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Valencia

El Consell cesa al subsecretario de Justicia por una condena por violencia de género en 2011

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subsecretario de Justicia condena violencia de género
Luís Manuel Martín Domínguez- Foto: GVA

Primera bomba en el Gobierno valenciano. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha cesado este jueves al subsecretario de la Conselleria de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez, a petición de la consellera de este departamento, Elisa Núñez, de Vox, tras conocer ésta que fue condenado por violencia de género en 2011.

Núñez ha comparecido en rueda de prensa, junto a la portavoz del Consell, Ruth Merino, para dar cuenta de este cese, que se ha acordado tras la celebración de un pleno extraordinario anunciado esta misma tarde.

En esta comparecencia no se han dado detalles de la referida sentencia por tratarse de un asunto personal y «por la discreción a la que obliga el cargo», según ha asegurado Núñez, que sin embargo ha lamentado la «total quiebra de confianza» respecto al cesado.

Merino ha señalado que al Gobierno valenciano le ha parecido «grave» este hecho, «especialmente a la consellera de Justicia», que «no tenía conocimiento de estos hechos».

La sustitución de Martín Domínguez se producirá en el pleno del Consell que tendrá lugar el próximo martes, ha informado la consellera portavoz.

Cesado al subsecretario de Justicia por una condena por violencia de género en 2011

La consellera de Justicia (Vox) ha sido interrogada por el hecho de que uno de los rostros más visibles de su partido, negociador del acuerdo con el PP para la formación del Gobierno de la Generalitat y actual diputado en el Congreso, Carlos Flores, también fue condenado por violencia psíquica habitual, coacciones, injurias y vejaciones, y se mantiene en un puesto de responsabilidad política (es diputado en el Congreso).

Al respecto, Núñez se ha limitado a apuntar que considera que ha actuado «con coherencia», «en el marco del pacto de Gobierno entre el PP y Vox» y «en el mismo momento en que he tenido conocimiento de esa noticia», si bien no ha revelado cómo ha llegado hasta ella esta información «por prudencia y discreción».

«He recibido la información esta mañana, una información que desconocía» y que ha provocado «una pérdida de confianza total», ha insistido la consellera de Justicia, que ha trasladado la referida información al president de la Generalitat, Carlos Mazón, instando al cese «lo antes posible» del subsecretario.

Luis Manuel Martín Domínguez

Preguntada Ruth Merino por la comparación entre Carlos Flores y este alto cargo cesado hoy, la portavoz del Consell ha señalado que «se ha actuado de forma rápida por tratarse de lo que se trata y por la pérdida de confianza de la persona que le había nombrado. Eso es lo fundamental y lo que ha hecho que obremos con celeridad».

Según consta en la web de la Generalitat Valenciana, el alto cargo destituido es natural de Huelva, tiene 54 años y es licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva. Entre junio de 2021 y julio de 2023 estuvo trabajando en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

El primer cese en el Gobierno valenciano llega a los 3 meses del pacto entre PP y Vox

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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