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Valencia

El Consell cesa al subsecretario de Justicia por una condena por violencia de género en 2011

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subsecretario de Justicia condena violencia de género
Luís Manuel Martín Domínguez- Foto: GVA

Primera bomba en el Gobierno valenciano. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha cesado este jueves al subsecretario de la Conselleria de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez, a petición de la consellera de este departamento, Elisa Núñez, de Vox, tras conocer ésta que fue condenado por violencia de género en 2011.

Núñez ha comparecido en rueda de prensa, junto a la portavoz del Consell, Ruth Merino, para dar cuenta de este cese, que se ha acordado tras la celebración de un pleno extraordinario anunciado esta misma tarde.

En esta comparecencia no se han dado detalles de la referida sentencia por tratarse de un asunto personal y «por la discreción a la que obliga el cargo», según ha asegurado Núñez, que sin embargo ha lamentado la «total quiebra de confianza» respecto al cesado.

Merino ha señalado que al Gobierno valenciano le ha parecido «grave» este hecho, «especialmente a la consellera de Justicia», que «no tenía conocimiento de estos hechos».

La sustitución de Martín Domínguez se producirá en el pleno del Consell que tendrá lugar el próximo martes, ha informado la consellera portavoz.

Cesado al subsecretario de Justicia por una condena por violencia de género en 2011

La consellera de Justicia (Vox) ha sido interrogada por el hecho de que uno de los rostros más visibles de su partido, negociador del acuerdo con el PP para la formación del Gobierno de la Generalitat y actual diputado en el Congreso, Carlos Flores, también fue condenado por violencia psíquica habitual, coacciones, injurias y vejaciones, y se mantiene en un puesto de responsabilidad política (es diputado en el Congreso).

Al respecto, Núñez se ha limitado a apuntar que considera que ha actuado «con coherencia», «en el marco del pacto de Gobierno entre el PP y Vox» y «en el mismo momento en que he tenido conocimiento de esa noticia», si bien no ha revelado cómo ha llegado hasta ella esta información «por prudencia y discreción».

«He recibido la información esta mañana, una información que desconocía» y que ha provocado «una pérdida de confianza total», ha insistido la consellera de Justicia, que ha trasladado la referida información al president de la Generalitat, Carlos Mazón, instando al cese «lo antes posible» del subsecretario.

Luis Manuel Martín Domínguez

Preguntada Ruth Merino por la comparación entre Carlos Flores y este alto cargo cesado hoy, la portavoz del Consell ha señalado que «se ha actuado de forma rápida por tratarse de lo que se trata y por la pérdida de confianza de la persona que le había nombrado. Eso es lo fundamental y lo que ha hecho que obremos con celeridad».

Según consta en la web de la Generalitat Valenciana, el alto cargo destituido es natural de Huelva, tiene 54 años y es licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva. Entre junio de 2021 y julio de 2023 estuvo trabajando en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

El primer cese en el Gobierno valenciano llega a los 3 meses del pacto entre PP y Vox

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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