural».

Por todo ello, el presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad ha anunciado que «vamos a estudiar la posibilidad de presentar un recurso judicial ante una decisión tan sensible como es el cambio de nombre de la ciudad y que debería haberse realizado mediante un consenso amplio y no de manera sectaria por parte de quienes ni siquiera ganaron las elecciones».

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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