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Pedro Sánchez acata la resolución adoptada por «la actual mayoría conservadora del Constitucional»

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Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

(OFFICIAL PRESS/EFE) «Serenidad y certeza». Eso es lo que ha pedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la resolución del TC sobre la reforma de su renovación.

«Asistimos a una situación inédita y comprendo la indignación de muchos demócratas. Son hechos sin precedentes en la historia de la democracia de cualquier país del entorno europeo, ahora se precisa serenidad y certeza. El Gobierno acatamos la resolución del Tribunal Constitucional y adoptaremos las medidas precisas para desbloquear la situación del TC y del CGPJ«, ha asegurado.

«El Gobierno acata la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Constitucional y el Gobierno adoptará cuantas medidas sean necesaria para acabar con el bloqueo del Poder Judicial y el Constitucional. En momento de incertidumbre se requiere serenidad y firmeza, para hacer prevalecer la Constitución y la decisión de los ciudadanos», señala Sánchez.

El Tribunal Constitucional (TC) aprobó anoche, gracias a la mayoría conservadora que lo controla, frenar la votación prevista el jueves en el Senado sobre la reforma que afecta a la propia renovación del órgano de garantías, un hecho inédito en la democracia española.

Esta misma mañana se ha reunido la mesa del Senado con carácter extraordinario, en la que se ha reafirmado en el acatamiento de la resolución, ha eliminado del orden del día la votación de la reforma del tribunal y ha anunciado “un recurso de amparo” contra la decisión adoptada ya de noche, por seis votos a cinco.

Patxi López, portavoz del PSOE: «Se trata de jueces impidiendo que legisle el pueblo español»

«Jueces atrincherados en puestos que no le corresponde adoptando decisiones que no le corresponden. Jueces con el mandato caducado decididio su no renovación. No hay precedentes ni en España ni en ningún país democrático. Unos jueces paralizando la legislación por parte del pueblo español. Hay quien quiere conseguir lo que no han conseguido en las urnas mediante los tribunales, por eso no cambian el Poder Judicial… ayer Feijóo llegó a decir que no lo renueva para protegerlo del Gobierno y que hará lo que haga falta para impedir la renovación», afirma López.

Oposición defiende la decisión del Constitucional ante «asalto» del Gobierno

Los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes (PP, Ciudadanos y Vox) han aplaudido la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional ante el «asalto» que pretende acometer el Gobierno y su actitud «dictatorial».

Así lo han afirmado los portavoces adjuntos de estos tres grupos parlamentarios, después de que el Constitucional acordara suspender la tramitación parlamentaria de la reforma del proceso para renovar a los magistrados del tribunal, incluida en la proposición de ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación.

PP

Para el portavoz adjunto del PP José Antonio Rovira, lo que ha hecho el tribunal es «dejar claro que estamos en un estado de derecho con una independencia judicial», y ha señalado que no hay «ningún asalto de ningún tipo» en esa decisión.

«El asalto al Estado es el que pretende hacer Pedro Sánchez», ha afirmado. Y ha señalado que lo único que hace el Constitucional es decir que esa modificación del proceso para renovar a sus miembros «tiene que llevar otra tramitación». Y que «colar de rondón esto no es jurídicamente aceptable».

Ciudadanos

Para la portavoz adjunta de Ciudadanos Mamen Peris, el Tribunal Constitucional «ha hecho lo que debe hacer», es decir, «decidir cuando se le plantea una cuestión». Que, además, puede «afectar y causar un daño, a veces, irreparable».

«Ningún parlamento puede estar por encima de la ley ni mucho menos por encima de la Constitución», ha defendido Peris. Quien ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar «de una manera dictatorial» y ha dicho sentir «vergüenza de que se pretendan modificar, por la puerta de atrás, dos leyes orgánicas claves».

Vox

Desde Vox, el portavoz adjunto José María Llanos ha mostrado su apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional, pues si alguien intenta infringir la ley, sea un particular o sea el legislativo o ejecutivo, este «tiene que actuar».

«Se trata de algo muy serio y el Constitucional ha actuado en consecuencia», ha defendido.

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El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión de voto a la ‘ley de nietos’

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El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por una amplia mayoría el recurso presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del derecho al voto de los españoles nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos que no acrediten ser descendientes de exiliados.

El Pleno ha decidido no admitir a trámite el recurso de amparo, al considerar que la cuestión todavía puede resolverse en el Tribunal Supremo, donde el procedimiento continúa abierto. La decisión mantiene, por el momento, la suspensión del voto para los afectados que residen en el extranjero.

¿Por qué el Constitucional rechaza el recurso?

El Defensor del Pueblo había solicitado que se anularan de forma urgente las resoluciones del Tribunal Supremo y que se permitiera votar en las próximas elecciones generales a los ciudadanos afectados.

Ángel Gabilondo argumentó que la suspensión podía vulnerar derechos fundamentales, entre ellos la igualdad, la participación en los asuntos públicos y la tutela judicial efectiva. También advirtió de que los plazos electorales hacían urgente una respuesta para evitar que los ciudadanos afectados se quedaran sin poder ejercer su derecho al sufragio.

Sin embargo, el Constitucional considera que el recurso es prematuro porque el procedimiento sigue abierto en el Supremo. Los afectados todavía pueden personarse en esa causa y presentar alegaciones para solicitar que se revise la medida cautelar.

¿A quién afecta la suspensión del voto de la ley de nietos?

La medida afecta a ciudadanos españoles residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos, y cuyo acceso a la nacionalidad se habría apoyado en una instrucción administrativa que presumía la condición de exiliados de determinados emigrantes.

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el ejercicio del voto de este grupo al considerar que debía garantizarse la legalidad del censo electoral. La controversia gira en torno a la acreditación de los requisitos exigidos para acogerse a la normativa.

La decisión del Constitucional no resuelve definitivamente el fondo del conflicto. El Tribunal Supremo deberá continuar con el procedimiento y podrá revisar la medida cautelar después de estudiar las alegaciones de los afectados.

Las elecciones generales del 29 de noviembre

La resolución llega a poco más de un mes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo había alertado de que la proximidad de la cita electoral podía dificultar que los ciudadanos afectados recuperasen a tiempo su derecho al voto.

Por ahora, el rechazo del recurso deja vigente la suspensión cautelar para los españoles residentes en el extranjero incluidos en la medida. La situación definitiva dependerá de los próximos pasos judiciales y de la resolución que adopte el Tribunal Supremo.

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