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Se prevé que la subida del SMI afecte a más de 140.000 trabajadores en la Comunitat

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VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) – El Gobierno prevé que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, que aprobará el ejecutivo en el Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona, afecte a un total de 143.270 trabajadores en la Comunitat Valenciana, del total de 1,3 millones que se espera que se vean beneficiados por esta medida en el conjunto de España.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, en una rueda de prensa en la que ha valorado esta subida del SMI y la aprobación del techo de gasto en el Congreso este jueves.

Según ha detallado Fulgencio, en 2018 cobraban el salario mínimo en la Comunitat Valenciana un total de 61.598 personas, y el gobierno prevé que con el próximo incremento –de los 735,90 euros actuales a los 900 en 2019–, un total de 143.270 personas se vean beneficiadas. A nivel de todo el Estado, se pasará de unas 525.000 personas en 2018, a unas 1,3 millones.

El objetivo de esta subida, ha mantenido Fulgencio, es «prevenir la pobreza en el trabajo» porque «no puede ser» que en 2019 haya trabajadores que no puedan llegar a fin de mes. Así, ha destacado que esta subida de 900 euros en 2019, «habrá que ir mejorándolo» en años posteriores.

«Es un paso muy importante, pero no es el final del camino», ha manifestado, al tiempo que ha criticado a los que «dicen que es una subida desproporcionada», y los ha instado a «comparar con los 1.500 euros de otros países de nuestro entorno».

«ABSOLUTA ANORMALIDAD DEMOCRÁTICA» QUE EL SENADO FRENE EL TECHO DE GASTO
Fulgencio también se ha pronunciado al respecto del el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 que se aprobó este jueves en el Congreso, y que deberá votar el Senado, donde previsiblemente no salga adelante por el voto en contra de la mayoría absoluta que tiene el PP en esta cámara.

Así, para el delegado, que la Cámara Alta pueda vetar este acuerdo es una «absoluta anormalidad democrática», que «no forma parte del espíritu de la Constitución».

Fulgencio ha destacado que esta senda de déficit «obtuvo el visto bueno de Europa», por lo que ha pedido a la «derecha parlamentaria» que «se dejen de encuestas y prisas», y que «atiendan a la obligación del oxígeno a los que sufrieron los recortes».

En esta línea, ha afirmado que apoyar el techo de gasto «no es apoyar al gobierno, sino al Estado del Bienestar y a las Comunidades Autónomas», ya que «supone más recursos en un estado en el que las cuentas «están mejor», y ha destacado que «suponen 2.500 millones de margen fiscal» para las autonomías.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el delegado ha comentado que buscan «recuperar parte de lo perdido en los últimos años», y ha asegurado que apuestan por el «blindaje del Estado del Bienestar». «El Gobierno tiene una agenda de cambio, aunque aún quedan muchas cosas por revertir en política social», ha asegurado.

Al respecto de la aprobación de las cuentas estatales para 2019, Fulgencio ha señalado que el gobierno «ya está negociando», y ha asegurado que «la era de la negociación ha venido para quedarse». Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios un «esfuerzo de generosidad», por lo que «todos tendrán que explicar» su actitud al respecto de las cuentas, «si fue en clave política o pensando en los ciudadanos».

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Sánchez admite cobros en efectivo de menos de 1.000 € pero niega financiación ilegal

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Pedro Sánchez-EUROPA PRESS

En una sesión muy tensa de la comisión de investigación del Senado sobre el Caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió que en su etapa como secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pudo recibir en “alguna ocasión” pagos en efectivo para “liquidar gastos”, pero insistió en que nunca superaron los 1.000 euros por operación y siempre se realizaron contra justificante o factura.

El mandatario subrayó que dichos pagos fueron “anecdóticos” y rechazó de forma rotunda la existencia de financiación ilegal en su partido. “En el PSOE no existen sobresueldos”, afirmó con contundencia, y defendió que las fuentes de financiación del partido son “legales” y trazables.


Detalles de la admisión y matices

Sánchez explicó que esos pagos en metálico se realizaron cuando ejercía como secretario general del PSOE, bajo el procedimiento habitual del partido: solicitud de gasto, factura o justificante, y rembolso.

“Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura”, declaró el presidente.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no precisó la cuantía total de los pagos que ha recibido. “Sobre cifras no le puedo responder en concreto porque fueron anecdóticos”, dijo ante la senadora de UPN, María del Mar Caballero.

A preguntas del senador de Vox, Ángel Pelayo, respecto al límite máximo legal para pagos en efectivo (1.000 euros), Sánchez respondió que esos pagos “en ningún caso” lo superaron.


Negación de financiación ilegal y críticas a la comisión

Sánchez utilizó buena parte de su intervención para rechazar las insinuaciones de la oposición y para cuestionar las motivaciones de la comisión investigadora. Calificó la sesión de “comisión de difamación” y llegó a afirmar que “esto es un circo”, lo que provocó reproches del presidente de la comisión del Senado, Eloy Suárez, y de otros grupos parlamentarios.

Además, defendió la “trazabilidad” de las cuentas del PSOE, señalando que tanto él como su partido han actuado con transparencia frente a los hechos que investigan los tribunales, mencionando que su Gobierno, junto al de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los “más limpios y honestos de la historia de la democracia”.


Interrogatorios, evasivas y asuntos pendientes

La sesión, que comenzó a las 9:00 h en la Sala Clara Campoamor del Senado, se prolongó más de cinco horas con interrogatorios por parte de numerosos grupos parlamentarios (excepto el PNV).

