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Pedro Sánchez acata la resolución adoptada por «la actual mayoría conservadora del Constitucional»

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Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

(OFFICIAL PRESS/EFE) «Serenidad y certeza». Eso es lo que ha pedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la resolución del TC sobre la reforma de su renovación.

«Asistimos a una situación inédita y comprendo la indignación de muchos demócratas. Son hechos sin precedentes en la historia de la democracia de cualquier país del entorno europeo, ahora se precisa serenidad y certeza. El Gobierno acatamos la resolución del Tribunal Constitucional y adoptaremos las medidas precisas para desbloquear la situación del TC y del CGPJ«, ha asegurado.

«El Gobierno acata la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Constitucional y el Gobierno adoptará cuantas medidas sean necesaria para acabar con el bloqueo del Poder Judicial y el Constitucional. En momento de incertidumbre se requiere serenidad y firmeza, para hacer prevalecer la Constitución y la decisión de los ciudadanos», señala Sánchez.

El Tribunal Constitucional (TC) aprobó anoche, gracias a la mayoría conservadora que lo controla, frenar la votación prevista el jueves en el Senado sobre la reforma que afecta a la propia renovación del órgano de garantías, un hecho inédito en la democracia española.

Esta misma mañana se ha reunido la mesa del Senado con carácter extraordinario, en la que se ha reafirmado en el acatamiento de la resolución, ha eliminado del orden del día la votación de la reforma del tribunal y ha anunciado “un recurso de amparo” contra la decisión adoptada ya de noche, por seis votos a cinco.

Patxi López, portavoz del PSOE: «Se trata de jueces impidiendo que legisle el pueblo español»

«Jueces atrincherados en puestos que no le corresponde adoptando decisiones que no le corresponden. Jueces con el mandato caducado decididio su no renovación. No hay precedentes ni en España ni en ningún país democrático. Unos jueces paralizando la legislación por parte del pueblo español. Hay quien quiere conseguir lo que no han conseguido en las urnas mediante los tribunales, por eso no cambian el Poder Judicial… ayer Feijóo llegó a decir que no lo renueva para protegerlo del Gobierno y que hará lo que haga falta para impedir la renovación», afirma López.

Oposición defiende la decisión del Constitucional ante «asalto» del Gobierno

Los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes (PP, Ciudadanos y Vox) han aplaudido la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional ante el «asalto» que pretende acometer el Gobierno y su actitud «dictatorial».

Así lo han afirmado los portavoces adjuntos de estos tres grupos parlamentarios, después de que el Constitucional acordara suspender la tramitación parlamentaria de la reforma del proceso para renovar a los magistrados del tribunal, incluida en la proposición de ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación.

PP

Para el portavoz adjunto del PP José Antonio Rovira, lo que ha hecho el tribunal es «dejar claro que estamos en un estado de derecho con una independencia judicial», y ha señalado que no hay «ningún asalto de ningún tipo» en esa decisión.

«El asalto al Estado es el que pretende hacer Pedro Sánchez», ha afirmado. Y ha señalado que lo único que hace el Constitucional es decir que esa modificación del proceso para renovar a sus miembros «tiene que llevar otra tramitación». Y que «colar de rondón esto no es jurídicamente aceptable».

Ciudadanos

Para la portavoz adjunta de Ciudadanos Mamen Peris, el Tribunal Constitucional «ha hecho lo que debe hacer», es decir, «decidir cuando se le plantea una cuestión». Que, además, puede «afectar y causar un daño, a veces, irreparable».

«Ningún parlamento puede estar por encima de la ley ni mucho menos por encima de la Constitución», ha defendido Peris. Quien ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar «de una manera dictatorial» y ha dicho sentir «vergüenza de que se pretendan modificar, por la puerta de atrás, dos leyes orgánicas claves».

Vox

Desde Vox, el portavoz adjunto José María Llanos ha mostrado su apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional, pues si alguien intenta infringir la ley, sea un particular o sea el legislativo o ejecutivo, este «tiene que actuar».

«Se trata de algo muy serio y el Constitucional ha actuado en consecuencia», ha defendido.

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Este es el límite para pagar en efectivo en España

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El límite para pagar efectivo en España viene acompañado de una advertencia de la Agencia Tributaria. Además es el medio de pago más utilizado en España, seguido por la tarjeta y los dispositivos móviles.

¿En qué consiste?

Hace un año que fue aprobada la Ley 11/2021, de 9 de julio como medida de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Esta norma determinó la limitación al uso de efectivo para determinadas operaciones económicas, disminuyendo el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros.

Pero en esta ley hay algunas excepciones que debemos conocer.

Límite para pagar en efectivo en España

Así, el límite varía si el domicilio fiscal está fijado fuera de España, multiplicándose por 10 el límite máximo.

La Ley recoge que no podrán pagarse en efectivo «las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera».

Importe que se eleva hasta los 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.»

¿Cuáles son los medios de pago?

Según explica la Agencia Tributaria, para calcular los importes, se suman todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios, considerando medios de pago:

  • El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
  •  Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
  • Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago a la persona portadora.

Quienes intervengan en las operaciones que no puedan pagarse en efectivo deben conservar los justificantes del pago durante cinco años desde la fecha del pago, para poder acreditar que el pago se realizó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo.

Esta limitación no se aplica a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito ni a las operaciones de cambio de moneda en efectivo realizadas por los establecimientos de cambio de moneda.

Sanciones por superar el límite de pagar en efectivo

El incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo constituye una infracción administrativa grave. Puede ser cometida tanto por las personas o entidades que paguen como por las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida.

La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera).

La sanción consistirá en una multa proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción, contemplando una reducción del 50 por ciento del importe de la sanción si se cumplen determinadas condiciones.

 

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