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Pedro Sánchez acata la resolución adoptada por «la actual mayoría conservadora del Constitucional»

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Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

(OFFICIAL PRESS/EFE) «Serenidad y certeza». Eso es lo que ha pedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la resolución del TC sobre la reforma de su renovación.

«Asistimos a una situación inédita y comprendo la indignación de muchos demócratas. Son hechos sin precedentes en la historia de la democracia de cualquier país del entorno europeo, ahora se precisa serenidad y certeza. El Gobierno acatamos la resolución del Tribunal Constitucional y adoptaremos las medidas precisas para desbloquear la situación del TC y del CGPJ«, ha asegurado.

«El Gobierno acata la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Constitucional y el Gobierno adoptará cuantas medidas sean necesaria para acabar con el bloqueo del Poder Judicial y el Constitucional. En momento de incertidumbre se requiere serenidad y firmeza, para hacer prevalecer la Constitución y la decisión de los ciudadanos», señala Sánchez.

El Tribunal Constitucional (TC) aprobó anoche, gracias a la mayoría conservadora que lo controla, frenar la votación prevista el jueves en el Senado sobre la reforma que afecta a la propia renovación del órgano de garantías, un hecho inédito en la democracia española.

Esta misma mañana se ha reunido la mesa del Senado con carácter extraordinario, en la que se ha reafirmado en el acatamiento de la resolución, ha eliminado del orden del día la votación de la reforma del tribunal y ha anunciado “un recurso de amparo” contra la decisión adoptada ya de noche, por seis votos a cinco.

Patxi López, portavoz del PSOE: «Se trata de jueces impidiendo que legisle el pueblo español»

«Jueces atrincherados en puestos que no le corresponde adoptando decisiones que no le corresponden. Jueces con el mandato caducado decididio su no renovación. No hay precedentes ni en España ni en ningún país democrático. Unos jueces paralizando la legislación por parte del pueblo español. Hay quien quiere conseguir lo que no han conseguido en las urnas mediante los tribunales, por eso no cambian el Poder Judicial… ayer Feijóo llegó a decir que no lo renueva para protegerlo del Gobierno y que hará lo que haga falta para impedir la renovación», afirma López.

Oposición defiende la decisión del Constitucional ante «asalto» del Gobierno

Los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes (PP, Ciudadanos y Vox) han aplaudido la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional ante el «asalto» que pretende acometer el Gobierno y su actitud «dictatorial».

Así lo han afirmado los portavoces adjuntos de estos tres grupos parlamentarios, después de que el Constitucional acordara suspender la tramitación parlamentaria de la reforma del proceso para renovar a los magistrados del tribunal, incluida en la proposición de ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación.

PP

Para el portavoz adjunto del PP José Antonio Rovira, lo que ha hecho el tribunal es «dejar claro que estamos en un estado de derecho con una independencia judicial», y ha señalado que no hay «ningún asalto de ningún tipo» en esa decisión.

«El asalto al Estado es el que pretende hacer Pedro Sánchez», ha afirmado. Y ha señalado que lo único que hace el Constitucional es decir que esa modificación del proceso para renovar a sus miembros «tiene que llevar otra tramitación». Y que «colar de rondón esto no es jurídicamente aceptable».

Ciudadanos

Para la portavoz adjunta de Ciudadanos Mamen Peris, el Tribunal Constitucional «ha hecho lo que debe hacer», es decir, «decidir cuando se le plantea una cuestión». Que, además, puede «afectar y causar un daño, a veces, irreparable».

«Ningún parlamento puede estar por encima de la ley ni mucho menos por encima de la Constitución», ha defendido Peris. Quien ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar «de una manera dictatorial» y ha dicho sentir «vergüenza de que se pretendan modificar, por la puerta de atrás, dos leyes orgánicas claves».

Vox

Desde Vox, el portavoz adjunto José María Llanos ha mostrado su apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional, pues si alguien intenta infringir la ley, sea un particular o sea el legislativo o ejecutivo, este «tiene que actuar».

«Se trata de algo muy serio y el Constitucional ha actuado en consecuencia», ha defendido.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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