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Valencia

El Consell cesa al subsecretario de Justicia por una condena por violencia de género en 2011

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subsecretario de Justicia condena violencia de género
Luís Manuel Martín Domínguez- Foto: GVA

Primera bomba en el Gobierno valenciano. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha cesado este jueves al subsecretario de la Conselleria de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez, a petición de la consellera de este departamento, Elisa Núñez, de Vox, tras conocer ésta que fue condenado por violencia de género en 2011.

Núñez ha comparecido en rueda de prensa, junto a la portavoz del Consell, Ruth Merino, para dar cuenta de este cese, que se ha acordado tras la celebración de un pleno extraordinario anunciado esta misma tarde.

En esta comparecencia no se han dado detalles de la referida sentencia por tratarse de un asunto personal y «por la discreción a la que obliga el cargo», según ha asegurado Núñez, que sin embargo ha lamentado la «total quiebra de confianza» respecto al cesado.

Merino ha señalado que al Gobierno valenciano le ha parecido «grave» este hecho, «especialmente a la consellera de Justicia», que «no tenía conocimiento de estos hechos».

La sustitución de Martín Domínguez se producirá en el pleno del Consell que tendrá lugar el próximo martes, ha informado la consellera portavoz.

Cesado al subsecretario de Justicia por una condena por violencia de género en 2011

La consellera de Justicia (Vox) ha sido interrogada por el hecho de que uno de los rostros más visibles de su partido, negociador del acuerdo con el PP para la formación del Gobierno de la Generalitat y actual diputado en el Congreso, Carlos Flores, también fue condenado por violencia psíquica habitual, coacciones, injurias y vejaciones, y se mantiene en un puesto de responsabilidad política (es diputado en el Congreso).

Al respecto, Núñez se ha limitado a apuntar que considera que ha actuado «con coherencia», «en el marco del pacto de Gobierno entre el PP y Vox» y «en el mismo momento en que he tenido conocimiento de esa noticia», si bien no ha revelado cómo ha llegado hasta ella esta información «por prudencia y discreción».

«He recibido la información esta mañana, una información que desconocía» y que ha provocado «una pérdida de confianza total», ha insistido la consellera de Justicia, que ha trasladado la referida información al president de la Generalitat, Carlos Mazón, instando al cese «lo antes posible» del subsecretario.

Luis Manuel Martín Domínguez

Preguntada Ruth Merino por la comparación entre Carlos Flores y este alto cargo cesado hoy, la portavoz del Consell ha señalado que «se ha actuado de forma rápida por tratarse de lo que se trata y por la pérdida de confianza de la persona que le había nombrado. Eso es lo fundamental y lo que ha hecho que obremos con celeridad».

Según consta en la web de la Generalitat Valenciana, el alto cargo destituido es natural de Huelva, tiene 54 años y es licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva. Entre junio de 2021 y julio de 2023 estuvo trabajando en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

El primer cese en el Gobierno valenciano llega a los 3 meses del pacto entre PP y Vox

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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