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El detenido por la muerte de Marta Calvo confiesa que murió practicando sexo y tomando drogas

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marta calvo

Madrid, 5 dic .- El principal sospechoso de la desaparición hace casi un mes de la joven Marta Calvo en el municipio de Manuel (Valencia) se ha entregado a la Guardia Civil en Carcaixent, quienes lo están interrogando, han indicado a Efe fuentes próximas a la investigación.

Jorge Ignacio, se ha presentado por voluntad propia ante la Guardia Civil y se ha inculpado al confesar que descuartizó a la mujer y tiró las partes del cuerpo por diversos contenedores.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que este hombre, un colombiano de 38 años con antecedentes delictivos, ha declarado a los agentes que es el autor de la muerte de Marta Calvo, de 25 años, con la que se había citado por Internet el pasado 7 de noviembre.

Tras ser detenido e interrogado, Jorge ha sido puesto a disposición judicial. Se trata de un hombre con antecedentes delictivos incluso en Italia, que estaba en paradero desconocido desde que el pasado 7 de noviembre se perdiera la pista de Marta Calvo.

Tras declarar durante más de cinco horas, el detenido ha confesado que la joven falleció por un paro cardíaco mientras mantenían relaciones sexuales y consumían cocaína, una práctica conocida como ‘fiesta blanca’. Tras ello, y bloqueado por la situación, Jorge Ignacio procedió a descuartizar el cuerpo de la joven y repartirlo en bolsas que depositó en varios contenedores.

Cabe destacar que Jorge ya ha sido investigado por la muerte de una prostituta en Russafa (Valencia) tras consumir cocaína.

El detenido será trasladado a la casa de Manuel (que Jorge limpió a fondo) este jueves para una recreación de los hechos, de forma que los investigadores den o no credibilidad a la versión de Jorge. Por su parte, se continúa la búsqueda de los restos de la joven en diversas plantas de residuos, pozos,… Cabe señalar que sin un cuerpo no se puede determinar si fue asesinato u homicidio, de ahí la premura en localizar el cuerpo. EFE

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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