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Rajoy declarará como testigo en el juicio de la trama Gürtel

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El tribunal que juzga la trama Gürtel ha citado a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, para que certifique si existió una caja B en el Partido Popular durante su etapa de secretario general y como director en varias campañas electorales que se investigan en la citada causa.

La petición, realizada por la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha prosperado en su tercer intento, y todo ello pese a la oposición tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, el abogado del PP y varios letrados de la defensa. «Por mayoría la Sala considera esta prueba admisible», ha señalado el presidente del tribunal, Angel Hurtado.

La fiscal Concepción Nicolás se ha mostrado contraria a la petición de que declare Rajoy como testigo al considerarlo de «inútil e innecesario» ya que «nada ha cambiado» respecto al pasado mes de octubre, cuando se rechazó que testificara el presidente del Gobierno al inicio del juicio. Es más, la fiscal asegura que citar a Rajoy en estos momentos del juicio sería «redundante» porque los hechos que la acusación particular pretende que se confirmen con el testimonio del presidente del Gobierno, como es la existencia de una caja B en el PP que podría haber beneficiado a alguno de los acusados ya ha sido suficientemente acreditada por otras pruebas o documentos.

También el abogado del Estado ha señalado que esta declaración es «inútil y redundante» y que no han cambiado las circunstancias, ni han aparecido nuevos elementos que sustenten la petición de ADADE.

A ellos se han unido varios abogados que llevan las defensas de los enjuiciados en esta pieza de ‘Gürtel’ y el abogado del PP, que ha destacado la «improcedencia» de la diligencia, que consideran que sería «perturbadora» y contribuiría al «circo mediático».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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