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Así es Stormy Daniels, la actriz porno que ha llevado a la imputación a Donald Trump

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Stormy Daniels actriz porno donald trump

El expresidente Donald Trump ha sido imputado en Nueva York de cargos penales por el presuntos pagos de dinero para silenciar a la actriz de cine para adultos Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Se trata de una mujer de 44 años, de Loisiana, y una personalidad muy conocida durante más de dos décadas en la industria del cine porno.

Es ella, con su relato de los hechos, quien puede poner contra las cuerdas al expresidente de Estados Unidos que busca ser reelegido como candidato republicano para las presidenciales de 2024.

El objetivo de estos presuntos pagos habría sido el de evitar un escándalo antes de las elecciones estadounidenses de 2016, tras las que Trump resultó nombrado presidente de Estados Unidos.

Algo que el exmandatario niega categóricamente, y dice que el pago se hizo para detener sus «acusaciones falsas y extorsionadoras».

Stormy Daniels

El encuentro sexual de Daniels y Trump en 2006

El encuentro sexual que narra Daniels se habría producido en 2006, un año después de que se casara con su tercera esposa, Melania, durante un torneo de golf en el que participaron famosos en Lake Tahoe.

Según el relato de Daniels en una entrevista en el canal ‘CBS’ en 2018, él la invitó a cenar y lo hicieron en la suite de su hotel. Trump le enseñó una copia de una revista de golf con su foto en la portada y ella le sugirió que quería «azotarle». «Se dio la vuelta y se bajó un poco los pantalones, ya sabes, tenía ropa interior y esas cosas, y solo le di un par de golpes», contó Daniels.

En un momento en el que ella fue al baño, el exmandatario se habría «encaramado» en el borde de la cama. «Me di cuenta exactamente en lo que me había metido. Y pensé, aquí vamos», explicó Daniels en esa entrevista en el programa ’60 Minutes’. Ella dijo que los dos tuvieron sexo consensuado.

Tras este encuentro, y siempre según el relato de la actriz, Trump le habría llamado varias veces y se habrían reunido de nuevo en julio de 2007 en el Hotel Beverly Hills en Los Ángeles para hablar sobre su posible aparición en el programa de Trump ‘Celebrity Apprentice’.

Daniels dijo que él quería volver a tener sexo en el hotel, pero ella se negó. Un mes después, Trump la habría llamado para decirle que no había podido conseguir que participase en su programa.

Los pagos para evitar que saliese a la luz

El 28 de octubre de 2016, en los últimos días antes de las elecciones presidenciales, Daniels firmó un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometía a no hablar públicamente de su relación con él a cambio de un pago de 130.000 dólares, según documentos presentados ante el tribunal federal de Los Ángeles.

El pacto fue firmado por Keith Davidson, su abogado en ese momento, y Michael Cohen, entonces el abogado personal y mediador de Trump. El documento incluía un lugar para la firma de Trump, pero él nunca lo firmó.

Stormy Daniels, la actriz porno relacionada con Donald Trump

En 2018, después de que el diario ‘The Wall Street Journal’ informara sobre el pago a Daniels, Cohen declaró públicamente que le pagó con su propio dinero y que Trump no le ordenó hacerlo. Daniels demandó a Trump y Cohen buscando invalidar el acuerdo.

Tras ello, los abogados de Trump reconocieron que no firmó el acuerdo de confidencialidad y que no buscaría hacerlo cumplir. Un juez desestimó su demanda porque el asunto se resolvió.

El último paso: una demanda por difamación

Daniels presentó una demanda por difamación en 2018 contra el tribunal federal de Trump por una publicación en Twitter en la que la acusaba de «estafa» después de que ella describiera haber sido amenazada por publicar en sus redes la supuesta relación sexual con él.

Un juez federal con sede en Los Ángeles decidió en 2018 que los comentarios de Trump no eran difamatorios y estaban protegidos por la garantía de libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La decisión del juez fue confirmada en apelación y la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 2021 se negó a revisar el asunto.

Stormy Daniels: «Tampoco quiero derramar champán»

La actriz porno Stephanie Clifford, ha agradecido a sus seguidores de Twitter los apoyos que ha recibido tras la acusación formal contra el expresidente Donald Trump.

«¡Gracias a todos por su apoyo y amor! Tengo tantos mensajes que no puedo responder. Tampoco quiero derramar champán», ha expuesto en un breve tuit.

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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