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Simón asegura que los contagios «se están estabilizando» y España registra 10.764 nuevos casos

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El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido como cada lunes y cada jueves desde Moncloa para hacer análisis de la situación epidemiológica de España. En el último balance, el Ministerio de Sanidad recoge 10.764 nuevos casos y 71 fallecidos más por COVID-19.

En las últimas 24 horas, como ha confirmado Simón, han sido 4.137 los positivos diagnosticados, de los cuales 1.509 corresponden a la Comunidad de Madrid, que continúa como el epicentro de la pandemia de coronavirus en España.

Con 51.419 nuevos positivos en un plazo de tan solo 7 días, Fernando Simón sostiene que, si bien ya desde mediados de julio “hay un incremento progresivo” que se está observando no solo en España sino también “a nivel global”, especialmente en Europa, en la última semana los datos muestran una cierta “estabilización”, aunque España sigue marcando cifras de récord en número de contagios diarios.

Simón ha manifestado que el incremento de contagios entre jóvenes de 15 y 20 años se debe a los «últimos coletazos» de las fiestas y botellones y no a la vuelta al colegio, cuya repercusión se verá a finales de la próxima semana.

También ha asegurado que «da la impresión de que hay una estabilización de la pandemia», aunque ha recalcado que hay que tener cuidado con la vuelta al trabajo, a los colegios y con el inicio de la temporada de gripes, porque podrá haber «pequeños incrementos de casos».

Simón, que ha cifrado la mediana de edad de los fallecidos por coronavirus en 86 años, «cuando en el pico de la pandemia era de 83», ha manifestado que en la actualidad se detectan entre el 60 y el 80% de contagios, ya que todas las comunidades han incrementado su capacidad diagnóstica llegando a practicar 641.000 PCR semanales.

El experto ha cifrado la ocupación de las UCI de enfermos de covid entre el 10 y el 15 %, dependiendo de las comunidades, y ha recordado que hay una oferta de más de 7.000 camas en los hospitales españoles y en la actualidad hay 1.141 ocupadas por pacientes con covid, y «aunque en algún hospital concreto la presión pueda ser mayor, pero eso no sucede a nivel de comunidad», ha añadido.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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