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Pedro Sánchez acata la resolución adoptada por «la actual mayoría conservadora del Constitucional»

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Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

(OFFICIAL PRESS/EFE) «Serenidad y certeza». Eso es lo que ha pedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la resolución del TC sobre la reforma de su renovación.

«Asistimos a una situación inédita y comprendo la indignación de muchos demócratas. Son hechos sin precedentes en la historia de la democracia de cualquier país del entorno europeo, ahora se precisa serenidad y certeza. El Gobierno acatamos la resolución del Tribunal Constitucional y adoptaremos las medidas precisas para desbloquear la situación del TC y del CGPJ«, ha asegurado.

«El Gobierno acata la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Constitucional y el Gobierno adoptará cuantas medidas sean necesaria para acabar con el bloqueo del Poder Judicial y el Constitucional. En momento de incertidumbre se requiere serenidad y firmeza, para hacer prevalecer la Constitución y la decisión de los ciudadanos», señala Sánchez.

El Tribunal Constitucional (TC) aprobó anoche, gracias a la mayoría conservadora que lo controla, frenar la votación prevista el jueves en el Senado sobre la reforma que afecta a la propia renovación del órgano de garantías, un hecho inédito en la democracia española.

Esta misma mañana se ha reunido la mesa del Senado con carácter extraordinario, en la que se ha reafirmado en el acatamiento de la resolución, ha eliminado del orden del día la votación de la reforma del tribunal y ha anunciado “un recurso de amparo” contra la decisión adoptada ya de noche, por seis votos a cinco.

Patxi López, portavoz del PSOE: «Se trata de jueces impidiendo que legisle el pueblo español»

«Jueces atrincherados en puestos que no le corresponde adoptando decisiones que no le corresponden. Jueces con el mandato caducado decididio su no renovación. No hay precedentes ni en España ni en ningún país democrático. Unos jueces paralizando la legislación por parte del pueblo español. Hay quien quiere conseguir lo que no han conseguido en las urnas mediante los tribunales, por eso no cambian el Poder Judicial… ayer Feijóo llegó a decir que no lo renueva para protegerlo del Gobierno y que hará lo que haga falta para impedir la renovación», afirma López.

Oposición defiende la decisión del Constitucional ante «asalto» del Gobierno

Los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes (PP, Ciudadanos y Vox) han aplaudido la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional ante el «asalto» que pretende acometer el Gobierno y su actitud «dictatorial».

Así lo han afirmado los portavoces adjuntos de estos tres grupos parlamentarios, después de que el Constitucional acordara suspender la tramitación parlamentaria de la reforma del proceso para renovar a los magistrados del tribunal, incluida en la proposición de ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación.

PP

Para el portavoz adjunto del PP José Antonio Rovira, lo que ha hecho el tribunal es «dejar claro que estamos en un estado de derecho con una independencia judicial», y ha señalado que no hay «ningún asalto de ningún tipo» en esa decisión.

«El asalto al Estado es el que pretende hacer Pedro Sánchez», ha afirmado. Y ha señalado que lo único que hace el Constitucional es decir que esa modificación del proceso para renovar a sus miembros «tiene que llevar otra tramitación». Y que «colar de rondón esto no es jurídicamente aceptable».

Ciudadanos

Para la portavoz adjunta de Ciudadanos Mamen Peris, el Tribunal Constitucional «ha hecho lo que debe hacer», es decir, «decidir cuando se le plantea una cuestión». Que, además, puede «afectar y causar un daño, a veces, irreparable».

«Ningún parlamento puede estar por encima de la ley ni mucho menos por encima de la Constitución», ha defendido Peris. Quien ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar «de una manera dictatorial» y ha dicho sentir «vergüenza de que se pretendan modificar, por la puerta de atrás, dos leyes orgánicas claves».

Vox

Desde Vox, el portavoz adjunto José María Llanos ha mostrado su apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional, pues si alguien intenta infringir la ley, sea un particular o sea el legislativo o ejecutivo, este «tiene que actuar».

«Se trata de algo muy serio y el Constitucional ha actuado en consecuencia», ha defendido.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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