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Rajoy declarará como testigo en el juicio de la trama Gürtel

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El tribunal que juzga la trama Gürtel ha citado a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, para que certifique si existió una caja B en el Partido Popular durante su etapa de secretario general y como director en varias campañas electorales que se investigan en la citada causa.

La petición, realizada por la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha prosperado en su tercer intento, y todo ello pese a la oposición tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, el abogado del PP y varios letrados de la defensa. «Por mayoría la Sala considera esta prueba admisible», ha señalado el presidente del tribunal, Angel Hurtado.

La fiscal Concepción Nicolás se ha mostrado contraria a la petición de que declare Rajoy como testigo al considerarlo de «inútil e innecesario» ya que «nada ha cambiado» respecto al pasado mes de octubre, cuando se rechazó que testificara el presidente del Gobierno al inicio del juicio. Es más, la fiscal asegura que citar a Rajoy en estos momentos del juicio sería «redundante» porque los hechos que la acusación particular pretende que se confirmen con el testimonio del presidente del Gobierno, como es la existencia de una caja B en el PP que podría haber beneficiado a alguno de los acusados ya ha sido suficientemente acreditada por otras pruebas o documentos.

También el abogado del Estado ha señalado que esta declaración es «inútil y redundante» y que no han cambiado las circunstancias, ni han aparecido nuevos elementos que sustenten la petición de ADADE.

A ellos se han unido varios abogados que llevan las defensas de los enjuiciados en esta pieza de ‘Gürtel’ y el abogado del PP, que ha destacado la «improcedencia» de la diligencia, que consideran que sería «perturbadora» y contribuiría al «circo mediático».

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El DAO José Ángel González Jiménez dimite tras ser acusado de violación: de pacificador de la Policía a hombre de confianza de Marlaska

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El comisario principal José Ángel González Jiménez, conocido como ‘Jota’, de 66 años y natural de Aguilar del Río Alhama, ha dimitido como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual por una subordinada, en un caso que ha sacudido a la institución y a la opinión pública.

Trayectoria del DAO: de pacificador a figura de confianza

González Jiménez llegó a la DAO en 2018 en un momento convulso para la Policía Nacional, tras escándalos como la ‘policía patriótica’ o el caso Villarejo. Su perfil discreto y profesional le permitió recuperar la normalidad en la operativa policial y mejorar la imagen de la institución, especialmente en tareas de seguridad ciudadana y gestión de crisis.

Entre sus logros destacan la coordinación con los Mossos d’Esquadra tras los altercados por la sentencia del procés y su papel en el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, gestionando los confinamientos durante la pandemia, lo que le convirtió en rostro familiar para los ciudadanos en ruedas de prensa junto a Fernando Simón y responsables de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Renovación legal para mantenerse en el cargo

En diciembre de 2024, al cumplir los 65 años, González Jiménez debía jubilarse. Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, promovió un cambio legal que le permitió seguir en el puesto, mostrando plena confianza en él, aunque generando tensiones internas entre otros altos mandos que sí debieron retirarse a esa edad.

Fuentes cercanas al DAO indican que “desde hace un año no era el mismo, se notaba que algo le pasaba”, y lamentan que no hubiera dimitido antes de que estallara el escándalo que ahora marca su destino profesional y personal.

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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