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Se triplica la demanda de mascarillas FFP2 pero no hay problemas de «stock»

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Madrid, 1 feb (EFE).- La demanda de mascarillas FFP2 se ha triplicado en una semana en las farmacias, coincidiendo con la reapertura del debate sobre la conveniencia de hacerlas obligatorias en espacios cerrados, aunque su distribución se está llevando con total normalidad sin que existan problemas de abastecimiento.

El Grupo Cofares, la cooperativa líder en el mercado de la distribución farmacéutica en España, ha asegurado a Efe este lunes que cuentan con más de 3 millones de mascarillas autofiltrantes FPP2, indicadas para el personal sanitario y con unos niveles de filtraje por lo general superiores al 92 %.

Las quirúrgicas siguen siendo las más solicitadas en farmacias por los ciudadanos, aunque en la última semana se ha triplicado la demanda de las FFP2, pero Cofares deja claro que sus fuentes de suministro «son sólidas» y van aprovisionando a sus socios «regularmente, con lo que no se producirán roturas de ‘stock'».

«En estos momentos, tanto la distribución de medicamentos como el reparto de materiales de protección se están llevando a cabo con total normalidad, y las farmacias de Cofares reciben sus pedidos como de costumbre», garantizan desde el grupo, que ha pasado de vender 30.000 mascarillas anuales a 2,5 millones en un solo día en los momentos más duros de la crisis sanitaria.

La obligatoriedad de mascarillas FFP2 ha vuelto al centro del debate en España después de que países como Alemania hayan impuesto su uso en espacios públicos como el transporte, prohibiendo aquellas caseras de tela que no filtren más del 90 % de las partículas.

Desde el Ministerio de Sanidad, su responsable, Carolina Darias, ha señalado que se analizará esta petición realizada por varias consejerías, aunque ha destacado el «elevado» nivel de filtración de las mascarillas higiénicas que se comercializan en España, que se sitúa en torno al 90 %, superior al de otros países.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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