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Sólo se han tramitado la mitad de las denuncias del primer estado de alarma

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EFE

Madrid, 13 may (EFE).- Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han tramitado la mitad de las actas de denuncia interpuestas por los Cuerpos de Seguridad durante el primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020.denu

En concreto 481.969 actas (un 50,1%) de los 960.580 expedientes derivados del incumplimiento de las medidas de limitación de circulación en toda España, sin contar País Vasco y Cataluña ya que aquí las competencias en materia de seguridad ciudadana están transferidas, según datos del Ministerio de Interior.

De las tramitadas, 172.482 se han resuelto con sanción, 87.826 han sido trasladadas a otras administraciones, 54.193 están todavía en proceso de instrucción y 11.206 han sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor se ha determinado que no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas.

Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) son las CCAA en las que más expedientes de denuncia se han interpuesto, mientras que Ceuta y Melilla las que menos con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.

Quedan pendientes de tramitar 478.611 actas (el 49%) y de hecho hoy se pone en marcha un programa de refuerzo para agilizarlas y ayudar así a los 235 efectivos en todo el país encargados de determinar si procedía o no iniciar el expediente sancionador.

En 2019, el total de denuncias recibidas en las Delegaciones del Gobierno referidas a todos los ámbitos en los que se ejerce la potestad sancionadora, es decir, seguridad ciudadana, drogas, armas, seguridad privada, violencia en el deporte, derecho de reunión, etc., ascendió a 464.734, de las cuales 64.346 estaban referidas al ámbito de seguridad ciudadana.

Esta cifra contrasta con las 960.580 actas de sanción interpuestas en un periodo de tres meses correspondientes al primer estado de alarma, ocho veces más que un periodo equivalente de 2019.

En el segundo estado de alarma la tramitación de los expedientes de sanción corresponde a las Comunidades Autónomas.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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