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Sigue crítica la joven ucraniana despeñada por el mirador de Benidorm cuando se hacía un ‘selfie’

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Benidorm (Alicante), 15 sep (EFE/OP).- La joven de 26 años, de nacionalidad ucraniana, que se despeñó por el acantilado del turístico castillo de Benidorm cuando se hacía un ‘selfie’ sigue ingresada en estado crítico en el hospital General de Alicante.

Fuentes sanitarias han informado a Efe de que la joven se encuentra muy grave en la unidad de reanimación tras ser evacuada por politraumatismos y síntomas de ahogamiento.

La chica se hallaba ayer a las 18.10 horas en compañía de una amiga en el mirador del castillo de Benidorm, que muchos conocen popularmente como el ‘balcón de Europa’, uno de los puntos más visitados y fotografiados de la capital turística de la Comunitat Valenciana.

Cuando trataba de hacerse una autofoto sobre una barandilla con la playa de Levante de fondo, al parecer se descuidó y se precipitó accidentalmente desde una altura de unos veinte metros por el acantilado hasta llegar al mar, de donde socorristas la rescataron y llevaron hasta las rocas cercanas para las primeras maniobras de reanimación antes de trasladarla hasta el puerto de la localidad en estado inconsciente.

Las ambulancias del SAMU y Soporte Vital Básico le practicaron las labores de recuperación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización que permitieron recuperar las constantes vitales, tras lo cual fue dirigida al Hospital General de la provincia.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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