Durante el interrogatorio, Sánchez respondió en múltiples ocasiones con expresiones como “no me consta” o “no tengo constancia” cuando se le preguntó sobre detalles específicos relacionados con la trama, como los pagos realizados por el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García o el rescate de la aerolínea Air Europa.

En concreto:

  • Negó que su mujer, Begoña Gómez, tuviera vinculación alguna con el rescate de Air Europa, afirmando que los informes de la unidad de la Guardia Civil descartaban su implicación.

  • Sobre el cese de Ábalos en 2021, aseguró que no fue motivado por los escándalos investigados, sino por una necesidad de renovación del Gobierno tras la pandemia y la desescalada.

  • Finalmente, cuando el senador del PP, Alejo Miranda, le retó a un careo con Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, Sánchez rehusó contestar directamente.


Implicaciones políticas y próximas etapas

Esta comparecencia de Sánchez marca un momento clave en el desarrollo del Caso Koldo. Sus declaraciones tienen varias implicaciones:

  • Reactiva el debate público sobre la financiación de partidos y el uso de efectivo en las formaciones políticas.

  • Pone foco en la credibilidad del presidente del Gobierno, que ha admitido cobros en metálico pese a los límites legales, aunque lo ha hecho dentro de la legalidad según su versión.

  • Agrava el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición (PP, Vox, UPN) que busca que esta sesión derive en responsabilidades políticas o judiciales.

  • Refuerza la presión para que se faciliten documentos, se aclaren pagos en metálico vinculados al PSOE y se depuren responsabilidades en el interior del partido.

La comisión sigue abierta y todavía quedan por comparecer más testigos y cargos vinculados al caso. El Ejecutivo y el PSOE habrán de hacer frente a nuevas interpelaciones, mientras la oposición insiste en que esta sesión ha sido sólo el primer paso para revelar lo que consideran una “financiación irregular” del partido.

 

Una cita histórica en el Senado

La sesión comenzará a las 9:00 horas y se espera que se prolongue durante más de seis horas. Sánchez deberá responder ante los senadores sobre los contratos, licencias y operaciones del Gobierno presuntamente relacionadas con la intermediación de Koldo García, exasesor de Ábalos y una de las figuras centrales del caso.

La comparecencia, solicitada por el Partido Popular, llega en un momento político especialmente tenso para el Ejecutivo, marcado por el desgaste de su pacto con Junts, las sospechas de financiación ilegal en el PSOE y la presión creciente de la oposición.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado un interrogatorio directo y sin concesiones. “¿Piensa decir la verdad o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?”, ironizó el dirigente gallego en la víspera de la cita.

Sánchez rompe el silencio dos años después

El presidente no comparecía en el Senado desde marzo de 2024, y lo hace ahora obligado por la normativa parlamentaria, que establece que debe asistir al menos una vez al mes al pleno de la Cámara Alta desde el inicio del curso político.

Para esta sesión, Sánchez contará con el respaldo de su equipo más cercano: el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; y el director de Asuntos Institucionales, Iván García Yustos.

La comparecencia tendrá lugar en la misma sala en la que ya declararon José Luis Ábalos y Koldo García, piezas clave del caso que investiga la presunta adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia.

Una comisión marcada por el caso Koldo y la sombra de la corrupción

La de Sánchez será la segunda comparecencia de un presidente del Gobierno en una comisión de investigación en democracia —la primera fue la de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 por los atentados del 11M—, aunque en este caso con un matiz inédito: es la primera vez que un presidente acude para rendir cuentas por un caso de corrupción que afecta a su propio partido.

La investigación judicial apunta a la posible existencia de una “caja B” en el PSOE y a movimientos económicos vinculados a antiguos dirigentes. El exgerente del partido, Mariano Moreno Pavón, ha implicado en sus declaraciones a varios cargos, mientras que Santos Cerdán, exsecretario de Organización, continúa en prisión preventiva en Soto del Real.

Moncloa busca rebajar la tensión antes del interrogatorio

En la víspera de su comparecencia, Moncloa ha intentado reducir el ruido político. Durante la Sesión de Control celebrada este martes en el Congreso, marcada por su brevedad debido al funeral de Estado por las víctimas de la DANA, Sánchez evitó entrar al choque con la oposición.

El presidente centró su discurso en un tono institucional, recordando a las víctimas y elogiando la unidad mostrada durante el homenaje en València. Fuentes del Gobierno explican que el objetivo es mantener la calma y proyectar una imagen de responsabilidad antes de un interrogatorio que se prevé bronco.

Un examen político y moral

La cita de este miércoles no solo pondrá a prueba la capacidad dialéctica de Pedro Sánchez, sino también su credibilidad política y su liderazgo dentro del PSOE. En un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones y de erosión interna en el partido, el presidente buscará exhibir firmeza, transparencia y control frente a los ataques de la oposición.

Mientras tanto, desde el Partido Popular se insiste en que esta comparecencia debe servir para “arrojar luz” sobre la gestión de los fondos públicos durante la pandemia y sobre la supuesta red de comisiones ilegales.

Sea cual sea el resultado, lo cierto es que la sesión de este miércoles quedará registrada como un momento inédito en la historia reciente de la democracia española: el día en que un presidente del Gobierno compareció ante el Senado para responder por un caso de corrupción que golpea directamente a su propio partido.

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