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Sólo se han tramitado la mitad de las denuncias del primer estado de alarma

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EFE

Madrid, 13 may (EFE).- Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno han tramitado la mitad de las actas de denuncia interpuestas por los Cuerpos de Seguridad durante el primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020.denu

En concreto 481.969 actas (un 50,1%) de los 960.580 expedientes derivados del incumplimiento de las medidas de limitación de circulación en toda España, sin contar País Vasco y Cataluña ya que aquí las competencias en materia de seguridad ciudadana están transferidas, según datos del Ministerio de Interior.

De las tramitadas, 172.482 se han resuelto con sanción, 87.826 han sido trasladadas a otras administraciones, 54.193 están todavía en proceso de instrucción y 11.206 han sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor se ha determinado que no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas.

Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) son las CCAA en las que más expedientes de denuncia se han interpuesto, mientras que Ceuta y Melilla las que menos con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.

Quedan pendientes de tramitar 478.611 actas (el 49%) y de hecho hoy se pone en marcha un programa de refuerzo para agilizarlas y ayudar así a los 235 efectivos en todo el país encargados de determinar si procedía o no iniciar el expediente sancionador.

En 2019, el total de denuncias recibidas en las Delegaciones del Gobierno referidas a todos los ámbitos en los que se ejerce la potestad sancionadora, es decir, seguridad ciudadana, drogas, armas, seguridad privada, violencia en el deporte, derecho de reunión, etc., ascendió a 464.734, de las cuales 64.346 estaban referidas al ámbito de seguridad ciudadana.

Esta cifra contrasta con las 960.580 actas de sanción interpuestas en un periodo de tres meses correspondientes al primer estado de alarma, ocho veces más que un periodo equivalente de 2019.

En el segundo estado de alarma la tramitación de los expedientes de sanción corresponde a las Comunidades Autónomas.

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Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Supremo ordena prisión sin fianza para el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al elevarse el riesgo de fuga antes del juicio por la presunta trama de mascarillas.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP habían solicitado su ingreso inmediato en prisión.

El Supremo ordena prisión provisional para Ábalos y Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, investigados por las supuestas irregularidades en contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia.

Se trata de un hecho histórico: es la primera vez que un diputado en ejercicio deberá entrar en prisión provisional antes de ser juzgado.

La decisión llega tras revisar las medidas cautelares que mantenían hasta hoy (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales). El riesgo de fuga se considera ahora “muy elevado” ante la gravedad de las penas solicitadas.


La Fiscalía Anticorrupción alertó de un riesgo de fuga “disparado”

La medida adoptada responde a la petición expresa del jefe de Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, así como de las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular.
Anticorrupción sostiene que, ante la posibilidad de que ambos se enfrenten a hasta 30 años de cárcel, existe un riesgo de fuga “inequívoco”.


La llegada de Ábalos al Supremo: “No tengo dinero ni a dónde ir”

Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, a las 9:12 horas, solo y con una mochila de cuero. En su intervención durante la vistilla, aseguró al magistrado:

“No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir.”

Fuentes jurídicas aseguran que el exministro estaba “visiblemente destrozado”, fumando nervioso en los patios del Palacio de Justicia mientras esperaba la resolución.

Su abogado defendió que su ingreso en prisión, siendo diputado, supondría vulnerar su derecho a representación política y acusó a Anticorrupción de querer “forzar” una declaración colaborativa similar a la del empresario Víctor de Aldama.


Koldo García: “No me voy a ir a ningún sitio”

Koldo García llegó justo a la hora señalada, acompañado de su abogada, y también negó cualquier intención de fugarse:

“No me voy a ir a ningún sitio. Todos tenemos derecho a aprender poco a poco.”

Esta última frase ha sido interpretada por presentes como un reconocimiento implícito de haber cometido errores.

Su defensa alegó arraigo familiar: una madre mayor y una hija pequeña.


El fiscal, contundente: “Ningún poder del Estado puede eludir la acción penal”

El fiscal Luzón fue especialmente duro respecto a Ábalos:

“Fue su pertenencia al Gobierno lo que permitió cometer estos delitos.
Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal. La Justicia es ciega por eso.”


Camino al juicio por la presunta trama de mascarillas

El pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por su presunta participación en una trama para adjudicar contratos millonarios de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

Penas solicitadas por Fiscalía

  • Ábalos: 24 años de prisión

  • Koldo García: 19 años y medio

  • Víctor de Aldama: 7 años (pena reducida por su confesión)

Los delitos atribuidos incluyen:

  • organización criminal

  • cohecho

  • tráfico de influencias

  • malversación

  • uso de información privilegiada

Penas solicitadas por las acusaciones populares

Las acusaciones que lidera el PP elevan las penas a 30 años al añadir:

  • prevaricación

  • falsedad documental


Un caso que sacude al Gobierno y tensa el clima político

El ingreso inmediato en prisión del exministro socialista supone un terremoto político en vísperas del juicio. La resolución marca un paso decisivo en una de las causas de corrupción más mediáticas derivadas de la pandemia.

 

 

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