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Simón deja caer que en breve se aprobará la vacuna AstraZeneca para mayores 65 años

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Madrid, 5 abr (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simon, ha considerado que cada vez hay una evidencia «más sólida» de la eficacia de la vacuna de AstraZeneca en los mayores de 65 años, con lo que ve probable que «en muy breve» tiempo España apruebe su administración para este grupo.

Lo ha asegurado Simón en la rueda de prensa de todos los lunes en la que da cuenta de la evolución de la pandemia del coronavirus en España: hoy ha recordado que la ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca «no cierra la puerta» a que se pueda usar en los mayores de 65.

La semana pasada, la Comisión de Salud Pública dio luz verde a la quinta actualización de la estrategia de vacunación contra la covid en España, que incluyó la ampliación de la edad de utilización de la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años.

Los ensayos clínicos del fármaco no incluyeron a personas de más de 65 años, con lo que, ha recordado Simón, no se sabía si iba a ser eficaz en ellos o no, pero ahora hay más información al respecto, después de que varios países hayan vacunado con el suero a todos los grupos de edad, y todo indica que la eficacia es similar a la de la población que participó en los ensayos.

«Cada vez la evidencia es más sólida», ha insistido el director del CCAES y, por lo tanto, «es muy probable que en muy breve» tiempo se pueda proponer esta vacuna para los mayores de 65 años, si bien habrá que ver lo que decide la ponencia de vacunas, «que son los que saben de este tema».

Simón ha insistido en que no sabe si será esta semana, la que viene o algo más tarde, pero la evidencia de que la vacuna podría ser eficaz en mayores de 65 es «cada vez mayor».

En cuanto al ritmo de vacunación en el país, Simón ha dicho que «España está vacunando muy bien» y ha confiado en que, si el ritmo de llegada de vacunas no sufre retrasos, se puede alcanzar el objetivo del 70 % de la población vacunada en torno al verano.

Ha recordado, además, que la infraestructura del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha permitido durante la campaña de la vacunación de la gripe administrar 14 millones de dosis en siete semanas sin «grandes esfuerzos», con lo que para la de la covid el sistema puede absorber «bastante más» de dos millones de dosis semanales inoculadas.

Preguntado sobre la ley que entró en vigor la semana pasada que obliga al uso de la mascarilla aun cuando pueda mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 metros, el director del CCAES ha opinado que cree que se va a corregir o discutir en los próximos días.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ofreció a las comunidades trabajar «de manera técnica» para revisar y actualizar esta parte de la norma.

De hecho, Simón ha asegurado que en el seno del Consejo Interterritorial del SNS ya se está discutiendo el asunto y «probablemente» la ministra llevará una propuesta en la próxima reunión con los consejeros, porque es «de sentido común».

Simón también se ha referido a la variante británica, de la que ha dicho que «ya es nuestra variante», porque es la mayoritaria, con lo que ha abogado por ir dejando de darle un «peso excesivo» y pensar «con mucho cuidado» en las otras, que son marginales y podrían tener impacto, como la brasileña y la sudafricana: «Son las dos que nos interesan más», ha apostillado el director del CCAES.

Asimismo, ha indicado que la británica no está dejando paso a las otras dos, que sí podían afectar a la efectividad de las vacunas, con lo que es algo «que nos podría estar favoreciendo».

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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