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Así ha justificado Toni Cantó sus ‘estudios’

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Toni Cantó ha justificado sus estudios reiterando que nunca ha afirmado que se hubiera licenciado en Pedagogía, y a continuación ha pedido al PP que no «frivolice» tratando de comparar su situación con el escándalo del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Además, desde la formación naranja han señalado que Cantó ya ha dado explicaciones suficientes sobre esta cuestión.

Así han reaccionado a las palabras del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que este martes ha exigido al diputado de Cs que dimita como presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara por, según él, haber dicho que tenía el título de pedagogo sin ser verdad, recalcando que su caso es «muchísimo más grave» que el de Cifuentes.

Toni Cantó y sus estudios

«Niego eso. Yo siempre he reconocido que no tenía tal título. Me he dedicado durante muchos años a dar honradamente clases de teatro a centenares de alumnos y bien orgulloso que estoy de ello», ha declarado Cantó en los pasillos del Congreso.

Cuando Cantó era diputado de UPyD, en la ficha que recoge sus datos en la web del Congreso de los Diputados afirmaba que era «actor, productor y director de teatro», y a continuación añadía «pedagogo», mientras que su ficha como diputado de Ciudadanos no incluye esta información.

Ya en 2013, Cantó explicó en una entrevista que no había estudiado la carrera oficial de Magisterio de teatro y que tampoco tenía la de actor, pero que había acudido a talleres de interpretación y, posteriormente, impartido clases de esta materia «en cinco o seis escuelas distintas durante 15 años».

El «ventilador» del PP

El diputado de la formación naranja, que ha acusado al PP de intentar poner en marcha un «ventilador» para alejar la atención del tema del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido a Hernando que «no frivolice».

Según ha manifestado, se trata de «una trama de corrupción, una trama delictiva de la que se ha beneficiado la señora Cristina Cifuentes», que, en la carta que ha enviado al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, «ha empezado por fin a confesar que forma parte de ella».

Acusaciones

En esta misiva, la presidenta autonómica renuncia al máster y pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido por las «condiciones flexibles» que le permitió la URJC para cursarlo.

«Parece ser que nos ha mentido a todos en sede parlamentaria y en ruedas de prensa. Ha enseñado actas falsas y firmas falsas de una universidad pública que el PP ha utilizado para colocar a sus amiguetes, a los cuales luego pedía favores a cambio», ha denunciado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso Melisa Rodríguez ha defendido a Cantó afirmando que ya «ha dado explicaciones» sobre su situación y que estas han sido «bastante extensas».

También ha incidido en que lo que intenta el PP es «tapar con un dedo ese gran sol que es la presunta trama de corrupción» en la URJC y «los presuntos delitos por los cuales la Fiscalía ha abierto una investigación», es decir, «que no se hable de lo que se tiene que hablar».

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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